Tras semanas de bloqueo judicial y tensión interprovincial, el megaproyecto minero Vicuña —uno de los cinco más grandes del mundo en cobre, oro y plata— alcanzó un entendimiento preliminar con el gobierno de Ricardo Quintela. La empresa, operada por BHP y Lundin Mining y con una inversión prevista de US$ 18.000 millones, retomará obras viales y de mantenimiento en territorio riojano en cuanto se levante la restricción judicial vigente.

El punto de quiebre había llegado el 14 de abril de 2026, cuando la jueza de Chilecito, María Greta Decker, ordenó la suspensión por 30 días de las actividades de Vicuña Corp. en suelo riojano y prohibió el tránsito de maquinaria pesada por el corredor de Guandacol. El motivo: la empresa no había presentado una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) ante las autoridades provinciales de La Rioja, a pesar de que el proyecto utilizaba el territorio riojano como corredor logístico desde hacía veinticinco años.

El conflicto expuso una tensión histórica de fondo. La infraestructura del proyecto —un corredor de más de 200 kilómetros por el oeste riojano— fue usada durante décadas sin que La Rioja recibiera compensación económica sustantiva. «El proyecto utilizó durante 25 años el camino de La Rioja y nunca dejó un peso», cuestionó Quintela públicamente.

Luego de la intervención judicial, el diálogo político al más alto nivel abrió una salida. Una presentación conjunta entre el gobierno riojano y la empresa ante la magistrada levantó de forma preliminar el bloqueo vehicular. El gobernador Quintela se reunió cara a cara con José Morea, Country Director de Vicuña Corp., y de ese encuentro emergió un entendimiento estructurado en siete ejes, que incluyen obras de infraestructura, empleo local, contratación de proveedores riojanos y evaluaciones ambientales.

«Son los canales de diálogo que siempre estuvieron abiertos, que reforzamos recientemente y que nos llevaron a visitar La Rioja al más alto nivel del gobierno provincial», señaló Morea. El directivo confirmó que el plan de inversiones para 2026 se mantiene en US$ 800 millones y que la Decisión Final de Inversión (FID) para la Fase 1 del proyecto está prevista para el último trimestre del año.

En paralelo, la empresa avanza en la construcción del denominado «Corredor Norte», una ruta alternativa completamente dentro de San Juan, que busca reducir la dependencia logística del paso por territorio riojano. También se analiza la construcción de una circunvalación en Guandacol —estimada en US$ 10 millones— para desviar el tránsito pesado del casco urbano, una de las principales demandas de los vecinos.

Mientras tanto, en San Juan la Justicia otorgó una medida cautelar que garantiza la continuidad operativa del proyecto, en una disputa que podría escalar a la Corte Suprema si no se consolida el acuerdo interprovincial. La Rioja, históricamente postergada en los grandes proyectos de extracción que cruzan su territorio, busca esta vez quedarse con una parte real de la renta minera.

Quintela logró un principio de acuerdo que permite normalizar el flujo hacia el yacimiento sanjuanino. La suspensión del bloqueo judicial se produce mediante diálogo institucional y bajo protocolos de operación invierno controlados desde La Rioja

Después de tres semanas de cierre judicial que paralizó la operación minera en el corredor de Guandacol, La Rioja y la empresa Vicuña S.A. alcanzaron un principio de acuerdo que normaliza el tránsito hacia el yacimiento ubicado en San Juan. La reapertura, oficial desde el 8 de mayo de 2026, constituye el resultado de una negociación directa entre el gobernador Ricardo Quintela y la compañía minera, dináminca que la Fiscalía de Estado riojana presentó como «diálogo institucional» y «solución pacífica y consensuada» al conflicto.

El movimiento político es notable: Quintela obtuvo una medida judicial favorable (el bloqueo del 14 de abril) pero negoció voluntariamente su suspensión, convirtiendo esa suspensión en instrumento de negociación. La presentación conjunta ante la jueza Decker—en la cual tanto el gobierno riojano como Vicuña S.A. pidieron formalmente suspender la medida cautelar—refleja una estrategia donde La Rioja transforma una victoria judicial en una victoria política: deja fluir la operación pero bajo condiciones y protocolos que mantienen presencia riojana permanente sobre el corredor.

De la confrontación a la negociación

El conflicto se había agudizado el 14 de abril cuando un fallo judicial riojano generó restricciones severas al tránsito de maquinaria hacia el yacimiento. La medida implicó instalación de consignas policiales que bloqueaban la circulación, una acción que San Juan interpretó como represalia política por la disputa territorial sobre límites provinciales y recursos hídricos compartidos.

Sin embargo, Quintela no sostuvo el bloqueo indefinidamente. En su lugar, utilizó las tres semanas de cierre como presión política para negociar directamente con Vicuña. El resultado fue un «principio de acuerdo» que, aunque los documentos oficiales no especifican compensaciones económicas o reconocimientos territoriales, establece un nuevo marco donde La Rioja participa en la regulación operativa del corredor.

La Fiscalía de Estado riojana enfatizó que «esta voluntad de negociación entre la máxima autoridad riojana y la firma minera fue el factor clave para que la justicia permitiera retomar la actividad». La formulación es política: La Rioja no capitula ante la presión sanjuanina, sino que lidera una negociación que genera nuevo status quo.

Plan Invierno: control operativo desde La Rioja

El instrumento de ese control es el Plan Invierno 2026, un protocolo de operación que Vicuña comunicó como medida de seguridad pero que funciona como herramienta de supervisión riojana sobre el flujo logístico. Los horarios específicos—vehículos livianos entre 6 AM y 2 PM, equipos pesados entre 6 AM y mediodía—no son simplemente restricciones climáticas, sino puntos de control que permiten a Vialidad Provincial y fuerzas de seguridad riojanas monitorear cada movimiento.

El transporte de personal tiene autorización especial para salir a las 5 AM, una excepción que sugiere coordinación directa entre la empresa y autoridades riojanas. Para el regreso, los horarios son más generosos (7 AM a 2 PM), pero con cláusula de emergencia climática que permite extensión hasta las 4 PM solo mediante autorización del Comité del Operativo Invierno—un organismo que, implícitamente, incluye funcionarios riojanos.

Más aún: la empresa aclaró que todos los permisos futuros de circulación deberán tramitarse por Vialidad Nacional considerando exclusivamente el ingreso por el corredor de Guandacol. Esto significa que La Rioja estableció una ruta única y controlada hacia el yacimiento, eliminando alternativas y consolidando su posición como «portero» obligado de la operación.

La estrategia política detrás de la normalización

El movimiento de Quintela es sofisticado políticamente. Obtuvo una victoria judicial contra San Juan (el cierre del 14 de abril) pero no la sostuvo de forma indefinida, evitando así ser catalogado como obstruccionista ante inversores internacionales. En cambio, la suspensión «provisoria» de la medida—que mantiene legal la posibilidad de volver a activarla—funciona como amenaza latente que disuade a Vicuña de incumplir los protocolos.

Simultáneamente, Quintela consiguió que una empresa multinacional negocie directamente con el gobierno provincial, legitimando a La Rioja como actor con poder de decisión sobre operación minera en la región, aunque el yacimiento esté en San Juan. Es una reconfiguración tácita de la relación de poder.

