El secretario de la Gobernación sostuvo que solo el mandatario provincial toma decisiones de Estado y señaló que la intervención del diputado nacional es «oficiosa». Además, denunció un déficit mensual de $47 mil millones desde Nación y exigió condiciones ambientales no negociables para Vicuña.

En un mensaje directo dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Herrera blindó al gobernador Ricardo Quintela como único responsable de las decisiones políticas en La Rioja, rechazando implícitamente los méritos que Martín Menem se atribuyó en el destrabe del conflicto con la empresa minera Vicuña. La respuesta del secretario de la Gobernación marca una línea clara de autoridad en momentos en que la provincia se prepara para una reunión decisiva con los operadores del proyecto Josemaría, paralizado parcialmente por desacuerdos sobre logística y compromisos laborales.

En declaraciones a Radio La Red, Herrera fue categórico: «Quien toma las decisiones en este gobierno es el Gobernador. Todos los demás actores pueden tener buena voluntad o ser oficiosos, pero la política de Estado la define Quintela». La frase, que puede interpretarse como un desplante al diputado nacional que había afirmado haber «destrabado personalmente» la negociación, expone las tensiones internas en la coalición gobernante entre funcionarios provinciales y actores nacionales de La Libertad Avanza.

Aunque Herrera reconoció que existieron conversaciones con Menem, atribuyó el trabajo operativo al ministro provincial de Industria, Federico Bazán, quien actuaría bajo instrucciones directas del gobernador tras diálogos previos con su par de Catamarca. Esta aclaración subraya que La Rioja reclama protagonismo en las negociaciones sobre un proyecto que, según la provincia, desarrolla el 80 por ciento de su infraestructura dentro del territorio provincial.

Las condiciones que La Rioja no negocia

El secretario de la Gobernación, originario de Chilecito, fue explícito respecto de las exigencias que la provincia no está dispuesta a ceder. «No podemos estar ausentes», afirmó, refiriéndose a la magnitud territorial del proyecto. La provincia reclama dos condiciones específicas: la contratación de mano de obra riojana prometida por Vicuña desde 2020 y la construcción del bypass vial en Guandacol, una obra que evitaría el impacto ambiental directo sobre las rutas provinciales.

El énfasis en estos compromisos refleja una lección que Herrera vinculó directamente con la experiencia de Famatina, el proyecto minero que décadas atrás dividió a La Rioja entre expectativas económicas y pasivos ambientales no resueltos. «Cuidemos los intereses socioeconómicos y ambientales. No puede ser que la minería venga, haga lo que tenga que hacer y deje solo un pasivo ambiental importante. Queremos que La Rioja sea protagonista», enfatizó, en una formulación que captura la tensión de una provincia que requiere inversión pero resguarda su futuro ecológico.

La deuda de Nación y el silencio sobre Menem

Cuando se le consultó sobre las críticas de Menem a la proyección nacional de Quintela —quien lidera la alianza «Federales Somos Todos» como potencial candidato presidencial para 2027—, Herrera calificó las expresiones del diputado como «desafortunadas» pero desplazó el debate hacia un terreno económico más inmediato.

Allí soltó una cifra que sintetiza el drama fiscal provincial: Nación le debe a La Rioja 47 mil millones de pesos mensuales, un monto que Herrera amplificó en términos acumulativos («entre 1.200 y 1.400 millones de dólares») y que vinculó directamente con la incapacidad estatal de otorgar aumentos salariales mayores y con la imposibilidad de amortiguar la escalada de tarifas de servicios. «Me encantaría sentarme con Martín Menem a ver cómo ayudamos a La Rioja para que los sueldos sean mejores. Imaginen lo que haríamos con esos 47 mil millones mensuales», planteó, en un tono que mezcla el sarcasmo con una acusación de abandono.

La declaración reposiciona el conflicto: más allá de las tensiones entre actores nacionales, La Rioja reclama recursos que Milei ha recortado y que, según Herrera, son la causa material de la crisis provincial. En ese contexto, la negociación con Vicuña no es solo un desafío operativo, sino una apuesta a que la inversión minera compense parcialmente lo que Nación dejó de transferir.

La reunión de hoy a las 12:00 entre Quintela y el representante de Vicuña en Argentina podría esclarecer si esa apuesta tendrá viabilidad. Mientras tanto, Herrera subraya que el Gobierno provincial cierra áreas y reestructura gastos ante el recorte de fondos nacionales, una reestructuración que, para la provincia, no es una opción administrativa sino una obligación impuesta desde Buenos Aires.