La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social estableció que 1.060 beneficiarios de los planes Potenciar Trabajo cobraban como empleados públicos en La Rioja.
Así quedó plasmado en la investigación preliminar que fue enviada a los fiscales federales de turno de diez provincias y por ello, se solicitó la “suspensión y/o baja de planes sociales”, en el marco de la investigación preliminar que instruye caratulada como “Caso Coirón Nro. 234746/2023″
El listado involucra a las siguientes provincias y beneficiarios que, a la vez, son empleados públicos: Tucumán con 1.145 empleados provinciales que cobran el Potenciar Trabajo; La Rioja 1.060 -divididos en 303 de planta permanente y 757 contratados-; Jujuy 652; Corrientes 518; Salta 434; Río Negro 198; Córdoba 194; Formosa 180; y Santa Cruz 128.
La denuncia sobre incompatibilidades, que generaban una erogación anual superior a los siete mil millones de pesos, fue realizada por el fiscal federal Guillermo Marijuan.
En ese marco, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, prepara una resolución para dar de baja a los 8.538 empleados públicos de diez provincias que cobran, a la vez, el Potenciar Trabajo, una violación a la norma del mayor programa social que estaba bajo la órbita del ex Ministerio de Desarrollo Social y que era administrado por el líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico durante los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández.
Uno de los ejemplos tomados por la fiscalía federal fue la provincia de Jujuy, que con sus 652 incompatibilidades el gobierno de Alberto Fernández “destinaba en este caso, tal como se pone en evidencia en la descripción de los hechos, los beneficiarios involucrados ocultaron su condición de empleados del Gobierno de la Provincia de Jujuy, ya sea al momento de la solicitud del plan o durante la vigencia del mismo, a fin de acceder o mantener indebidamente el cobro del Programa Potenciar Trabajo”, describe la fiscalía.
Al respecto, resalta que: “A través de la maniobra desplegada se provocó un error en el entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que, creyendo que se encontraban cumplidos los requisitos exigidos por la normativa, otorgó los beneficios solicitados o mantuvo la vigencia de los ya vigentes, generándose así un desprendimiento de fondos indebido que asciende a la suma aproximada de $50.800.000 mensuales”. Esto es $609.600.000 anuales.
La provincia de Buenos Aires es además un caso particular. La decisión del reelecto gobernador Axel Kicillof, fue que cada uno de sus ministros cumpla con la manda judicial. Pero lo hacen de manera lenta. Hasta ahora lo hicieron el Ministerio de Seguridad, 809; Cultura y Educación, 858 y Jefatura de Gabinete, 576. Solo en esa tres áreas ya se identificaron 2.243 personas que cobran el Potenciar Trabajo y son, a la vez empleados públicos, según publicó Infobae.
Hasta ahora 14 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no respondieron los requerimientos de la justicia a pesar de las dos intimaciones que recibieron por parte del fiscal Marijuan.
Se trata de CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, Mendosa, Misiones, Neuquén, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Como se explicó, la provincia de Buenos Aires respondió de manera parcial.
El presupuesto mensual derivado a los 8.535 empleados de las 10 provincias que hasta el momento aportaron los datos asciende a $650.000.000 mensuales, esto es más de $7.800.000.000 anuales sin contar con el aguinaldo.
Pasados al dólar oficial el Gobierno habría destinado casi nueve millones y medios de dólares anuales a beneficiarios de manera irregular.