La Fiscalía de Estado presentó esto como «voluntad de negociación», pero también puede interpretarse como presión efectiva: Quintela demostró que podía paralizar la operación, por lo que la empresa decidió negociar en lugar de buscar conflicto prolongado con inversores internacionales molestos.

Contexto provincial: La Rioja y la minería

Este acuerdo sitúa a La Rioja en una posición particular dentro de la política minera nacional. La provincia no rechaza minería—acepta que Vicuña opere—pero establece que lo hace bajo condiciones riojanas. Es una postura que equilibra:

• Déficit fiscal: La Rioja necesita que proyectos mineros generen algún tipo de derrame o participación.
• Defensa ambiental: Mantiene control sobre corredor vial que permite supervisar movimiento de maquinaria y residuos.
• Soberanía provincial: Demuestra capacidad de negociación con actores internacionales sin necesidad de intermediación sanjuanina.

El Plan Invierno también es indicador de algo más profundo: que La Rioja ha institucionalizado su presencia sobre infraestructura compartida. No es una victoria territorial (no recuperó límites históricos), pero es una victoria operativa: control permanente sobre paso obligado.

La normalización del corredor de Guandacol es presentada públicamente como «fin del conflicto», pero políticamente es su transformación. Quintela no perdió el pulso con San Juan; lo convirtió en una negociación donde La Rioja participa en regulación de proyecto minero ubicado en territorio vecino.

El gesto de la empresa minera—presentar conjuntamente con el gobierno riojano una solicitud para suspender su propia derrota judicial—es indicio de cómo La Rioja ha consolidado posición: ya no es antagonista que bloquea, sino socio que regula.

Si bien los documentos no mencionan compensaciones económicas, el acuerdo implícitamente reconoce que La Rioja tiene poder de veto sobre acceso. Eso es activo político en contexto de crisis fiscal. Quintela usó tres semanas de cierre para transformar amenaza en institucionalización de control: el Plan Invierno 2026 no es medida temporal, es protocolo que permanecerá mientras Vicuña opere.

San Juan probablemente aceptó porque el costo político y operativo de conflicto prolongado era mayor que la ganancia de resistencia. Pero La Rioja extrajo su precio: participación permanente en regulación de operación minera regional, usando como instrumento aquello que San Juan más teme: interrupciones de flujo logístico hacia yacimiento.

Es victoria disfrazada de normalización. La Rioja permite que Vicuña opere, pero bajo condiciones donde La Rioja permanece como supervisor permanente del corredor. Eso cambia la ecuación de poder en la región.

El ministro de Minería sanjuanino cuestionó la decisión de cerrar el acceso de Guandacol. Quintela reactivó la disputa histórica sobre límites provinciales y jurisdicción territorial sobre la zona minera

El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, salió al contraataque contra las medidas adoptadas por La Rioja para frenar el acceso al proyecto Vicuña (Lundin Mining/BHP), asegurando que la decisión judicial riojana «no daña solo a San Juan, daña al país». Las declaraciones constituyen la respuesta directa a las acciones del gobernador Ricardo Quintela, quien mediante fallos judiciales riojanos logró interrumpir el uso del camino de Guandacol, acceso que la operadora minera utiliza para llegar al campamento Batidero ubicado en territorio sanjuanino.

Perea enfatizó que los conflictos interprovinciales de esta envergadura generan un mensaje negativo hacia inversores extranjeros. «Cuando pasan este tipo de situaciones, el mensaje que se da hacia afuera es muy negativo», sostuvo en declaraciones a medios locales. Su crítica trasciende la disputa bilateral y se proyecta hacia el posicionamiento de Argentina como destino minero internacional, una línea argumentativa que refleja la alarma que genera en San Juan la confrontación con La Rioja en torno a Vicuña.

La jurisdicción territorial como núcleo del conflicto

El punto de quiebre radica en una cuestión que excede lo puramente ambiental: la jurisdicción territorial. El camino de Guandacol, cuyos accesos están en territorio riojano, representa el paso obligado hacia el campamento Batidero, ubicado en San Juan. La Rioja ha argumentado que cualquier proyecto que afecte su territorio—incluyendo el acceso vial—requiere aprobación ambiental riojana, un criterio que San Juan rechaza.

Perea enfatizó que el proyecto Vicuña representa «inversiones millonarias y proyectos que generan trabajo y desarrollo». Sin embargo, omitió en sus declaraciones un aspecto central del planteo riojano: que el emprendimiento minero Vicuña/Josemaría, aunque ubicado en San Juan, impactaría sobre acuíferos y cuencas hídricas que se extienden hacia La Rioja. Este es el verdadero fondo de la disputa—no simplemente acceso vial, sino control sobre recursos hídricos compartidos.

Quintela reabre la cuestión de límites históricos

Simultáneamente a las críticas de Perea, el gobernador Ricardo Quintela reactivó una disputa histórica que había permanecido dormida: la revisión de los límites provinciales entre San Juan y La Rioja. Quintela argumentó que acuerdos sobre límites territoriales firmados durante gobiernos de facto carecen de legitimidad democrática y deberían ser reexaminados. Sumó además al debate la zona del Valle de la Luna, tradicionalmente considerada patrimonio cultural riojano pero territorialmente cuestionada en contextos de expansión minera sanjuanina.

Este movimiento de Quintela no es accidental. Al replantear límites históricos, La Rioja abre una discusión que trasciende Vicuña y posiciona el conflicto minero como parte de una reivindicación territorial más amplia. Es una estrategia que eleva el costo político de la negociación para San Juan, obligándolo a comprometerse no solo sobre Vicuña sino sobre cuestiones territoriales de largo plazo.

El fallo judicial riojano como herramienta política

El fallo judicial que ordenó frenar actividades vinculadas a Vicuña y prohibió el uso del camino de Guandacol fue presentado por Quintela como una victoria defensiva. Sin embargo, desde la óptica sanjuanina, constituye un bloqueo que pone en riesgo una inversión que Lundin Mining y BHP han valuado en miles de millones de dólares.

La exigencia de un estudio de impacto ambiental aprobado por La Rioja representa, en la práctica, un veto de facto sobre el proyecto. San Juan sostiene que tiene jurisdicción ambiental sobre territorio sanjuanino; La Rioja contrapone que los recursos hídricos compartidos le otorgan derechos sobre decisiones que afecten ecosistemas interprovinciales.

Impacto fiscal y político en La Rioja

Desde la perspectiva riojana, sin embargo, el cálculo es distinto. La Rioja enfrenta una crisis fiscal estructural que limita inversión pública, pero controla—mediante presión política y judicial—una variable crítica: el acceso territorial al proyecto. Esta capacidad de veto es, paradójicamente, uno de los pocos activos de negociación que La Rioja posee frente a San Juan en el contexto actual.

Quintela ha utilizado Vicuña como palanca política en múltiples frentes: frente a San Juan (presión por jurisdicción), frente al gobierno nacional (negociación por coparticipación y fondos ATN), y frente a su propia provincia (narrativa de defensa de recursos naturales contra provincias vecinas).

El conflicto también refleja asimetrías de poder. San Juan, con gobernador Sergio Uñac y apoyo presidencial histórico, puede hacer lobby internacional sobre Vicuña. La Rioja, con menores recursos políticos y económicos, usa el sistema judicial como contrapeso.

