El vocero presidencial Adrián Ravier anunció desembolsos por USD 27.000 millones y la inauguración de una mega planta de litio en el Salar del Hombre Muerto con Saenz y Jalil. La estrategia libertaria expone la falta de proyectos de gran escala en territorio riojano frente al pragmatismo de sus vecinos.

Desde el atril de Balcarce 50, el Gobierno nacional desplegó una contundente demostración de números para apuntalar el rumbo desregulador de Javier Milei. El vocero presidencial, Adrián Ravier, reportó que durante la Argentina Week en París se consolidaron anuncios de inversión privada por USD 27.000 millones bajo el paraguas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al tiempo que celebró el avance electoral de la derecha regional tras el desempeño de Flávio Bolsonaro en Brasil.

El reporte oficial incluyó desembolsos de fuste: compromisos de Total Energies por USD 10.000 millones en la Patagonia, desarrollos de Pluspetrol en Vaca Muerta por USD 12.400 millones, proyectos de litio de Eramet en Salta y una inyección de USD 4.000 millones de Glencore en Catamarca. A esa lista se sumó la aprobación de un plan de USD 1.300 millones de Toyota Argentina dentro del RIGI y la apertura sanitaria del mercado de Japón para la carne bovina.

La postal de la Puna: Karina Milei, Santilli, Jalil y Saenz

El contraste con la realidad riojana adquirió volumen físico inmediato con el desembarco del núcleo duro de Balcarce 50 en el Norte Grande. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezaron en el Salar del Hombre Muerto la inauguración de la Planta II del proyecto minero Sal de Oro (POSCO), acompañados por los gobernadores Gustavo Saenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca), sellando un acuerdo para trepar a las 100.000 toneladas anuales de litio.

Esa foto en la Puna exhibe la brecha que separa a La Rioja del resto del bloque regional. Mientras Catamarca y Salta capturan capitales internacionales, generan proveedores locales y recaudan regalías directas para blindar sus finanzas, la administración de Ricardo Quintela se mantiene al margen del flujo minero de escala tras haber declarado al litio como recurso estratégico estatal y resistir los incentivos del RIGI.

Derogación de la Ley de Tierras y desregulación en debate

Ravier dedicó un tramo central de su informe a reivindicar la derogación del artículo 154 de la Ley de Tierras Rurales a través del DNU 70/2023, que eliminó el tope del 15% para la titularidad extranjera. Según la Casa Rosada, la medida busca desatar inversiones en infraestructura hídrica, tecnología de riego y desarrollo agropecuario, asegurando que se preservan los controles en las zonas de seguridad de frontera.

La ofensiva libertaria golpea de lleno en la retórica de la Casa de las Tejas. Quintela construyó su bastión discursivo denunciando la entrega de soberanía territorial y defendiendo un modelo de empresas estatales (SAPEM) y cuasimonedas (BOCADE) para amortiguar el retiro nacional. Sin embargo, con los números de inversiones privadas sobre la mesa y los mandatarios peronistas vecinos cerrando acuerdos directos con Balcarce 50, la trinchera riojana luce cada vez más solitaria.

El avance del RIGI y la llegada de capitales pesados a las provincias limítrofes terminan de configurar el tablero político hacia 2027. Con La Libertad Avanza empujando en la Legislatura local proyectos como «Factura Limpia» o la eliminación de la pauta oficial, el oficialismo riojano se enfrenta a un desafío mayúsculo: explicar a la sociedad por qué el derrame de divisas y empleo privado florece al otro lado de sus límites provinciales mientras La Rioja sigue atada exclusivamente al goteo diario de la coparticipación para sostener la estructura estatal.