Estatales: Quintela confirmó el adelanto del tercer aumento salarial

El gobernador Ricardo Quintela confirmó este viernes el adelanto del tercer aumento salarial para los empleados estatales que originalmente se iba a percibir en agosto y que ahora se cobrará en julio.

Tras reunirse con representantes de los gremios del sector, el mandatario anunció el adelanto de la mejora y a la vez brindó detalles sobre cómo estará compuesto la suba salarial.

El tercer tramo del incremento salarial a los estatales combinará una suma fija de 4.000 pesos (se aplicará sobre la quincenita) más un porcentual que totalizarán una suba que rondará entre un 12% y un 15%, según las categorías del escalafón de la Administración Pública. Al tener una suma fija, el aumento será porcentualmente mayor para los empleados de las categorías más bajas.

La mayor novedad del aumento está dada en que los 4.000 pesos de la quincenita, incorporada en el gobierno Luis Beder Herrera, y que se empezarán a cobrar no con la quincenita de julio sino con la de junio, es decir, se abonará la semana próxima. Así, la quincenita pasará de los actuales 10.500 pesos a 14.500 pesos.

Con esta mejora, el salario mínimo estatal acumulará un aumento del 41% en lo que va del año, según LaRioja/12.

«Se decidió adelantar el aumento que estaba previsto para cobrar en agosto para que sea percibido en julio. Se va a cobrar la quincenita con aumento la próxima semana y en los primeros días de julio se va a cobrar el sueldo con el incremento correspondiente», anunció el Gobernador.

Quintela dijo que el tercer tramo del aumento se adelantó «para atenuar el impacto de la inflación en los bolsillos de los trabajadores y garantizar seguir por encima del proceso inflacionario en términos porcentuales». «En el peor de los casos, los salarios se ubican en 3 o 4 puntos por encima del proceso inflacionario», remarcó.

A su vez, el mandatario dijo que el Gobierno provincial «está procurando que la gente no pierda su poder adquisitivo y que paulatinamente podamos ir ganándole a la inflación, confiamos que vamos a lograr este objetivo y tenemos esperanza que la inflación comience a decrecer”.

Por otro lado, el Gobernador informó también que el personal contratado, pasantes y becados -es decir trabajadores que no son de planta- cobrarán 3.000 pesos de aumento.

Derogación del Decreto Cavero

Además de los anuncios salariales, Quintela firmó la derogación del Decreto Cavero, una norma muy cuestionada por los gremios estatales.

Fue dictado en de diciembre de 1988 por el entonces vicegobernador Alberto Gregorio Cavero, a cargo del Ejecutivo, ya que Carlos Saúl Menem ejercía su primer mandato como presidente de la Nación

Por este decreto se descontaba el día a quienes no concurrían a trabajar por plegarse a una huelga. «Día no trabajado, día no pagado», era el lema con el que se identificaba a este decreto. La medida era históricamente cuestionada por casi todo el arco sindical de la provincia por considerar que la norma atentaba contra el derecho constitucional de huelga.

«Vamos a derogar el Decreto Cavero. Somos un gobierno abierto, queremos tener conversaciones con todos los gremios y sectores de la sociedad que requieran una respuesta del Gobierno de la provincia», señaló.

Quintela dijo que con la derogación de este decreto, el Gobierno busca «ordenar las cosas y a garantizar el respeto hacia el ciudadano y del ciudadano hacia las autoridades constituidas». «La derogación del Decreto Cavero no significa que a partir de ahora cualquiera puede hacer lo que quiera. Se van a aplicar las normas legales vigentes, las protestas tienen que hacerse como corresponde, sin alterar ni vulnerar los derechos de los ciudadanos y encausadas en la representación legítima que tienen los distintos representantes gremiales y cualquier problema que tengan lo tienen que discutir adentro las organizaciones sindicales de las que son afiliados», indicó.

El Gobernador advirtió que al empleado que no vaya a trabajar por adherirse a una huelga se le va a aplicar lo que establecen las leyes laborales vigentes y la ley 3870, la norma que rige la actividad en la Administración Pública. «Queremos reglas del juego claras, transparentes y honestas y que cada uno cumpla con su responsabilidad», aseguró.