¿Qué está realmente en juego?

Perea aseguró que «nosotros sabemos hacer minería y queremos seguir creciendo con reglas claras». La frase resume el planteo sanjuanino: previsibilidad y seguridad jurídica para inversores. Pero La Rioja contrapone su propio planteo: seguridad sobre recursos hídricos, especialmente crítica en contexto de sequía histórica que afecta la provincia.

El proyecto Vicuña puede producir entre 400.000 y 600.000 toneladas anuales de cobre. Las implicaciones hídricas en zonas áridas como La Rioja son exponenciales. Un litro de agua destinado a minería es un litro que no está disponible para agricultura, ganadería o consumo humano en una provincia donde el estrés hídrico es realidad cotidiana.

El enfoque de Perea—»daña al país»—intenta elevar el conflicto desde lo provincial a lo nacional, sugiriendo que La Rioja está siendo parroquial y perjudicando inversión nacional. Sin embargo, La Rioja podría contra-argumentar: que defender recursos hídricos contra explotación minera especulativa también es «cuidar al país», especialmente frente a cambio climático e inseguridad hídrica creciente.

Lo notable es que Quintela ha logrado, mediante presión judicial, convertir el fallo en un instrumento político que trasciende Vicuña. Al replantear límites provinciales, La Rioja abre una negociación que obligaría a San Juan a concesiones más amplias que simplemente autorizar caminos de acceso. Es una estrategia de asimetría: San Juan quiere una solución rápida sobre Vicuña; La Rioja ofrece una solución lenta a cambio de reconfiguración territorial.

El ministro Perea probablemente tiene razón en que la tensión genera mensajes negativos a inversores. Pero desde La Rioja, ese «mensaje negativo» es exactamente el punto: que no hay línea segura entre conflicto minero y negociación política, que los recursos naturales riojanos no están en venta a velocidad sanjuanina, y que la provincia está dispuesta a frenar proyectos de magnitud internacional antes que ceder jurisdicción sobre agua. En crisis fiscal y ambiental, eso es la única moneda de cambio que La Rioja posee.

El gobernador riojano logró suspender la medida cautelar que impedía el tránsito hacia el campamento minero. Ahora busca compensaciones por el uso de territorio provincial y la construcción de una variante de Guandacol que transformaría la región.

La batalla del gobernador Ricardo Quintela contra el proyecto minero Vicuña rindió frutos, al menos en el corto plazo. Tras presentar una medida cautelar que bloqueó durante semanas el acceso al yacimiento de clase mundial ubicado en San Juan, logró forzar la suspensión de esa orden judicial y encaminar negociaciones que podrían posicionar a La Rioja en el mapa de la minería argentina. El proyecto, con una inversión comprometida de US$ 18.000 millones —prácticamente igual a la sumatoria de los otros 12 emprendimientos que aplicaron al régimen de incentivos mineros (RIGI)—, reinicia sus movimientos sobre la provincia después de semanas de parálisis.

La jugada riojana fue simple pero efectiva: la jueza María Greta Decker emitió un fallo prohibiendo el tránsito de vehículos vinculados a Vicuña con el argumento de la falta de estudios de evaluación ambiental. El motivo real era tan directo como sus alcances. «El proyecto utilizó durante 25 años el camino de La Rioja y nunca dejó un peso», cuestionó Quintela, haciendo referencia a que para llegar al campamento minero ubicado en San Juan hay que transitar «algunos kilómetros» por territorio riojano. La medida llevaba implícita una reivindicación: La Rioja reclama beneficios directos por ser el paso obligado de la operación.

El desbloqueo y las negociaciones

Hochstein, CEO de Lundin Mining (operadora de Vicuña), anunció que la medida cautelar fue suspendida. Pero ese desbloqueo no fue una victoria unilateral de la compañía. Según él mismo reconoció, «reiniciamos conversaciones con las autoridades provinciales de La Rioja para definir cómo avanzar con las actividades en la provincia, incluyendo la variante de Guandacol, oportunidades para empresas y trabajadores locales, y programas de capacitación vinculados al proyecto».

Esa mención a la «variante de Guandacol» es central en la estrategia riojana. Guandacol es la zona donde se encuentran los depósitos de cobre de clase mundial que La Rioja reclama como propios —territorio en litigio jurisdiccional con San Juan—. La variante de carretera que Vicuña construiría podría servir como infraestructura base para la explotación de esos recursos, transformando a La Rioja de mero «paso de tránsito» en participante activo de la cadena minera.

La inversión en infraestructura: quién financia qué

Hochstein reveló un detalle crucial: Vicuña destinará cerca de US$ 1.400 millones solo en infraestructura vial. Los trabajos comenzaron hace apenas una semana. Pero hay un asterisco importante: esa inversión se concentra en la provincia de San Juan y el conexionado con La Rioja. La pregunta que flota en las negociaciones es cuánto de esa inversión vial beneficiará territorio riojano.

«Estamos trabajando codo a codo con la provincia de San Juan en el desarrollo de carreteras y con las autoridades energéticas para asegurar el suministro», afirmó el CEO. La menciona a «autoridades energéticas» abre otro frente: la línea de alta tensión que alimentará el proyecto.

La puja por la electricidad

Si el acceso vial fue el primer conflicto, la línea de transmisión eléctrica es el segundo. Vicuña requiere una infraestructura de alta tensión que le garantice suministro estable. El proyecto pretende prioridad de uso hasta en un 90% de esa capacidad, pero la línea tendrá secciones nuevas y aprovechará parte de una línea ya existente. Eso genera rechazo de otras empresas mineras que también necesitan energía confiable en la región.

El ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) convocó una audiencia pública para el 3 de junio con el objetivo de resolver esas diferencias y permitir que las obras comiencen cuanto antes. Es un plazo que podría marcar el pulso del proyecto para el resto del año.

La carrera hacia la decisión final de inversión

Hochstein subrayó que Vicuña «está avanzando en la ingeniería necesaria para que nuestros accionistas puedan tomar una decisión final de inversión (FID) antes de fin de año». Eso significa que 2026 será «muy activo». La compañía está duplicando su equipo de ingeniería e intensificando la contratación de personal.

El FID es el punto de no retorno: una vez tomada esa decisión, los accionistas habrían aprobado entrar en construcción efectiva. Antes de eso, aún quedan pasos administrativos: la aprobación formal del RIGI es otro que podría traer «novedades» durante el año.

El precedente ecuatoriano y la promesa de impacto

Hochstein cerró su discurso en el Panorama Minero de San Juan con un ejemplo. Mencionó su experiencia en el proyecto ecuatoriano Fruta del Norte, donde la minería a escala generó cambios drásticos. «En la provincia donde operamos, los niveles de pobreza cayeron drásticamente: mientras otras provincias reducían la pobreza en menos de un 1%, en la nuestra cayó 13 puntos porcentuales». También destacó el rol de proveedores locales y la recaudación tributaria.

El paralelismo es deliberado: es la promesa que Vicuña está haciendo a La Rioja. El proyecto proyecta llevar la cifra de trabajadores en el sitio de «unos pocos cientos» a 7.000 personas. Eso representaría un impacto multiplicador en catering, alojamiento, transporte y servicios auxiliares. Es la compensación que Quintela negocia por el uso del territorio.

