En un operativo encabezado por el Ministerio de Seguridad de Argentina, la justicia ordenó el allanamiento de 14 domicilios vinculados a movimientos sociales acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el juez Ariel Lijo lideraron la investigación, que ha puesto en la mira a organizaciones como CTD Aníbal Verón, Movimiento Evita, Néstor Kirchner, Movimiento Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores LTDA, Barrios de Pie, Evita Pueblo, Confluencia Popular y el Movimiento Territorial de Liberación (MTL).

El operativo, realizado por la Policía Federal Argentina (PFA), permitió la identificación de 16 personas y la incautación de teléfonos celulares y una gran cantidad de documentos. Esta investigación comenzó en abril, cuando el juez Lijo recibió denuncias a través de la línea 134 sobre presuntos delitos cometidos por estas organizaciones contra beneficiarios de ayudas sociales del Estado, quienes eran coaccionados para participar en marchas.

Los allanamientos lograron localizar algunos de los centros sociales involucrados y obtener pruebas importantes, incluyendo documentación relacionada con cooperativas y hojas de asistencia a diversas movilizaciones. Este avance en la investigación marca un paso significativo en la lucha contra la extorsión en el ámbito de los movimientos sociales en Argentina.

La medida busca proteger a los ciudadanos beneficiarios de los planes sociales y garantizar que no sean víctimas de coerción por parte de las organizaciones que deben velar por su bienestar. El Ministerio de Seguridad continuará trabajando para desarticular prácticas extorsivas y garantizar la transparencia en la distribución de ayudas sociales.