El vocero presidencial, Adrián Ravier, convocó a la dirigencia política, económica y social a respaldar el reclamo argentino de soberanía sobre Malvinas. Durante su conferencia de prensa detalló las medidas del Gobierno frente al proyecto petrolero Sea Lion, vinculado a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
“Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido ni a una facción de la política. Malvinas es una causa nacional”, sostuvo. El llamado acompaña una estrategia que combina acciones diplomáticas y judiciales, sanciones económicas y un proyecto de ley.
Ravier describió a Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte, como “un peligro concreto, claro y urgente” por el avance de la explotación de recursos no renovables en el área cuya soberanía se encuentra en disputa con el Reino Unido.
La advertencia incorpora una dimensión económica al conflicto: una explotación petrolera sostenida puede consolidar intereses empresariales alrededor de la presencia británica. Desde esa perspectiva, la respuesta argentina apunta a intervenir sobre las condiciones que permiten financiar, abastecer y desarrollar esos proyectos.
Uno de los instrumentos es el Decreto 868/2026, que designa a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y establece mecanismos para coordinar la actuación del Estado frente a actividades hidrocarburíferas no autorizadas por la Argentina. Según explicó el vocero, el objetivo es alcanzar también a accionistas, directores y proveedores que incurran en las conductas prohibidas.
Ravier aseguró que la Cancillería envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados. También afirmó que grandes proveedoras de equipos y tecnología petrolera comunicaron su distanciamiento de Sea Lion. El Gobierno presenta esas respuestas como señales de efectividad, aunque será necesario conocer su alcance concreto sobre la continuidad del proyecto.
En paralelo, el vocero informó que el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, presentó una denuncia penal contra empresas vinculadas a actividades que la Argentina considera ilegales en la Cuenca Malvinas Norte. Esa intervención abre una vía judicial cuyos resultados dependerán de la investigación y de las decisiones de los tribunales.
El paquete incluye además el DNU 867/2026, que, según la explicación oficial, amplía recursos para fortalecer capacidades en Tierra del Fuego. Ravier vinculó esa decisión con la construcción de una base naval integrada y el desarrollo de sistemas de telecomunicaciones e inteligencia.
Un tercer componente es el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. De acuerdo con lo anunciado, propone endurecer sanciones, extender su alcance a otras actividades de explotación, habilitar el juicio en ausencia cuando corresponda y crear un Consejo de Seguridad Nacional. Son cambios sujetos al tratamiento legislativo: su presentación no equivale a su aprobación.
El tratamiento legislativo abrirá la discusión sobre el alcance de las sanciones, las facultades propuestas y los controles. El respaldo al reclamo de soberanía y el acuerdo sobre cada instrumento son decisiones distintas.
