Nadina Reynoso, legisladora riojana, alzó su voz y su voto en la Legislatura provincial en contra de la polémica exención de impuestos provinciales a las empresas estatales de energía y agua, Edelar y Aguas de La Rioja. La diputada exige transparencia y que los beneficios de esta medida se vean reflejados en las facturas de los riojanos.
La Rioja se encuentra en el centro de una nueva controversia política tras la aprobación de una ley que libera de impuestos provinciales a dos de las empresas de servicios públicos más importantes: Edelar (energía) y Aguas de La Rioja. Sin embargo, la diputada provincial Nadina Reynoso no se mantuvo al margen y expresó su rotundo rechazo a esta medida, exigiendo explicaciones claras y un impacto tangible en la economía de los ciudadanos.
Reynoso manifestó su preocupación por la falta de información detallada sobre el impacto fiscal de esta exención. «No se explicó cuánto dejará de percibir el Estado Provincial, ni tampoco cómo van a ser utilizadas esas sumas de dinero por parte de Edelar y Aguas de La Rioja», sentenció la legisladora en sus declaraciones, destacando la opacidad que rodea la decisión.
La diputada hizo hincapié en que si el objetivo de esta medida es beneficiar a la población, los usuarios deberían ver una reducción directa en sus boletas de luz y agua. «La gente debe saber de esto y debe ver, en la factura, el beneficio de esta quita de impuestos», afirmó, instando a una mayor responsabilidad por parte de las empresas y el gobierno.
Además, Nadina Reynoso adelantó que su bloque continuará investigando y monitoreando de cerca la situación. «Vamos a seguir investigando qué sucede con los fondos que ya no se pagan en impuestos», aseguró, subrayando su compromiso con la fiscalización de los recursos públicos. La legisladora concluyó reafirmando su compromiso con los riojanos: «Mi compromiso con la gente de La Rioja es seguir informando, generar conciencia, buscar transparencia, controlar al Poder Ejecutivo y ser respetuosos de las instituciones».
La postura de Reynoso abre un nuevo capítulo en el debate sobre la gestión de los servicios públicos en La Rioja, poniendo el foco en la necesidad de transparencia y en el impacto real de las decisiones políticas en el bolsillo de los ciudadanos.
