La Rioja figura entre las provincias más golpeadas por la baja de los envíos automáticos de la Nación, pero el gobernador anunció una mejora salarial y mantiene el pago de la deuda en dólares. La decisión alimenta el argumento libertario sobre la autonomía financiera provincial y coincide con la afirmación de Martín Menem de que sólo la mitad de la coparticipación se destina a salarios.

Ricardo Quintela volvió a quedar en el centro de la discusión sobre el financiamiento de las provincias. En medio del ajuste fiscal impulsado por Javier Milei, de la caída de la coparticipación y de la eliminación de las transferencias discrecionales, el gobernador anunció un aumento salarial del 15% para los empleados públicos y mantiene el cumplimiento de los vencimientos de la deuda emitida en dólares.

La decisión abre un interrogante político que hasta ahora había sido patrimonio exclusivo de la Casa Rosada: si La Rioja puede otorgar un incremento salarial de esa magnitud y, al mismo tiempo, seguir pagando deuda en moneda extranjera sin asistencia extraordinaria de la Nación, ¿termina Quintela fortaleciendo el argumento de Milei de que las provincias pueden sostenerse con los recursos de la coparticipación?

Los números muestran que el contexto financiero está lejos de ser favorable. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en junio las transferencias automáticas a las provincias cayeron un 4,1% en términos reales, mientras que en el acumulado del primer semestre retrocedieron un 2,8%. 

En el caso de La Rioja, la provincia recibió $132.836 millones durante junio, con una caída real del 4,8%, ubicándose entre las jurisdicciones más afectadas por la baja de recursos nacionales.

El mismo informe agrega otro dato sensible: La Rioja aparece entre las tres provincias que más recursos perdieron por habitante, tanto en junio como en el acumulado de los primeros seis meses del año, junto con Formosa y Tierra del Fuego. 

Sin embargo, lejos de anunciar un ajuste del gasto, Quintela resolvió incrementar los salarios estatales un 15%, una decisión que el Gobierno provincial presenta como una política para sostener el poder adquisitivo frente a la inflación. A esa medida se suma el mantenimiento de los pagos correspondientes al bono internacional emitido por la provincia, una obligación financiera que continúa absorbiendo recursos del Tesoro riojano.

La decisión también vuelve a poner sobre la mesa el debate planteado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien sostiene que La Rioja destina apenas el 50% de los fondos que recibe por coparticipación al pago de salarios, rechazando el argumento oficial de que la provincia depende de transferencias extraordinarias para afrontar la masa salarial.

En ese marco, el aumento anunciado por Quintela puede tener una doble lectura política. Para el Gobierno riojano representa una demostración de que es posible proteger los ingresos de los trabajadores aun en un contexto de ajuste nacional. Para la Casa Rosada, en cambio, podría interpretarse como una evidencia de que la provincia conserva margen fiscal para administrar sus recursos sin necesidad de reclamar una asistencia adicional al Estado nacional.

La discusión, así, deja de ser exclusivamente financiera para convertirse en una disputa política sobre el verdadero grado de dependencia de La Rioja respecto de la Nación y sobre el destino de los recursos que llegan por el régimen de coparticipación.

El informe