La vicegobernadora Teresita Madera recibió a autoridades de UNICEF y de la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes. El encuentro dejó un fuerte mensaje político: el Gobierno provincial aseguró que sostiene con recursos propios programas para la infancia en un contexto de recorte nacional, mientras especialistas alertaron por el avance de la pobreza infantil y los problemas de salud mental.

La protección de la infancia volvió a convertirse en un eje de disputa política entre la Nación y las provincias. En una reunión realizada en la Legislatura de La Rioja, la vicegobernadora Teresita Madera defendió la continuidad de las políticas destinadas a niñas, niños y adolescentes y afirmó que la provincia mantiene programas alimentarios y de protección «a pesar del retiro del acompañamiento nacional».

La definición fue realizada durante un encuentro institucional con autoridades de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y representantes de UNICEF Argentina, en el marco de una agenda destinada a fortalecer el sistema de protección integral de derechos.

El planteo de Madera instala uno de los debates más sensibles de la actualidad: quién debe sostener las políticas sociales dirigidas a la infancia cuando disminuye el financiamiento nacional y aumenta la presión sobre las provincias y los municipios.

«La Rioja continúa sosteniendo programas alimentarios, dispositivos de protección y acciones de acompañamiento a las familias más vulnerables», sostuvo la vicegobernadora, quien además ratificó el compromiso de la Legislatura para avanzar con nuevas herramientas legales orientadas a fortalecer los derechos de niñas, niños y adolescentes.

UNICEF puso el foco en la pobreza y la salud mental

Uno de los aspectos más relevantes del encuentro fue la advertencia formulada por Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF Argentina.

El representante del organismo internacional señaló que los principales desafíos actuales pasan por la pobreza infantil, la salud mental, los riesgos en los entornos digitales y la necesidad de fortalecer los sistemas de protección integral.

La referencia adquiere especial relevancia en un contexto en el que distintos informes nacionales e internacionales vienen alertando sobre el impacto que la crisis económica tiene sobre la infancia, especialmente en materia de alimentación, escolaridad y acceso a servicios esenciales.

La Rioja, como experiencia piloto

Durante la reunión, el jefe de Gabinete de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Sebastián Medina, destacó que La Rioja será el punto de partida de una estrategia federal de articulación con otras provincias.

Según explicó, la decisión política del Gobierno riojano de priorizar las políticas de niñez fue uno de los factores que motivó la elección de la provincia para profundizar el trabajo conjunto entre organismos nacionales, gobiernos locales y entidades internacionales.

Un acuerdo que involucra a los municipios

La reunión legislativa se produjo previo de que el gobernador Ricardo Quintela, el intendente capitalino Armando Molina, UNICEF y la Defensoría Nacional firmaran un Memorándum de Entendimiento y una Carta Compromiso para implementar en La Rioja la iniciativa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA).

El programa busca fortalecer las capacidades de los municipios para elaborar diagnósticos locales, mejorar las políticas públicas y consolidar sistemas de protección para niñas, niños y adolescentes.

Quintela sostuvo que el acuerdo permitirá desarrollar herramientas concretas para acompañar a los gobiernos locales «en un contexto complejo, donde muchas veces las provincias y los municipios deben responder con sus propios recursos».

Un debate que trasciende La Rioja

Más allá de la firma de convenios y de los anuncios institucionales, el encuentro dejó expuesta una discusión de alcance nacional.

Mientras las autoridades provinciales sostienen que debieron reforzar con recursos propios programas sociales que anteriormente contaban con respaldo nacional, el desafío de garantizar derechos a la infancia se desarrolla en un escenario atravesado por restricciones presupuestarias y una creciente demanda social.

En ese contexto, la presencia de UNICEF y de la Defensoría Nacional en La Rioja busca fortalecer las capacidades institucionales, pero también pone el foco sobre un dato que genera consenso entre especialistas: el deterioro de las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes se ha convertido en uno de los principales desafíos de las políticas públicas, independientemente de las disputas políticas entre los distintos niveles del Estado.