La hora riojana en la minería argentina

Mientras Catamarca y otras provincias avanzan en diversificación minero-energética, La Rioja ha visto sus oportunidades bloqueadas por conflictos jurisdiccionales. El caso Vicuña es emblemático: los depósitos de cobre de Guandacol son de escala mundial, pero permanecen paralizados por la disputa con San Juan. La variante de carretera y los proyectos de capacitación mencionados por Hochstein podrían ser los primeros pasos concretos hacia una reconfiguración del mapa minero nacional.

Pero eso dependerá de que La Rioja logre convertir su poder de veto territorial en poder de negociación económica. Por ahora, el bloqueo funcionó. La pregunta que define el 2026 es si Quintela puede convertir ese poder en beneficios concretos para la provincia: empleo local, retención de ingresos fiscales y control sobre infraestructura de clase mundial.

EL DATO: La Rioja fue la única provincia que frenó judicialmente a Vicuña mediante medida cautelar. Mientras San Juan celebra el proyecto como «verdaderamente emocionante», Quintela instrumentalizó su rol de «paso obligado» para negociar compensaciones. Hochstein confirmó que las «conversaciones se reiniciaron», lo que implica que el bloqueo cumplió su función: obligar a Lundin Mining a reconocer a La Rioja como actor con poder de decisión sobre un proyecto de US$ 18.000 millones.

El presidente lanzó desde el avión presidencial un nuevo régimen de inversiones que amplía las ventajas del RIGI original y alcanza sectores que nunca tuvieron programa de promoción. La medida llega cuando La Rioja acumula una exclusión histórica del régimen de incentivos y enfrenta una profunda crisis fiscal que requiere de inversión privada urgente.

El presidente Javier Milei anunció hoy una «SÚPER RIGI» —denominación que utiliza para un régimen de incentivos tributarios mejorado respecto al original— que será enviada al Congreso en las próximas semanas. El anuncio, realizado a través de su cuenta en X, promete beneficios superiores a los del RIGI vigente y una cobertura sectorial sin precedentes en Argentina.

Según la descripción presidencial, el nuevo régimen permitirá la creación de «nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos» con capacidad de «multiplicar la cantidad de empleos». Sin embargo, los detalles técnicos aún no han sido revelados.

El antecedente de La Rioja con el RIGI

La provincia de La Rioja nunca fue incluida en el RIGI original, diseñado por el gobierno nacional a partir de 2024. Esta omisión representó una barrera estructural para proyectos mineros en expansión —como el complejo de litio de Lundin Mining en Vicuña, enfrentado judicialmente con San Juan— y para iniciativas en energías renovables, como el Parque Eólico Arauco, que enfrenta dificultades financieras.

La exclusión reflejó tensiones políticas entre el gobierno provincial del peronista Ricardo Quintela y la administración libertaria de Milei, así como decisiones fiscales que privilegiaron provincias mineras «consolidadas» como Catamarca y Jujuy.

Potencial para La Rioja

De concretarse una «SÚPER RIGI» con alcance nacional —algo que aún no ha sido confirmado formalmente— podría reposicionar a La Rioja en el mapa de inversiones mineras y energéticas. La provincia cuenta con:

• Reservas de litio y cobre en la cordillera, parcialmente superpuestas con conflictos interprovinciales
• Potencial eólico y solar significativo, con proyectos como Arauco que requieren estabilidad regulatoria
• Vacío de inversión privada generado por la crisis fiscal provincial, que ha contraído empleo formal privado

Sin embargo, expertos señalan que un régimen tributario favorable sin resolución de conflictos judiciales (como el de Vicuña) o sin marcos institucionales claros podría tener impacto limitado.

El contexto fiscal provincial

La provincia atraviesa una profunda contracción económica. Datos recientes muestran que La Rioja es la única provincia argentina cuya pobreza se ha agravado durante 2024-2025, alcanzando 36,7%, junto con caídas pronunciadas en consumo, registraciones vehiculares y empleo privado formal. Una nueva ventana de inversiones podría ser crítica para revertir esta tendencia.

Próximos pasos

El Gobierno nacional deberá enviar el proyecto al Congreso en los próximos días. Su tratamiento legislativo enfrentará preguntas sobre costos fiscales, alcance geográfico y sectores beneficiarios, especialmente en provincias como La Rioja que históricamente han quedado excluidas de programas de promoción minero-energética.

La Dirección General de Minería, a cargo de Florencia Olivera Butel, dispuso la inscripción de las manifestaciones «Belle» de la firma riojana, que abarcan los departamentos Rosario Vera Peñaloza, General Lamadrid, General San Martín y Vinchina. En paralelo, se aprobó la mensura de la mina «La Dorita» de Kallpa SAPEM y un nuevo cateo de Arturo Teodoro Karagozlu en Chilecito.

El mapa minero riojano suma capítulos. La Dirección General de Minería de La Rioja, a cargo de la ingeniera Florencia Olivera Butel, ordenó publicar en el Boletín Oficial los edictos correspondientes a once manifestaciones de descubrimiento de litio y potasio presentadas por la firma Litios del Oeste S.A., que en conjunto suman una superficie de protección superior a las 50.000 hectáreas distribuidas en cuatro departamentos del oeste y norte provincial.

Se trata de los proyectos identificados como «Belle 1», «Belle 2», «Belle 7», «Belle 8», «Belle 9», «Belle 12», «Belle 14», «Belle 16», «Belle 17», «Belle 18» y «Belle 21», todos correspondientes al año 2025 y registrados como sustancias de primera categoría —litio y potasio diseminados— en los términos del Código de Minería.

Geografía del litio: cuatro departamentos en juego

El grueso de las manifestaciones de Litios del Oeste S.A. se concentra en el departamento Rosario Vera Peñaloza, donde la firma activó nueve áreas de protección de 5.000 hectáreas cada una (Belle 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17 y 18), todas vinculadas a cateos previos del año 2023 que ahora avanzan a la etapa de manifestación de descubrimiento.

A esa concentración se suman dos proyectos satelitales: «Belle 1», graficado en el departamento Vinchina, con una superficie libre acotada de 807 hectáreas —resultante de la superposición parcial con la mina Aguamarina I, a nombre de Hernán Antonio Vera—, y «Belle 2», en el departamento General Lamadrid, con cerca de 5.000 hectáreas que incluyen el atravesamiento de la Servidumbre de Camino «Potro I» a nombre de Rioex S.A. La manifestación «Belle 21» se extiende en zona límite entre los departamentos Rosario Vera Peñaloza y General San Martín.

Lo que dispone la Dirección de Minería

En todos los casos, las disposiciones firmadas por la Dra. Olivera Butel —y refrendadas por la escribana Agustina N. Delgado, Directora de Escribanía de Minas— ordenan los mismos pasos: registro en el protocolo respectivo, publicación de edictos por tres veces en el lapso de quince días en el Boletín Oficial, fijación del cartel en la pizarra de la Dirección y un llamado por sesenta días para que terceros que se consideren con derecho puedan deducir oposiciones, conforme al artículo 66 del Código de Minería.

