La Legislatura riojana aprobó y el gobernador promulgó la Ley 10.876, que ratifica el rechazo a la norma de la dictadura de Onganía sobre los límites provinciales, instruye a iniciar acciones judiciales y crea una comisión permanente para sostener el reclamo territorial.

Ricardo Quintela decidió escalar el conflicto limítrofe con San Juan y darle rango de política de Estado. Con la promulgación de la Ley Provincial 10.876, el Gobierno de La Rioja ratificó el rechazo histórico a la modificación de los límites establecida durante la dictadura de Juan Carlos Onganía y habilitó una estrategia institucional que combina acciones políticas, legislativas y judiciales para recuperar el territorio que considera propio.

La norma, sancionada por la Cámara de Diputados el 18 de junio y promulgada el 3 de julio mediante el Decreto 1.071, reafirma la vigencia de la Ley Provincial 3.468 de 1974, que había rechazado el acuerdo firmado en 1968 entre los interventores militares de La Rioja y San Juan.

El punto de mayor impacto político es que la provincia declara el «rechazo absoluto» a la validez y constitucionalidad de la Ley Nacional de facto 18.004, al sostener que fue dictada durante un gobierno militar y que lesionó la autonomía provincial y sus derechos territoriales.

La legislación también faculta al Poder Ejecutivo a iniciar de inmediato todas las gestiones necesarias ante el Congreso de la Nación para reclamar la consolidación definitiva de los límites históricos de La Rioja e insta a los legisladores nacionales por la provincia a impulsar las iniciativas correspondientes.

Pero el frente judicial es el que aparece como el eje de la estrategia de Quintela. La ley instruye expresamente a la Fiscalía de Estado para presentar las acciones que correspondan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y solicitar medidas cautelares, de no innovar o de tutela anticipada con el objetivo de impedir cualquier acto de explotación o disposición sobre los recursos naturales existentes en la zona en disputa.

El texto menciona de manera específica la protección de los recursos mineros, hídricos y arqueológicos, un punto que adquiere relevancia por el potencial cuprífero de la región y por los proyectos de inversión impulsados en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que La Rioja decidió no adherir.

En paralelo, la Legislatura creó una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial, integrada por siete diputados y con participación permanente de especialistas en historia, cartografía, geografía, minería, Fiscalía de Estado y Asesoría General de Gobierno.

Ese cuerpo tendrá la misión de reunir antecedentes históricos y jurídicos, monitorear las acciones del Ejecutivo, coordinar el trabajo con los legisladores nacionales y emitir informes periódicos sobre el avance del reclamo.

La sanción de la Ley 10.876 consolida el giro político que impulsó Quintela en las últimas semanas. El gobernador transformó un diferendo histórico con San Juan en uno de los ejes de su agenda institucional y nacional, al vincular la disputa territorial con la defensa de los recursos estratégicos de la provincia y con un planteo de fuerte contenido federal frente a la Nación.

El Boletín Oficial