Menem le abrió la puerta a una candidatura de Cristina

Cristina Fernández de Kirchner sostiene que su sentencia ya “está escrita” en el llamado “caso Vialidad Nacional”. Sus seguidores sostienen que es para proscribirla en el proceso electoral del año que viene. Las leyes y la jurisprudencia muestran que eso es imposible, en especial a partir de la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la candidatura de Carlos Menem, que nunca cumplió con la condena por el tráfico de armas por tener fueros como senador.

Menem es el único presidente desde la restauración democrática que fue condenado por la Justicia y Cristina podría ser la segunda.

Lo que dice la ley orgánica de partidos políticos 23.298 en su artículo 33 es que no pueden ser candidatos “los excluidos del padrón electoral como consecuencia de disposiciones legales vigentes”. Por ello, hay que ir al Código Nacional Electoral, que establece en el inciso “e” del artículo 3 que están excluidos del padrón “los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad, y por sentencia ejecutoriada, por el término de la condena”.

Esas normas legales le impidieron a Raúl “Tato” Romero Feris asumir como senador nacional en 2003. El exintendente y exgobernador de Corrientes tenía dos condenas por hechos de corrupción. En una de ellas, estuvo detenido.

Romero Feris fue habilitado como candidato a senador y obtuvo una banca por Corrientes en los comicios de 2003. Pero, un día antes de asumir, la Cámara Nacional Electoral se lo impidió. El argumento era que su nominación no debería haber sido habilitada porque no reunía “la condición de idoneidad suficiente para ser candidato”.

Pero todo se modificó en 2017. El expresidente Menem venía de cumplir dos mandatos como senador nacional por La Rioja (2005-2011, 2011-2017) y buscaba el tercero. Pero, en 2013, había sido condenado a siete años de prisión e inhabilitado por 16 años a ocupar cargos públicos por el tráfico ilegal de armas a Croacia y a Ecuador. No iba a la cárcel porque tenía fueros parlamentarios.

Con 87 años, Menem se presentó a un nuevo mandato como senador. La nominación fue impugnada por Izquierda al Frente. La Justicia federal electoral rechazó el planteo, pero, ante una apelación, la Cámara Nacional Electoral impugnó la candidatura del expresidente condenado.

Ante el planteo de que la condena no estaba firme, la Cámara Electoral sostuvo: “Dichas condenas gozan de la presunción de certeza y legitimidad que les asisten como tales en virtud de haber sido dictadas por un tribunal competente, conforme a derecho y con todas las garantías del debido proceso legal”. Pero, en el acto, la Corte Suprema salió en auxilio del expresidente. Anuló el fallo de la Corte y sentó jurisprudencia que, para inhabilitar una candidatura, la condena debe estar firme.

“Poco tuvo en cuenta los cambios jurisprudenciales operados en lo que respecta al alcance de las garantías que rodean al proceso penal, en especial el derecho a la revisión de las sentencias condenatorias “, explicaron Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Elena Highton y Carlos Rosenkrantz.

Largos años

¿Cuánto tiempo pasa para que una sentencia por corrupción quede firme? Analicemos nada más los casos citados. Romero Feris fue condenado en 2002 y la sentencia quedó firme en 2007. Menem fue condenado en 2013, pero la Corte nunca trató su caso y, ante la dilación, en 2018, la Cámara de Casación dictó el sobreseimiento por prescripción. En Córdoba, el caso más conocido es el del exintendente Germán Kammerath, condenado en 2015, pero que la Corte recién dejó firme la sentencia en 2021.

Por ende, para una hipotética inhabilitación de Cristina Fernández de Kirchner, debería ocurrir una serie de supuestos de casi imposible cumplimiento antes de las elecciones de 2023: que sea condenada (el tribunal podría fallar recién a fin de año en la causa Vialidad), que la sentencia quede firme (la Corte no demora menos de cinco años en analizar esos casos) y que esté cumpliendo de manera efectiva la condena.

Acá surge otro tema. La vicepresidenta llegaría a la elección de 2023 con fueros, ya que es políticamente inviable hoy un eventual desafuero. Por ende, podría ser candidata y renovar fueros en caso de ganar una banca en el Congreso o la presidencia en ese proceso electoral. Es decir que, para que una persona sea inhabilitada como candidata, tienen que conjugarse varios factores: por un lado, que la persona tenga una condena; en segundo lugar, que esa condena esté firme; en tercer lugar, que la condena sea por un delito con pena privativa de la libertad, es decir, que sea superior a tres años; y, por último, que la condena esté en ejecución, es decir, que, una vez cumplida, la persona recupera el derecho a ser candidato. (La Voz)