La autoridad minera también dispuso la inclusión de cada registro en el Padrón Minero, con la exención del pago del canon minero por tres años prevista en el artículo 224 del Código, y advirtió que el plazo de cien días para ejecutar la Labor Legal correrá desde el día siguiente al registro, bajo apercibimiento de caducidad del derecho. Los concesionarios tendrán además treinta días posteriores al vencimiento de esa labor para solicitar la pertenencia correspondiente, según los artículos 67 y concordantes del cuerpo legal.

Mensura de «La Dorita» para Kallpa SAPEM

En paralelo al avance de Litios del Oeste, la Dirección General de Minería aprobó la petición de mensura de la mina «La Dorita», solicitada por la sociedad estatal Kallpa SAPEM en el departamento General Lamadrid, mediante la Disposición D.G.M. Nº 109/26 del 30 de marzo.

El área de protección de esta manifestación se extiende sobre 4.857 hectáreas y 3.882,74 metros cuadrados y se ubica dentro del cateo «Nueve» (Expte. Nº 06-K-2023), también titularidad de Kallpa SAPEM. La mensura quedó alcanzada por las servidumbres de camino «Chola 1» (Rioex S.A.) y «Las Pailas» (E.M.S.E.). El titular fue emplazado por cinco días para designar perito, en los términos del artículo 27 del Código de Procedimiento Minero.

Un nuevo cateo en Chilecito

A las novedades en el corredor del litio se suma el permiso de exploración y cateo «Nick 8», otorgado provisoriamente a Arturo Teodoro Karagozlu mediante la Disposición D.G.M. Nº 125/26. La solicitud, graficada en los departamentos Chilecito y Coronel Felipe Varela, abarca 7.581 hectáreas y comprende sustancias de primera y segunda categoría.

En este caso, los edictos deberán publicarse dos veces en el espacio de diez días —régimen abreviado para los cateos— y se otorgará un plazo de veinte días para deducir oposiciones. La Dirección emplazó al solicitante a presentar el Informe de Impacto Ambiental previsto en el artículo 251 del Código de Minería dentro de los treinta días siguientes a su notificación.

Una provincia atravesada por la fiebre del litio

La acumulación de actos administrativos en la cartera minera provincial confirma el dinamismo del sector en La Rioja, especialmente en el corredor del litio que se extiende por Rosario Vera Peñaloza, General Lamadrid y General San Martín. La estrategia de Litios del Oeste S.A. —avanzar simultáneamente sobre once manifestaciones derivadas de cateos de 2023— delinea un portfolio territorial robusto que, de superar la etapa de oposiciones y cumplir con la Labor Legal, podría consolidarse en un mosaico de pertenencias mineras de escala industrial en una de las provincias del triángulo del litio argentino.

Una infografía oficial de la Secretaría de Minería de la Nación basada en su Cartera de Proyectos confirma que La Rioja no integra el mapa de inversiones declaradas, en un universo de 37 emprendimientos por más de US$61.000 millones distribuidos en nueve provincias. La provincia vecina San Juan, donde se desarrolla el megaproyecto Vicuña-Josemaría en zona limítrofe en disputa, concentra por sí sola el 54% del capital comprometido.

El relevamiento oficial del Estado nacional sobre la cartera de proyectos mineros volvió a poner en evidencia un dato que la dirigencia política riojana viene relativizando hace una década: La Rioja está fuera del mapa de la inversión minera argentina. La infografía difundida por la Secretaría de Minería de la Nación sobre la base de su Cartera de Proyectos no incluye a la provincia entre las nueve jurisdicciones donde se localizan los 37 emprendimientos en distintas fases de desarrollo, que totalizan una inversión declarada de US$61.145 millones.

El podio nacional lo encabeza con holgura San Juan, que concentra US$33.000 millones distribuidos en 8 proyectos —el 54% del capital total comprometido en el país—, seguida por Salta con 11 proyectos por US$14.600 millones y Catamarca con 8 proyectos por US$8.000 millones. Más atrás aparecen Jujuy (3 proyectos, US$2.500 millones), los desarrollos compartidos entre Salta y Catamarca (2 proyectos, US$1.500 millones), Mendoza, Río Negro, Santa Cruz y Chubut, todas con cifras menores. La Rioja, en cambio, no figura siquiera con una unidad simbólica.

La paradoja de Vicuña-Josemaría

El dato cobra particular relevancia política si se observa que el ranking sanjuanino se infla con el proyecto Vicuña-Josemaría, el desarrollo cuprífero impulsado por la joint venture entre Lundin Mining y BHP que se localiza en una zona cuya jurisdicción es disputada por La Rioja. La provincia que gobierna Ricardo Quintela sostiene que el yacimiento se encuentra en territorio riojano y reclama la soberanía fronteriza apoyándose en cuestionamientos a la Ley 18.004, sancionada bajo la dictadura de Onganía, que fijó los límites con San Juan.

El conflicto escaló judicialmente en los últimos meses con la decisión de la jueza chileciteña María Greta Decker, que dispuso la suspensión del acceso por la Ruta Provincial 506 mientras se resuelve la cuestión limítrofe. La pulseada se trasladó también al plano administrativo, con cuestionamientos al permiso de la DIA ambiental y declaraciones cruzadas entre CASEMI, Vicuña Corp. —cuyo country manager es José Luis Morea— y los pobladores de General Lamadrid, que reclaman participación en los beneficios del eventual desarrollo.

El factor RIGI y la decisión política

La ausencia de La Rioja en el mapa de inversiones mineras no responde únicamente a la geografía o a la disputa con San Juan. Pesa también la decisión política del gobierno provincial de no adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) establecido por la Ley Bases del gobierno de Javier Milei, una herramienta que las jurisdicciones competidoras —en particular Catamarca y San Juan— sí incorporaron a su matriz normativa para captar capital de riesgo a gran escala.

La negativa riojana al RIGI se inscribe en la confrontación más amplia que el gobernador Quintela mantiene con la administración nacional por la coparticipación federal y por el rumbo del modelo económico libertario. Pero el costo de esa posición política se refleja con nitidez en la cartera de proyectos: mientras Catamarca y San Juan exhiben US$41.000 millones combinados de inversión declarada en una región geológicamente continua con La Rioja, la provincia de Quintela queda fuera del flujo.

La sombra de Famatina

A los factores políticos coyunturales se suma una herencia más profunda: la consolidación de una matriz social y judicial reactiva a la actividad minera tras los conflictos de Famatina, que entre 2007 y 2012 pusieron a la provincia en el centro del debate ambiental nacional. Aquella experiencia decantó en una Ley de prohibición de la minería a cielo abierto con uso de cianuro y en una cultura de movilización comunitaria que aún hoy condiciona cualquier intento de avance sobre proyectos metalíferos. La Rioja construyó así, durante más de una década, una identidad provincial articulada en torno a la «no minería» que hoy choca con la realidad de tener vecinos —Catamarca al norte, San Juan al sur— que avanzan exactamente en la dirección contraria.

Catamarca: el espejo incómodo

La comparación con Catamarca resulta particularmente elocuente. La provincia que gobierna Raúl Jalil comparte con La Rioja características demográficas, territoriales y geológicas, pero exhibe 8 proyectos en cartera por US$8.000 millones, una cifra equivalente al 13% del capital minero declarado a nivel nacional. La divergencia estructural entre ambas provincias —que el economista riojano José Nicolás Casas viene documentando con datos de exportaciones y empleo registrado— encuentra en este mapa una expresión gráfica difícil de discutir: dos jurisdicciones con condiciones de partida similares y trayectorias económicas que se separan en la dirección que marca el capital extractivo.

