El gobernador Ricardo Quintela promulgó la Ley 10.850 que marca la hoja de ruta económica provincial. La norma contempla «superpoderes» para reestructurar el gabinete y exige al Nuevo Banco Rioja transferir utilidades al Tesoro.
El gobierno de La Rioja promulgó este martes la Ley N° 10.850, que establece el Presupuesto General de la Administración Provincial para el ejercicio 2026. La norma, publicada en el Boletín Oficial bajo el decreto 1.661, fija los gastos corrientes y de capital en una cifra superior a los $1,8 billones, al tiempo que habilita al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público y emisión de títulos por sumas millonarias para cubrir déficits estacionales y cancelar deudas.
El cálculo exacto de erogaciones asciende a $ 1.832.020.623.871, con una estimación de recursos levemente superior que arroja un resultado financiero superavitario de $ 5.252 millones.
Sin embargo, el punto neurálgico de la ley radica en las herramientas financieras que la Legislatura otorgó a la administración de Ricardo Quintela. El articulado autoriza un endeudamiento potencial que supera los $325.000 millones a través de tres instrumentos clave.
En primer lugar, el Artículo 17° faculta la emisión de Letras del Tesoro hasta la suma de $ 190.000 millones con el objetivo de «cubrir deficiencias estacionales de caja». A esto se suma, mediante el Artículo 19°, la autorización para emitir «Bonos de Cancelación de Deudas» en formato físico o digital por hasta $ 85.000 millones. Finalmente, se permite tomar crédito público por otros $ 50.000 millones destinados a asistir a sectores de la economía provincial e infraestructura.
Prioridades del gasto y control legislativo
En el desglose de las partidas, el foco de la gestión está puesto en los Servicios Sociales, que se llevan la mayor tajada del presupuesto con $ 958.762 millones, representando más del 50% del gasto total. Le sigue la Administración Gubernamental con $ 649.719 millones y los Servicios de Seguridad con $ 118.292 millones.
Como contrapeso político, la ley crea en su Artículo 6° una «Comisión Especial de Actuación Permanente de Control y Seguimiento Presupuestario» dentro de la Cámara de Diputados. Este cuerpo tendrá la facultad de «aprobar o rechazar las modificaciones presupuestarias propuestas por la Función Ejecutiva» en un plazo perentorio de 10 días; de lo contrario, se considerarán aprobadas.
Superpoderes y la caja del Banco Rioja
La normativa también incluye cláusulas de alto impacto político y financiero para el funcionamiento del Estado riojano en 2026:
- Reestructuración del Gabinete: El Artículo 28° otorga facultades delegadas al Gobernador para «crear, modificar o suprimir las distintas Jurisdicciones Ministeriales, Secretarías y demás estructuras organizativas», lo que en la práctica le permite rediseñar el organigrama estatal sin pasar nuevamente por la Legislatura.
- Fondos del Banco: El Artículo 26° establece que el Nuevo Banco Rioja S.A.U. «deberá transferir durante el Ejercicio 2026 al Tesoro Provincial un monto a determinar» correspondiente a la distribución de utilidades líquidas y realizadas.
La ley, sancionada originalmente el 20 de noviembre, lleva las firmas de las autoridades legislativas y fue refrendada por el Secretario General de la Gobernación tras su promulgación el pasado 12 de diciembre.
