Se trata de la Ley provincial 5.054. El texto, impulsado por el propio Ejecutivo riojano hace 37 años, adhirió al régimen nacional de reparto de fondos sin plantear objeciones ni quejas, sentando las bases del esquema fiscal actual.
En medio de la histórica disputa por los fondos federales y el reclamo permanente del «punto de coparticipación perdido», un documento de archivo cobra vital importancia para entender la historia financiera de La Rioja. Se trata de la Ley N° 5.054, sancionada el 4 de agosto de 1988, que prueba el momento exacto en que la provincia validó el sistema de reparto que rige hasta hoy.
El texto, mecanografiado y con el sello de la Cámara de Diputados provincial, es contundente respecto a la postura política de aquel momento. Lejos de la resistencia, La Rioja decidió adherir al nuevo esquema fiscal de manera total.
En su Artículo 1º, la norma establece textual: «Acéptase sin limitaciones ni reservas lo establecido por la Ley Nacional N° 23.548 de fecha 07 de Enero de 1.988».
Una firma clave
La frase «sin limitaciones ni reservas» es el dato político más relevante del archivo. Implica que, en el momento de nacer la actual Ley de Coparticipación Federal —que fijó el «régimen transitorio» de distribución de impuestos—, la legislatura riojana no interpuso condiciones ni exigió compensaciones automáticas en el texto de adhesión.
El documento detalla que la aceptación se hizo «de conformidad a lo establecido en el artículo 9º – apartado a), b), c), d), e), f) y g) de la citada Ley», validando todas las obligaciones que la Nación imponía a las provincias para entrar en el reparto de la recaudación.
Impulsado por el Gobierno
Otro detalle que revela el facsímil es el origen político de la medida. Al pie del documento se aclara explícitamente que fue un «Proyecto presentado por el EJECUTIVO PROVINCIAL».
Es decir, no fue una imposición de la oposición ni una ley sacada a espaldas de la gobernación. Fue la propia administración provincial de 1988 la que envió el proyecto a la «Sala de Sesiones de la Legislatura» para sellar el acuerdo fiscal con la Nación.
La ley fue promulgada y archivada bajo el número 5.054, convirtiéndose en el antecedente jurídico inmediato que ató la economía de La Rioja a la Ley 23.548, la misma normativa que, décadas después, se convertiría en el centro de todos los reclamos por la asfixia financiera de las provincias del norte.
