Secuestraron más de 600 tarjetas de débito y cerca de mil pagarés en blanco. El ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Miguel Zárate, ratificó la sanción a los policías prestamistas y reveló que el gobernador Ricardo Quintela enviará su pliego a la Legislatura para encabezar el Ministerio Público Fiscal.

El Gobierno de La Rioja tomó una drástica determinación administrativa contra dos integrantes de la Policía provincial tras comprobarse su participación directa y continuada en un esquema clandestino de préstamos usurarios. Los uniformados operaban reteniendo tarjetas de cobro, extrayendo fondos directamente de cajeros automáticos y confiscando bienes patrimoniales bajo coacción.

En los allanamientos librados en el marco de la investigación, los efectivos secuestraron más de 600 plásticos de débito, alrededor de 1.000 pagarés con montos en blanco y documentación personal sensible. Con estos elementos, los prestamistas vaciaban los haberes de personas vulnerables en las fechas de acreditación salarial.

Zárate: «No vamos a tolerar que miembros de la fuerza se abusen de la necesidad»

En declaraciones periodísticas, el ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Miguel Zárate, fundamentó la medida y ratificó la línea de tolerancia cero dentro de las fuerzas de seguridad:

«Es inadmisible que existan estas conductas dentro de la fuerza. No vamos a tolerar que miembros de la institución estén inmiscuidos en acciones contra las que justamente estamos dando batalla: particulares que se abusan del estado de necesidad de la gente con condiciones abusivas y garantías extorsivas. Ante la denuncia, actuamos con total contundencia.»

Zárate detalló además el engranaje con el que operaba la red: ante montos menores que resultaban imposibles de saldar por tasas de interés usurarias, obligaban a los deudores a firmar boletos de compraventa o formularios 08 de vehículos valuados en cifras millonarias. Al primer atraso, ejecutaban las garantías en la justicia civil para despojarlos de sus autos, terrenos o viviendas.

Frente a las versiones que mencionaban a más agentes o personal del Servicio Penitenciario Provincial, Zárate aclaró que no existen denuncias formales adicionales, recordando que todo sumario exige elementos concretos o actuaciones formales que garanticen el debido proceso administrativo y el derecho a defensa.

La cifra negra del negocio clandestino y el cambio de criterio penal

El ministro advirtió sobre la enorme «cifra negra» que rodea al delito de usura en la provincia debido a la falta de denuncias por temor o resignación social, e instó a los damnificados a acudir al área de Delitos Económicos de la Policía:

• Manto de impunidad: El funcionario remarcó que durante décadas este circuito clandestino creció sin freno porque muchas víctimas daban por hecho que acudir a la justicia no tenía sentido.
• Giro en la mirada judicial: Zárate viene planteando ante jueces y fiscales un cambio de paradigma para que estos expedientes no se archiven como meros litigios civiles, entendiendo que detrás de contratos y pagarés firmados bajo coacción existe un delito penal complejo que debe ser perseguido.

El salto a la Fiscalía General y el reto del sistema acusatorio

En el tramo político más saliente de la entrevista, Miguel Zárate confirmó una primicia de alto impacto institucional: aceptó el ofrecimiento del gobernador para que su pliego sea remitido a la Cámara de Diputados y asumir como nuevo Fiscal General de la Provincia, cargo que permanece vacante.

La designación de Zárate al frente del Ministerio Público Fiscal resultará clave de cara a la implementación del nuevo sistema acusatorio, régimen procesal penal que entrará en vigencia el próximo año y que concentrará en los fiscales la conducción integral de la investigación penal y la fijación de la política criminal riojana.

El ministro anticipó que, de recibir el acuerdo legislativo, impulsará una reforma estructural hacia adentro del organismo: «El Ministerio Público Fiscal necesita una reestructuración de fondo, abrirse a la sociedad y tener un perfil netamente volcado hacia la protección de las víctimas».