El dato político de cara a 2027

La ausencia de La Rioja en la cartera oficial de proyectos mineros se convierte en un dato político de primera magnitud en la antesala del ciclo electoral 2027. La provincia enfrenta el desafío de financiar su estructura estatal en un contexto de caída sostenida de las transferencias automáticas —que acumularon una pérdida real del 6,4% en el primer cuatrimestre de este año— y con un default vigente del Parque Eólico Arauco que mantiene activa la litigiosidad financiera en tribunales federales de Estados Unidos. En ese cuadro fiscal cerrado, el horizonte minero aparece como la única vía concreta de generación de divisas que sus provincias vecinas ya están transitando.

La Rioja: una decisión que se paga en dólares

Para el gobierno provincial, el mapa difundido por la Secretaría de Minería expone con crudeza el costo de oportunidad de las decisiones políticas adoptadas en los últimos años. Mientras San Juan se prepara para recibir más de US$33.000 millones de inversión declarada en sus yacimientos cupríferos —algunos de ellos en zona reclamada por La Rioja—, la provincia riojana no logra siquiera un proyecto simbólico que la incorpore al cuadro nacional. La discusión sobre el límite con San Juan, sobre la adhesión al RIGI y sobre la herencia de Famatina ya no es solo un debate ideológico: es la diferencia entre estar adentro o afuera del único flujo de capital extranjero significativo que registra hoy la economía argentina.

El ministro Federico Bazán aclaró que la disputa territorial con San Juan corre por una vía política y legal independiente; la prioridad inmediata con la empresa es la obra del bypass y el empleo local.

En el marco de las negociaciones para normalizar la actividad minera en el oeste provincial, el Gobierno de La Rioja marcó una distinción estratégica fundamental: los reclamos por límites territoriales y regalías no forman parte de la mesa de trabajo con la empresa Vicuña. Según explicó el ministro de Industria, Federico Bazán, estos temas «van por otro carril» estrictamente político y legal.

Respecto al conflicto de límites con la provincia de San Juan, el funcionario fue categórico al señalar que la discusión no involucra a la firma minera y advirtió que «La Rioja no va a renunciar a esa discusión». En la misma línea, situó el debate por las regalías como un derivado de la cuestión jurisdiccional, separándolo de los compromisos operativos que se le exigen al proyecto Vicuña.

Ejes prioritarios de la mesa técnica

Más allá de la disputa soberana, la Provincia fijó condiciones claras para que el gobernador Ricardo Quintela formalice un acuerdo con el CEO de la empresa, José Morea, el próximo 11 de mayo:

• Infraestructura en Guandacol: Se exige el inicio inmediato de la obra del bypass vial, un compromiso asumido por la empresa hace tiempo y que es vital para la seguridad y tranquilidad de los vecinos del departamento General Felipe Varela.
• Monitoreo Ambiental Participativo: La Rioja busca crear mecanismos de control donde la comunidad y el Estado puedan auditar los resultados ambientales mensualmente.
• Empleo y Formación: El objetivo es que la nómina de trabajadores vinculados al proyecto pertenezca mayoritariamente a la zona de influencia. Para ello, se implementará un plan de capacitación conjunto que adapte los perfiles locales a los requerimientos técnicos de la mina.

Un modelo de minería con «adhesión social»

Desde el Ejecutivo provincial recalcaron que la meta final de estas gestiones no es solo la reactivación económica, sino garantizar que la actividad minera cuente con la adhesión de las comunidades.

«La minería tiene que generar muchos puestos de trabajo y ser participativa», concluyó Bazán, reafirmando que la transparencia en los controles y el beneficio directo para los proveedores y trabajadores riojanos son los pilares que permitirán avanzar en el acuerdo por escrito con la empresa.

El intendente Hugo Páez confirmó que el encuentro se realizará el 11 de mayo; buscan acelerar obras de infraestructura y garantizar empleo local.

Luego de jornadas de extrema tensión que mantuvieron bloqueada la Ruta 506, el conflicto minero en el departamento General Felipe Varela comenzó a destrabarse. El intendente Hugo Páez anunció formalmente que, tras gestiones del Ejecutivo provincial, se logró abrir una instancia de diálogo con la empresa Vicuña, lo que derivó en el levantamiento inmediato de las medidas de fuerza en la zona.

La noticia fue comunicada a Páez por el ministro de Trabajo, Empleo e Industria, Federico Bazán, quien confirmó que los representantes del proyecto minero —encabezados por el directivo Morea— mantendrán una reunión formal con el Gobierno de la Provincia el próximo lunes 11 de mayo.

Los ejes de la negociación

El encuentro del lunes será determinante para resolver los puntos que originaron el malestar en la comunidad de Guandacol. Según precisó el jefe comunal, la agenda oficial se centrará en tres pilares:

• Infraestructura vial: Se buscará acelerar los procesos de licitación para la construcción del bypass de Guandacol, una obra largamente reclamada para desviar el tráfico pesado.
• Mano de obra riojana: Se discutirá la integración efectiva de trabajadores locales en las diversas áreas operativas de la mina, priorizando la capacitación de los habitantes del departamento.
• Resolución judicial: Ambas partes abordarán el reciente fallo judicial que tensó la relación entre la empresa y la provincia, con el objetivo de retomar el esquema de trabajo previo al paro.

Normalización de la actividad y alivio regional

Con el cese del corte de ruta, se espera un alivio inmediato para el comercio y la vida social de la región. «La gente de Guandacol va a entrar en una tranquilidad que los tenía tremendamente preocupados», señaló Páez, quien además ordenó que la empresa Magiora retome de forma urgente el mantenimiento de la Ruta 506 ante el inminente incremento del flujo vehicular.

Por su parte, los trabajadores de la zona expresaron su esperanza ante la oficialización de las mesas de diálogo. Juan Carlos Alaniz, referente de Guandacol, ratificó en declaraciones radiales el fin del bloqueo y subrayó que la medida fue una respuesta extrema ante la falta de canales de comunicación previos con la administración provincial.

Proyecciones para el departamento

De cara al futuro, el intendente Páez manifestó su optimismo sobre el impacto económico del proyecto:

«Ojalá que los beneficios para esta zona sean importantes para tener una mayor proyección en infraestructura y beneficios institucionales que vayan directamente a segmentos de mucha necesidad como Salud y Educación».

Se espera que tras la reunión del 11 de mayo se normalice definitivamente el recorrido hacia la mina Vicuña y se consolide el desarrollo económico local que el sector minero promete para el oeste riojano.

Lundin Mining anticipa el cierre de la batalla judicial por la Ruta 506 y el bypass a Guandacol, mientras abre nuevas negociaciones con Quintela sobre desarrollo minero. El comunicado marca un giro en la relación entre la empresa y la provincia tras meses de injunciones que frenaron el acceso al yacimiento Josemaría.

