A pesar de que La Rioja no se encuentra entre las principales provincias con desarrollo de este mineral, la aprobación de la norma generó rechazos de asociaciones empresarias, alerta de otras provincias mineras y, sobre todo, reavivó un debate pendiente en torno a la gestión de este recurso estratégico para el desarrollo económico de la Argentina.
Son apenas siete artículos los que componen la ley que fue impulsada por el poder ejecutivo provincial al mando de Ricardo Quintela, pero con el significante suficiente para repensar en cómo se va a administrar un recurso que generó 700 millones de dólares de exportaciones durante 2022 y prevé inversiones por 5.000 millones de dólares en los próximos años.
La Ley provincial 10.608 declara al litio como recurso natural estratégico «por sus contribuciones a la transición energética y aportes al desarrollo socioeconómico de la provincia» y proclama de interés público provincial el estudio, la exploración, explotación e industrialización del litio y sus derivados.
Los artículos tres y cuatro fueron los que hicieron tronar a las entidades empresarias. El tercero suspende por 120 días los permisos de cateo, prospección, exploración y concesiones mineras relacionadas al litio en toda la provincia, y le da al poder ejecutivo la potestad de prorrogar ese mismo plazo por única vez.
El cuarto establece que, en los territorios que el ejecutivo determine como zonas de interés, «quedarán caducos los permisos que se hubiesen otorgado por la autoridad minera», y las mismas deberán realizarse con participación de Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE), una empresa pública estatal de La Rioja para el desarrollo de la actividad minera y energía en la provincia.
La página de Eduardo German 