El diputado provincial Diego Molina Gómez presentó el proyecto de «Factura Limpia» en la Legislatura. La iniciativa apunta a EDELAR y Aguas de La Rioja, impidiendo el cobro de conceptos ajenos a los consumos esenciales y quitando una fuente clave de recaudación a las intendencias.

En sintonía con las directivas desreguladoras trazadas desde el Ministerio de Economía de la Nación, La Libertad Avanza llevó la batalla fiscal al recinto de la Cámara de Diputados de La Rioja. El legislador provincial Diego Molina Gómez ingresó un proyecto de ley bautizado «Factura Limpia», cuyo objetivo central es desterrar de manera terminante la inclusión de tasas municipales, fondos de emergencia y recargos extraordinarios en las liquidaciones residenciales y comerciales de energía eléctrica y agua potable.

«Presenté un proyecto de ley para terminar con los cargos ajenos al servicio que aparecen incluidos en las facturas de luz y agua de los riojanos. La factura de un servicio público debe reflejar el consumo y los conceptos directamente vinculados con su prestación», fundamentó el legislador a través de sus canales digitales. La iniciativa fija que distribuidoras como EDELAR S.A.U., Aguas de La Rioja S.A. y cualquier prestadora bajo la órbita de SAPEM o cooperativas no podrán anexar cobros por alumbrado, barrido, abastos o derechos de ocupación de espacio público.

Golpe directo a las arcas departamentales

El corazón de la propuesta legislativa toca un nervio hipersensible para las dieciocho intendencias riojanas. En su articulado, el proyecto establece un régimen de cobro independiente, obligando a los municipios a facturar y percibir sus tributos exclusivamente a través de sus direcciones de rentas locales, sin apelar al corte del suministro eléctrico o sanitario como mecanismo de coacción recaudatoria.

Para las comunas del interior y para el Palacio Ramírez de Velasco en la Capital, la boleta de la luz funcionó históricamente como un reaseguro de liquidez automática frente al alto nivel de morosidad en el cobro de tasas directas. De prosperar la iniciativa de Molina Gómez, los intendentes perderían un respirador financiero en un momento donde las transferencias extraordinarias de la Nación se encuentran completamente clausuradas y los recursos coparticipables provinciales se liquidan al día.

Régimen sancionatorio y consigna electoral

El texto prevé además un esquema de penalidades severo para las empresas prestatarias que incumplan la normativa. En caso de detectar recargos indebidos, la norma prevé multas equivalentes al total de lo recaudado ilegalmente, la obligación de restituir el dinero a los usuarios de manera inmediata con intereses fijados por la tasa activa del Banco Nación, y la atribución de responsabilidad solidaria a los directores de las distribuidoras. Como autoridad de aplicación se designa a la Subsecretaría de Comercio Interior y Defensa del Consumidor de la provincia.

La jugada trasciende la técnica parlamentaria para anclarse en la pulseada política directa. Al cerrar la presentación de su proyecto con la consigna «LLA 2027», Molina Gómez evidenció que la bancada libertaria busca capitalizar el malestar social por el costo de las tarifas y la presión tributaria local. El peronismo riojano, con mayoría absoluta en la Legislatura, enfrentará ahora el dilema de cajonear el debate en comisiones o asumir el costo de defender públicamente un mecanismo de recaudación indirecto que golpea de lleno en el bolsillo familiar.