Vicuña reiniciará los trabajos en la ruta provincial 506 y el bypass hacia Guandacol una vez que la orden judicial que lo impide sea dejada sin efecto, según informó la empresa operadora del proyecto Josemaría en un comunicado emitido desde San Juan el 30 de abril. Aunque el anuncio evita mencionar explícitamente el conflicto interprovincial que estancó la infraestructura vial, la aseveración marca un punto de inflexión en la larga batalla por acceso al yacimiento de cobre más importante de Cuyo, que enfrenta a La Rioja contra San Juan desde hace años.

Lundin Mining, casa matriz de Vicuña, destaca el compromiso del gobierno de Quintela con el tratamiento de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), un requisito ambiental cuyo procesamiento ha permanecido estancado mientras la provincia procesaba las disputas jurisdiccionales que derivaron en la injunción judicial sobre la Ruta 506. La empresa indica que completará el mantenimiento del camino y continuará la licitación para la circunvalación, proceso en el que ya participan empresas riojanas que esperan las oportunidades de empleo que generaría la etapa de construcción.

El contexto es crucial: desde 2024, La Rioja ha librado una batalla judicial contra San Juan por la competencia territorial sobre Ley 18.004, un instrumento normativo dictado durante la dictadura de Onganía que vincula las provincias a través del límite de la cuenca hídrica. Los juzgados de Chilecito emitieron injunciones que paralizaron toda actividad en el tramo riojano de la Ruta 506, asfixiando la única vía de acceso al yacimiento. La disputa no es meramente administrativa: refleja la pugna entre dos provincias por capturar las rentas de uno de los mayores proyectos mineros de inversión extranjera en el país, en un contexto donde ambas reclaman jurisdicción ambiental y tributaria.

El comunicado de Vicuña introduce un elemento nuevo: la apertura a explorar «oportunidades de desarrollo minero» con el gobierno de La Rioja. Esto sugiere que la empresa está construyendo una salida política que incluya a Quintela en la gobernanza del proyecto, posiblemente mediante acuerdos de empleo local, capacitación de proveedores y, potencialmente, incentivos fiscales provinciales. Las «próximas semanas» de reuniones en La Rioja anunciadas por Vicuña pueden señalar que las partes buscan resolver la disputa jurisdiccional mediante una arquitectura de negociación que incluya tanto a la provincia como a las comunidades afectadas.

La dimensión nacional es tan importante como la provincial. Josemaría representa casi USD 4.000 millones en inversiones proyectadas y podría transformar el mapa de exportaciones de Argentina en cobre. Su parálisis impacta directamente en los objetivos macroeconómicos del gobierno Milei, que requiere captura de divisas por inversión minera. La ausencia de La Rioja en el régimen de Incentivo a Grandes Inversiones Mineras (RIGI)—un punto de fricción con Martín Menem en la Cámara de Diputados—contrasta con esta apertura de Vicuña, sugiriendo que el gobierno nacional y la empresa ven en Quintela un interlocutor viable para destrabar el proyecto.

Los números de empleo que Vicuña menciona son modestos comparados con la escala del proyecto, pero significativos para Chilecito y Guandacol: la circunvalación generará puestos en construcción y servicios; la operación minera requiere cientos de profesionales. Sin embargo, para La Rioja—una provincia donde la coparticipación federal ha caído en términos reales y la pobreza se ha profundizado—el verdadero desafío será extraer rentas sostenibles del proyecto. La historia de minería en Argentina ofrece pocas garantías de que los beneficios económicos fluyan hacia la provincia donde se extrae el mineral.

El silencio sobre San Juan en el comunicado de Vicuña es elocuente. La disputa jurisdiccional entre ambas provincias no desaparecerá con la reanudación de obras; la injunción judicial que paraliza la Ruta 506 seguirá activa hasta que los juzgados la revoquen. Esto implica que existe un acuerdo de facto—o una expectativa próxima—entre La Rioja y San Juan sobre cómo resolver la competencia territorial. Si ese acuerdo existe, su contenido permanece en la sombra.

Para Quintela, los beneficios políticos son claros: demostrar que puede negociar con actores nacionales e internacionales, generar empleo en una provincia que sufre desocupación, y capturar rentas que financien su gobierno en un contexto de austeridad fiscal. Pero también está el riesgo: si el acuerdo favorece demasiado a San Juan o si Josemaría se convierte en un proyecto extractivo sin captura real de valor para La Rioja, el gobernador pagará el costo político.

La próxima semana de reuniones entre Vicuña y el gobierno de Quintela será determinante. De esas conversaciones dependerá si el comunicado de hoy representa un verdadero reinicio o un ejercicio de comunicación política que mantiene la disputa viva en el plano institucional mientras Las Flores—el corazón del conflicto—permanece congelada. Para Argentina, la apuesta es más alta: un proyecto minero que pudiera transformar sus exportaciones, o una lección más sobre cómo la fragilidad institucional convierte el potencial económico en rentismo político.

La provincia rechaza el argumento de que los límites geográficos anulan responsabilidades sobre daños ambientales. Walter Gómez, titular de EMSE, advierte que la distancia entre territorios no elimina el alcance de un megaproyecto minero que «impacta hasta 50 kilómetros».

La Rioja no cede en su posición sobre el proyecto Vicuña. Mientras San Juan avanza con uno de los megaproyectos mineros más ambiciosos de América Latina, la provincia limítrofe mantiene una exigencia inflexible: que la empresa detrás de la iniciativa presente una evaluación de impacto ambiental que contemple específicamente los efectos sobre territorio riojano. El conflicto pone de relieve una tensión constitucional compleja: cuándo y cómo puede una provincia exigir información sobre proyectos desarrollados en otra jurisdicción cuando sus propios ecosistemas están en riesgo.

Walter Gómez, presidente de la empresa minera estatal riojana EMSE, fue categórico en sus declaraciones. Sostuvo que la provincia «nunca cambió las reglas de juego» y reiteró una posición que La Rioja ha defendido históricamente: la mera existencia de un límite geográfico no impide que un proyecto minero cause daños ambientales significativos en territorio adyacente. Para Gómez, esa lógica es insostenible desde el punto de vista de la ecología y la gobernanza ambiental. «Los límites de las provincias no obstaculizan el impacto ambiental en nuestro territorio», expresó con énfasis.

La brecha entre La Rioja y Vicuña S.A. se concreta en un documento que no llega. Según Gómez, la empresa aún no ha presentado los estudios que la provincia reclama. «No llegamos a un acuerdo porque no lo presentaron», dijo el funcionario. La omisión es particularmente significativa dado que el proyecto se encuentra a apenas unos cientos de metros del límite provincial. En ese contexto, el titular de EMSE recordó un dato que circula en los debates sobre impacto ambiental transjurisdiccional: el alcance de tales daños puede extenderse hasta cincuenta kilómetros. Un parámetro que, si es asumido como estándar, deja a la provincia riojana completamente dentro de la zona de influencia del megaproyecto.

Gómez apeló a un principio de consistencia regulatoria que trasciende el caso particular de Vicuña. «Si no le pedimos a esta empresa el impacto ambiental, ¿cómo vamos a pedírselo a otras empresas?», cuestionó. La reflexión toca el corazón del problema: una eventual flexibilización de estándares para un proyecto de escala macroscópica establecería un precedente difícil de revertir para iniciativas futuras. Esto es especialmente relevante en una provincia donde la minería, junto con la energía, configura parte importante de la estructura económica y de las relaciones de poder con San Juan.

