El presidente de la Cámara baja nacional consolida una estrategia de terminación de obras directas desde Nación sin intermediación local, como ocurrió en El Chacho y Las Padercitas. En respuesta, el Gobernador desembolsará $3.000 millones para inaugurar el Gasoducto de Chilecito, rechazó ceder la titularidad del proyecto y demandará a la Casa Rosada.

Por Eduardo German

La relación entre el Gobierno nacional y la administración riojana sumó un nuevo y decisivo capítulo en el terreno de la obra pública. Lejos de cualquier canal institucional tradicional, la pulseada entre el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y el gobernador Ricardo Quintela se trasladó a una disputa palmo a palmo por la autoría y el control de los metros finales de obras estratégicas en la provincia.

1. El «método Menem»: bypass a la Casa de las Tejas

Tras mantener reuniones de alto nivel con funcionarios clave del gabinete de Javier Milei, Martín Menem consolidó una línea de acción definida: financiar y concluir obras en territorio riojano a través de organismos federales o contratistas directos, evitando que los fondos pasen por las arcas de la administración provincial.

Ese esquema ya mostró antecedentes concretos:

• El nudo vial de El Chacho: Finalizado operativamente con intervención de Vialidad Nacional.
• El camino a Las Padercitas – Sanagasta: Reactivado bajo la supervisión técnica nacional.

Bajo la premisa que el propio Menem repite en los despachos porteños —«En La Rioja sobra el dinero, lo que falta es transparencia»—, la propuesta libertaria para el Gasoducto Productivo de Chilecito fue tajante: que la Provincia le transfiera la titularidad de la obra para que la Secretaría de Energía de la Nación liquide los certificados de manera directa a la constructora y concluya el 5% restante.

2. La contraofensiva de Quintela: $3.000 millones y freno a la cesión

Desde la Casa de las Tejas, la respuesta fue inmediata y sin concesiones. Consciente del valor simbólico, social y económico que representa el gas natural para el desarrollo industrial y doméstico de Chilecito, el gobernador Ricardo Quintela resolvió cerrar la puerta a cualquier traspaso de jurisdicción:

«Los pícaros de siempre que pertenecen al Gobierno nacional vienen a querer apropiarse de obras que no son de ellos. Tenían el 97% ejecutado por la Provincia y sobre ese 3% que faltaba querían montarse los libertarios para decir ‘nosotros la hicimos’. Es muy fácil decir ‘dame la obra a mí’ para adjudicarse un logro ajeno», fustigó el mandatario.

Para blindar la obra, la Provincia acordó un esquema financiero propio:

• Desembolso local: Aporte de $3.000 millones de pesos en cuotas directamente con la empresa constructora para actualizar costos y culminar el tendido en el corto plazo.
• Judicialización: Inicio de una demanda contra el Estado nacional por los certificados impagos adeudados a la Provincia y a la contratista.

3. La pulseada de fondo: soberanía, desconfianza y el tablero 2027

Detrás de la controversia técnica y financiera asoma una descarnada disputa de narrativa y posicionamiento político:

• Para La Libertad Avanza (Menem): El objetivo es demostrar capacidad de resolución directa y evidenciar que las trabas obedecen a un esquema local que se niega a someterse a auditorías y controles federales.
• Para el Quintelismo: El desafío consiste en demostrar autonomía financiera e iniciativa propia frente al recorte generalizado de fondos nacionales, evitando que la oposición capitalice una inversión histórica en el segundo departamento más poblado de la provincia.

En este tablero de ajedrez, el Gasoducto de Chilecito dejó de ser únicamente una obra de infraestructura: se convirtió en el termómetro de una confrontación política total que anticipa la gran batalla electoral por el poder provincial.