Debate por la edad de imputabilidad: Sergio Casas apuntó contra la reforma y pidió «Justicia Social» para frenar la violencia
El diputado nacional por La Rioja rechazó el proyecto de baja de la edad penal al considerarlo «marketing punitivo»; advirtió que la exclusión y el narcotráfico son las causas estructurales que el Estado debe atender.
El debate sobre la reforma del Régimen Penal Juvenil sumó un nuevo capítulo de tensión política. A través de sus redes sociales, el diputado nacional y exgobernador de La Rioja, Sergio Casas, manifestó su firme rechazo a la iniciativa de bajar la edad de imputabilidad, alineándose con las posturas de diversos organismos internacionales y sectores de la Iglesia que cuestionan la eficacia de la medida.
Para el legislador riojano, el foco de la discusión está desplazado de la raíz del conflicto. «La seguridad verdadera nace de la Justicia Social», sentenció Casas, quien sostuvo que el incremento de las penas sobre los sectores más vulnerables no representa una solución real frente al avance de la inseguridad.
El rechazo de los organismos técnicos
En su argumentación, el diputado rescató las advertencias realizadas por entidades como UNICEF, la Sociedad Argentina de Pediatría y la Defensoría General de la Nación. Según el exmandatario, estas instituciones han sido «contundentes» al señalar que la baja de la edad penal no solo no reduce los índices de violencia, sino que puede profundizarlos al insertar a adolescentes en dispositivos que no están diseñados para su desarrollo.
«Nuestros adolescentes son sujetos en desarrollo, no enemigos sociales», remarcó Casas, diferenciándose del discurso de «mano dura» que impulsa el oficialismo nacional en los principales centros urbanos del país.
Críticas al «marketing punitivo»
En un contexto donde la agenda de seguridad domina el debate público, Casas calificó la reforma como una maniobra de «marketing punitivo». El legislador puntualizó que el problema real es estructural y se manifiesta en:
- La exclusión sostenida en los barrios periféricos.
- El avance del narcotráfico ante la ausencia de contención estatal.
- Las deficiencias en el sistema de educación y salud mental.
Desde su perspectiva, la falta de inversión social y de dispositivos serios de prevención convierte a la baja de imputabilidad en una medida de corto plazo que ignora la complejidad del tejido social actual. «Elegimos la comunidad organizada que los reconoce como esperanza», concluyó, haciendo un llamado a fortalecer la presencia del Estado en lugar de ampliar el castigo.
