A través de la Ley 10.909, el Ejecutivo creó el Programa Provincial de Fomento a la Bioconstrucción para abaratar costos con materiales locales y mitigar el déficit habitacional. La Unidad de Enlace articulará con municipios y universidades para regular la arquitectura sustentable.

Con el grifo del financiamiento federal completamente cerrado para la vivienda social tradicional, el Gobierno riojano puso en marcha un marco normativo alternativo para encarar el desarrollo edilicio y comunal. Mediante el Decreto N° 1.568, el gobernador Ricardo Quintela promulgó la Ley N° 10.909, sancionada por la Legislatura tras una iniciativa remitida directamente por la Función Ejecutiva bajo la presidencia de la vicegobernadora Teresita Madera.

La flamante norma tiene como eje central la promoción de la bioconstrucción en los procesos de edificación públicos y privados en todo el territorio provincial. Los objetivos declarados apuntan a conjugar la sustentabilidad ambiental y la eficiencia energética con el aprovechamiento de recursos locales, la preservación del patrimonio cultural y la reducción del déficit habitacional en parajes y centros urbanos.

Creación del programa y definición técnica

El texto legislativo define a la bioconstrucción como el conjunto de técnicas sustentadas en el uso de materiales naturales y renovables —como adobe, tierra cruda, caña, quincha o madera local— combinadas con criterios bioclimáticos que reduzcan la huella de carbono y armonicen con el entorno, siempre bajo estrictas condiciones de seguridad y habitabilidad.

Para instrumentar la política, la ley crea el Programa Provincial de Fomento a la Bioconstrucción y designa como autoridad de aplicación a la Unidad de Enlace y Asesoramiento para el Ordenamiento y Desarrollo Local. Dicha repartición tendrá bajo su órbita:

• Convenios académicos y de investigación: Fomentar iniciativas conjuntas con universidades y centros científicos para validar técnicamente los sistemas constructivos naturales.
• Rescate patrimonial: Articular espacios de capacitación e intercambio de saberes con constructores tradicionales y artesanos para la restauración de inmuebles históricos.
• Articulación territorial: Asistir técnicamente a los municipios que adhieran a la ley para que elaboren y aprueben ordenanzas locales de promoción y códigos de edificación que reconozcan estas tecnologías.

El impacto político de abaratar costos de hábitat

La promulgación de la Ley 10.909 llega en una coyuntura determinante para el área de infraestructura provincial. Frente al repliegue de los fondos nacionales para la compra de insumos industriales como cemento, hierro y perfiles, el Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social que conduce Ariel Puy Soria necesita optimizar cada partida del presupuesto doméstico para no paralizar las respuestas habitacionales en los barrios periféricos y el interior profundo.

En ese sentido, la habilitación de técnicas con materiales del lugar permite reducir sustancialmente los fletes y la dependencia de proveedores foráneos, al tiempo que dinamiza las economías locales en departamentos como Famatina, Sanagasta o Castro Barros, donde la arquitectura vernácula cuenta con arraigo histórico. La ley dispone que el financiamiento surgirá del presupuesto ordinario de la autoridad de aplicación y otorga al Ejecutivo un plazo de 180 días corridos para su reglamentación.

El juego con las comunas hacia 2027

La invitación a los 18 municipios para plegarse al régimen abre además un canal de sintonía fina con los intendentes del interior. En momentos donde los jefes comunales deben responder de manera directa a la demanda social sin auxilio de partidas extraordinarias de Balcarce 50, la transferencia de tecnología constructiva de bajo costo ofrece una herramienta de gestión para sostener presencia en el territorio.

Con la oposición libertaria focalizada en auditar el gasto de la administración central y las empresas públicas (SAPEM), el oficialismo provincial busca exhibir una agenda de innovación con sello propio: mitigar el impacto del ajuste nacional mediante el rescate de técnicas ancestrales, intentando que el déficit de vivienda no deteriore el humor social en la antesala de la disputa política de 2027.