El INDEC informó que las canastas subieron 1,7% en el mes y acumulan un alza cercana al 25% en 2026. Para no caer en la indigencia se requirieron $738.690, un umbral que deja en evidencia el rezago de los ingresos provinciales tras la confirmación oficial de que no habrá aumentos salariales.

El costo de vida volvió a exhibir la magnitud de la brecha que separa a los ingresos familiares de los consumos elementales de subsistencia. De acuerdo con el informe oficial difundido este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), una familia tipo de cuatro integrantes —dos adultos y dos menores— necesitó en septiembre 1.632.505 pesos para superar la línea de pobreza, mientras que el piso indispensable para no caer en la indigencia se ubicó en 738.690 pesos.

Tanto la Canasta Básica Total (CBT) como la Canasta Básica Alimentaria (CBA) registraron un incremento del 1,7% respecto al mes anterior. En lo que va del año, la canasta que mide la pobreza acumuló un alza del 24,7% (38,7% interanual), mientras que la alimentaria avanzó un 25,3% en los primeros nueve meses de 2026, marcando una suba del 40,0% frente al mismo período del año pasado.

Los números del INDEC: escalas por tipo de hogar

Los valores mensuales calculados por el organismo nacional reflejan las exigencias presupuestarias que afrontan las familias según su composición demográfica. Para un hogar de tres integrantes, la línea de pobreza se situó en 1.299.664 pesos, mientras que la canasta alimentaria demandó 588.083 pesos.

En tanto, para un grupo familiar de cinco miembros (una pareja con tres hijos pequeños), los ingresos necesarios para no ser considerado pobre alcanzaron los 1.717.036 pesos, requiriendo al menos 776.939 pesos mensuales únicamente para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos de comida.

Para un adulto equivalente individual, el umbral de indigencia quedó fijado en 239.058 pesos y la línea de pobreza en 528.319 pesos mensuales.

El contraste demoledor con la escala salarial riojana

Las cifras del INDEC adquieren una gravedad directa al contrastarse con la realidad económica de La Rioja, donde el Estado sostiene a casi 70.000 dependientes entre la administración central, los municipios y 13.000 trabajadores precarizados bajo distintas modalidades asistenciales.

El umbral de pobreza de 1,63 millones de pesos supera con holgura los ingresos de la inmensa mayoría de la plantilla de empleados públicos provinciales. Incluso con el cobro de la quincenita, los sueldos de las categorías iniciales de la administración y de las comunas del interior apenas logran empardar el costo de la canasta alimentaria, mientras que los estipendios de los trabajadores precarizados se ubican muy por debajo de los 738.000 pesos requeridos para no ser indigentes.

La distancia es igualmente visible en el sector pasivo: la jubilación mínima nacional que paga la ANSeS se ubica en torno a los 320.000 pesos más el bono congelado de 70.000, obligando a la Provincia a sostener de forma complementaria la bonificación extraordinaria de 125.000 pesos para evitar que los jubilados queden sumergidos en la indigencia extrema.

Sueldos congelados y la disputa por la ayuda alimentaria

La publicación del informe oficial coincide con un escenario de severo cierre de las cuentas públicas locales. Horas antes, el secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, descartó formalmente la posibilidad de otorgar una recomposición salarial o un bono de fin de año, justificando la medida en la pérdida de 10.000 millones de pesos en la coparticipación y la poda del 99% de las transferencias discrecionales dispuesta por la Casa Rosada.

En este marco de pérdida de poder adquisitivo, la Casa de las Tejas intenta sostener la red de contención en merenderos y comedores a través del reciente recargo del 25% en Ingresos Brutos a grandes contribuyentes.

Sin embargo, la medida es fuertemente cuestionada por las cámaras empresariales y por los bloques opositores, quienes advierten que la mayor presión impositiva sobre mayoristas y distribuidores terminará trasladándose de inmediato a los precios finales de los alimentos, encareciendo aún más el costo de la canasta básica en los barrios populares de la provincia.