Un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) critica las «bajas incorrectas» y la ineficiencia del sistema. Denuncian maltrato a los beneficiarios y la falta de controles, mientras persisten desigualdades abismales entre provincias. La Rioja, entre las más afectadas.
Un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) reveló graves falencias en la gestión de las pensiones por invalidez en el país. El estudio, que pone el foco en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), alerta sobre la «desidia administrativa» que se suma a la controversia por denuncias de corrupción. El documento destaca la disparidad entre las provincias, donde Chaco, por ejemplo, tiene 11 veces más pensiones por invalidez que la Ciudad de Buenos Aires.
El informe, que analizó la auditoría masiva de ANDIS, subraya que, a pesar de los intentos por corregir la situación, las personas con discapacidad sufrieron un trato «inhumano y vergonzoso». El estudio señala que se suspendieron beneficios a personas con «visibles manifestaciones incapacitantes» y que los trámites burocráticos se volvieron «engorrosos e irrazonables».
Desigualdades y falencias en el sistema
IDESA sostiene que la distribución de las pensiones no contributivas por invalidez es “muy desigual” en el país. Mientras que en CABA hay 8 pensiones por cada 1.000 habitantes, en provincias del norte como Chaco se registran 86, casi 11 veces más.
El informe señala que en provincias del norte y noroeste, incluyendo La Rioja, hay más pensiones por invalidez que Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), un dato que levanta sospechas sobre la correcta asignación de los beneficios. También menciona a Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, Misiones y Corrientes con números que no cierran.
Gestión deficiente y corrupción
El estudio de IDESA remarca que el problema no es solo financiero. “La metáfora de la motosierra es muy eficaz para atacar los déficits financieros, pero no menos importante es atacar los déficits de gestión”, sostiene el documento.
Según el informe, la ANDIS implementó la auditoría con “instrumentos muy rudimentarios”, enviando citaciones masivas sin un criterio estratégico, lo que derivó en un maltrato generalizado. El centro de estudios concluye que la solución requiere de una «política pública integral» que combine el control fiscal, la transparencia y una gestión eficiente para evitar la corrupción y garantizar la atención adecuada a los beneficiarios.
