El gobernador riojano endureció su retórica contra la Casa Rosada y propuso una empresa estatal de bandera para asociarse con las multinacionales. Detrás del rechazo al RIGI y el reclamo por las regalías de San Juan, asoma el intento de erigirse en referente del peronismo federal mientras se agotan las reservas fiscales en su propio territorio.

En momentos donde la dirigencia justicialista del interior le advierte que el discurso de confrontación sistemática con la Casa Rosada muestra signos evidentes de agotamiento social, Ricardo Quintela decidió redoblar la apuesta política. La extensa entrevista concedida desde la Residencia Oficial a un medio especializado en minería e industria no fue un simple repaso sobre recursos naturales: constituyó una calculada toma de posición doctrinaria y un intento deliberado por proyectar una plataforma económica propia hacia el escenario nacional.

La calificación del presidente Javier Milei como «un payaso de poca monta al servicio de intereses foráneos» excede el cruce verbal circunstancial. Responde a una necesidad de posicionamiento estratégico: en la disputa abierta por la reorganización del Partido Justicialista nacional, donde Quintela busca consolidarse como un articulador indispensable entre el kirchnerismo de La Cámpora y el esquema de Axel Kicillof, el mandatario riojano necesita exhibirse como la voz más intransigente frente al programa económico libertario.

El RIGI como divisor de aguas y el reproche a los gobernadores aliados

Al descalificar de plano el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), Quintela trazó una línea divisoria no solo con la administración nacional, sino con sus pares de las provincias mineras del norte y Cuyo. Acusar a los mandatarios que adhirieron a la norma de aceptar «un estado de sumisión y claudicación ante el poder central» transparenta una profunda diferencia metodológica: mientras provincias vecinas como Catamarca o Salta priorizaron el pragmatismo para captar divisas inmediatas, el riojano sostiene que el régimen entrega las riquezas no renovables a cambio de beneficios fiscales desmedidos para las corporaciones.

El gobernador fundamentó su negativa en la asimetría tributaria: cuestionó que los pequeños comerciantes y pymes del país deban pagar la totalidad de las cargas impositivas mientras los grandes consorcios acceden a exenciones extraordinarias. En contrapartida, ratificó que en La Rioja las operadoras deberán tributar Ingresos Brutos, tasas municipales y asociarse al Estado provincial a través de un porcentaje directo de la facturación.

La postura busca interpelar a las bases tradicionales del peronismo, presentándose como el custodio de los recursos frente al avance del capital privado desregulado.

De la resistencia al programa: el ensayo de una «YPF Minera»

El punto de mayor densidad política de su intervención radicó en la propuesta de crear una «YPF Minera» o una corporación de bandera como Yacimientos Mineros Argentinos. Lejos de limitar su discurso a la administración de un presupuesto provincial recortado, Quintela esbozó los lineamientos de un programa de gobierno nacional para 2027.

La idea de una empresa estatal que regule la extracción, obligue a refinar el mineral en territorio nacional y destine la renta a diversificar la economía para cuando los yacimientos se agoten —como recordó que ocurrió en Catamarca con Bajo de la Alumbrera— busca llenar el vacío programático de una oposición justicialista que aún no logra articular una propuesta económica alternativa.

El mandatario remarcó que los recursos minerales son no renovables y que cada kilo de oro o cobre extraído debe traducirse en infraestructura y desarrollo para las comunidades locales, proyectando un modelo de estatismo asociado que trasciende los límites de su provincia.

La disputa con San Juan y el reclamo por el proyecto Vicuña

El señalamiento directo sobre el megaproyecto Vicuña y el consorcio internacional Lundin-BHP en el límite con San Juan introduce una jugada de ajedrez geopolítico interprovincial. Al cuestionar el uso gratuito de los caminos riojanos por parte de las mineras sanjuaninas y reclamar un esquema de beneficios compartidos similar al que acordaron Salta y Catamarca, Quintela visibiliza una histórica demanda territorial, desempolvando el diferendo de Ischigualasto y el proyecto de ley que promovió Eduardo Menem décadas atrás.

La advertencia encierra un mensaje explícito para el sector corporativo: La Rioja no permanecerá como espectadora pasiva viendo transitar insumos y maquinarias mientras la renta queda exclusivamente del otro lado de la sierra. El gobernador presiona al sanjuanino Marcelo Orrego para forzar una mesa de concertación bilateral, advirtiendo que los intereses provinciales están por encima de cualquier contrato transnacional.

Al mismo tiempo, buscó enviar señales de previsibilidad hacia las 27 empresas que actualmente prospectan y exploran en territorio riojano, asegurando que su gobierno ofrece seguridad jurídica real bajo normativas vigentes y sin pedidos de dádivas bajo la mesa.

La contradicción entre el relato federal y la asfixia económica local

El talón de Aquiles de la estrategia de Quintela se ubica en el plano doméstico. Mientras el mandatario despliega una narrativa soberanista de alcance federal, su administración transita el cierre del año en un escenario de extrema fragilidad presupuestaria: los salarios estatales están congelados, las transferencias discrecionales de la Nación cayeron un 99%, la emisión de bonos Chachos expira a fin de año y el sector privado acumula la peor caída de empleo industrial del país.

A ese cuadro se suman los movimientos subterráneos que atraviesan a la actividad minera local: el ex gobernador Luis Beder Herrera acaba de aterrizar en Anguinán con inversores extranjeros de Canadá y Chile, la propuesta de tokenizar regalías del Famatina asoma como una alternativa desesperada de liquidez, y la licencia social en el oeste sigue siendo una construcción compleja tras décadas de rechazo comunitario.

La entrevista de Quintela desnudó el doble juego que define su hora política. Hacia afuera, el gobernador construye una narrativa de intransigencia ideológica para sentarse en la mesa grande del peronismo nacional; hacia adentro, debe administrar un gobierno que se quedó sin recursos y enfrenta el desafío electoral de sus propios socios territoriales. La viabilidad de su proyecto dependerá de su capacidad para demostrar que su modelo productivo puede generar recursos genuinos antes de que el ahogo financiero consuma los últimos márgenes de su gobernabilidad.