El secretario general del gremio, César Taquía, advirtió que el alto costo de la energía amenaza la continuidad de la producción vitivinícola en la región. Tras una reunión con funcionarios provinciales, aseguró que el Gobierno se comprometió a analizar un esquema de asistencia para reactivar los pozos de riego y preservar las fuentes laborales.

La crisis que atraviesa la producción vitivinícola en Chilecito encendió una nueva señal de alarma entre los trabajadores del sector. El Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas (SOEVA) advirtió que el cierre de fincas y el aumento de los costos energéticos ponen en riesgo decenas de puestos de trabajo y reclamó medidas urgentes para evitar que la situación se profundice.

El secretario general del gremio, César Taquía, informó que representantes sindicales, productores y autoridades provinciales mantuvieron una reunión para analizar alternativas que permitan sostener la actividad y garantizar la continuidad laboral.

«La principal preocupación es preservar las fuentes de trabajo. El problema más urgente que hoy tienen los productores es el costo de la energía», afirmó.

Energía, el principal reclamo

Según explicó el dirigente sindical, el elevado costo de la electricidad llevó a numerosos productores a desconectar los pozos de extracción de agua, indispensables para el riego de los viñedos.

Indicó que existen establecimientos con perforaciones fuera de funcionamiento desde hace más de seis meses debido a la imposibilidad de afrontar el gasto energético.

«El Gobierno nos dijo que va a trabajar para encontrar un mecanismo que permita subsidiar o reducir el costo de la energía y lograr que esos pozos vuelvan a funcionar», sostuvo Taquía.

Dos fincas en venta y 60 familias afectadas

El dirigente señaló que la situación más delicada se registra en las fincas Viña Famatina y Alameda Riojana, ubicadas en Anguinán y Tilimuqui, cuyos propietarios mendocinos decidieron poner en venta los establecimientos.

Según indicó, ambas explotaciones emplean alrededor de 60 trabajadores, muchos de los cuales viven junto a sus familias dentro de las propias fincas.

«Hay trabajadores que no solamente pierden el empleo, sino también la vivienda porque viven dentro de esos establecimientos», advirtió.

Si bien las empresas se comprometieron a abonar las indemnizaciones correspondientes, el gremio trabaja junto al municipio para buscar alternativas habitacionales y laborales para las familias afectadas.

Reunión con el Gobierno

Taquía destacó la rápida respuesta de las autoridades provinciales, que participaron del encuentro realizado en Chilecito pese al receso invernal.

De la reunión participaron el secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera; la secretaria de Trabajo, Myriam Espinosa; la coordinadora de Gobierno, Silvia Gaitán; el diputado Raúl Cabral; el intendente Rodrigo Brizuela y Doria y representantes de los productores.

«Nos escucharon durante casi tres horas y asumieron el compromiso de buscar una solución inmediata para la cuestión energética», aseguró.

El objetivo: preservar el empleo

El titular de SOEVA insistió en que la prioridad del gremio es evitar nuevos despidos y mantener en funcionamiento las explotaciones agrícolas.

«No estamos mirando cuestiones políticas. Lo único que nos interesa es defender el trabajo de las familias vitivinícolas», afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la crisis del sector no responde únicamente a problemas provinciales, sino también a la caída del consumo de vino en todo el país.

«El vino dejó de ser un producto prioritario para muchas familias por la pérdida del poder adquisitivo. Ese problema afecta a toda la actividad vitivinícola argentina», explicó.

También buscan apoyo nacional

Taquía confirmó además que el sindicato solicitará reuniones con dirigentes vinculados al Gobierno nacional para plantear la situación del sector y analizar posibles medidas que favorezcan la competitividad de las economías regionales.

Mientras tanto, el gremio espera que las gestiones iniciadas con la Provincia permitan reactivar los pozos de riego y evitar que más fincas interrumpan su producción.

«La solución energética tiene que llegar ahora. Si los pozos siguen apagados, la producción corre riesgo y con ella también el empleo de cientos de familias riojanas», concluyó.