La Rioja también ha exigido históricamente que se realice mantenimiento de caminos como parte de la contrapartida de proyectos que generan movimiento de carga. Gómez fue claro: «Nosotros siempre exigimos los informes de impacto ambiental y que realicen la mantención de los caminos». Esa demanda refleja una lección aprendida en décadas de vinculación con la industria extractiva: sin compromisos explícitos sobre infraestructura y reparación de daños, las provincias quedan vulnerables a deterioro sin compensación.

La posición riojana adquiere relieve adicional cuando se considera el estado actual de la hidrogeología provincial. La Rioja depende de acuíferos y cursos de agua que, en algunos casos, son compartidos con San Juan o se encuentran en cuencas hidrográficas de alcance transjurisdiccional. Un proyecto de litio de envergadura como Vicuña, que demanda volúmenes significativos de agua, genera interrogantes que no pueden saldarse argumentando simplemente que todo ocurre del otro lado de una frontera administrativa. El impacto hídrico, en particular, desconoce límites políticos.

La empresa sanjuanina ha argumentado, en otros foros, que sus evaluaciones ambientales cumplen con los estándares nacionales y provinciales aplicables. Sin embargo, La Rioja sostiene que esos estándares, de suyo, son insuficientes si no contemplan específicamente los efectos transjurisdiccionales. En otras palabras: que Vicuña apruebe los trámites ante San Juan no responde a la pregunta de cuál será su huella ambiental en La Rioja. Son escalas distintas de análisis y de responsabilidad.

Gómez resaltó que la exigencia riojana forma parte de una política consistente de gobernanza. «Nunca cambiamos las reglas del juego», dijo, enfatizando que no se trata de una imposición caprichosa sino del mantenimiento de estándares que La Rioja aplica sin excepciones. Ese lenguaje —la apelación a la coherencia y la equidad regulatoria— busca desactivar eventuales argumentos de que la provincia está ejerciendo proteccionismo o caprichosidad política. Por el contrario, Gómez sugiere que es San Juan quien intenta esquivar responsabilidades que debería asumir.

El conflicto no es novedoso en la historia de relaciones entre provincias mineras adyacentes. Buenos Aires, Mendoza y otras jurisdicciones han enfrentado tensiones similares cuando los impactos de proyectos extractivos trascienden fronteras políticas. La Rioja, en este caso, busca adelantarse a daños potenciales exigiendo información de base que le permita tomar decisiones informadas. La pregunta de fondo es si esa potestad —la de exigir evaluaciones transjurisdiccionales— es reconocida o no como legítima en el ordenamiento federal argentino. Por ahora, La Rioja responde con persistencia.

El secretario de Gobierno de Chilecito, Ramón Carrizo, defendió la postura de Rodrigo Brizuela y Doria frente al desarrollo minero y el crecimiento regional. Propuso que la voluntad ciudadana sea la llave para resolver los debates estructurales de la provincia y frenar el éxodo juvenil.

En el marco de un profundo análisis sobre la realidad económica y social de la provincia, el secretario de Gobierno de Chilecito, Ramón Carrizo, puso sobre la mesa una herramienta clave para la resolución de conflictos históricos en La Rioja: la Consulta Popular.

Para el funcionario, la legitimidad de cualquier proyecto de gran escala, especialmente en materia de recursos naturales, no debe ser impuesta desde oficinas administrativas, sino que debe nacer del consenso directo de los habitantes de cada departamento.

Soberanía departamental y el rol del pueblo

Carrizo fue enfático al señalar que «no hay nada más sano» que permitir que la ciudadanía se exprese en las urnas sobre su modelo de desarrollo. Esta postura surge como respuesta a la histórica tensión entre la necesidad de recursos económicos y la protección del medio ambiente.

«Que la gente defina el destino de cada uno de los departamentos. No es una verdad superadora la mía; hay que sentarse a ver y escuchar a la gente», afirmó el secretario, subrayando que la decisión final debe estar en manos de quienes «ponen el cuero» día a día en el territorio.

Federalismo y presupuesto participativo

Otro de los ejes centrales de su discurso fue la necesidad de rediscutir la distribución de recursos en la provincia. Carrizo advirtió que, actualmente, el 90% de los recursos termina concentrado en la Capital, lo que provoca que los departamentos del interior se vuelvan cada vez más pequeños por la falta de inversión.

• Representación legislativa: Instó a que los diputados luchen por un presupuesto más participativo y federal que permita el crecimiento de todos los distritos.
• Éxodo de jóvenes: Señaló con preocupación que, al no haber oportunidades laborales en sus lugares de origen, la juventud emigra masivamente hacia los centros urbanos, un fenómeno que afecta a departamentos como Vinchina, Villa Unión y Villa Castelli.

La postura de Rodrigo Brizuela y Doria

Respecto a la figura del actual intendente de Chilecito, Carrizo desestimó cualquier acusación de «doble discurso» sobre la minería. Explicó que la gestión de Brizuela y Doria tiene una prioridad absoluta: la protección de la fuente de vida que representan los glaciares del Famatina, especialmente tras la reciente crisis hídrica.

«Una cosa es lo que él piensa y dice, y otra es la demanda social que tiene que atender como gobernante», explicó Carrizo. En este sentido, destacó que el intendente hoy goza de una imagen positiva superior a la de las últimas elecciones, producto de una gestión que «va y escucha» a la gente, buscando soluciones concretas al problema del empleo genuino.

Nancy Picón aprovechó el informe de gestión en la Cámara de Diputados para exigir definiciones al Gobierno Nacional sobre los límites interprovinciales. Advirtió que la postura de Ricardo Quintela genera incertidumbre en inversiones clave que ya aplican al RIGI.

En el marco del informe de gestión brindado este miércoles en la Cámara de Diputados, la legisladora por San Juan, Nancy Picón, llevó al recinto la preocupación por el creciente conflicto limítrofe con la provincia de La Rioja. La diputada cuestionó la «incertidumbre jurídica» que generan los recientes reclamos del gobierno riojano sobre territorios con potencial minero, un sector que se estima podría generar más de 13.000 puestos de trabajo.

Picón fue tajante al señalar que el sector político alineado con el kirchnerismo está «poniendo palos en la rueda», lo que retrasa tanto las definiciones en la Justicia como las decisiones finales de inversión de empresas que ya han aplicado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

«Hace unos días venimos atravesando un conflicto un poco serio con la provincia de La Rioja», advirtió Picón, recordando que las leyes nacionales 18.004 y 26.939 ya fijan los marcos normativos de los límites territoriales.

El pedido de definiciones al Ejecutivo

La legisladora sanjuanina solicitó precisiones sobre la postura del Gobierno Nacional respecto al reconocimiento de dichos límites y la protección de la seguridad jurídica para los inversores. Hasta pasado el mediodía de este miércoles, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no había respondido puntualmente a esta consulta, aunque se espera su pronunciamiento durante el resto de la sesión.

Cruces con el kirchnerismo y defensa de la gestión

Por su parte, Adorni utilizó su exposición para cargar contra el kirchnerismo, acusándolo de impulsar «operaciones golpistas» que obstaculizaron la reconstrucción económica del país. El funcionario defendió el plan económico de Javier Milei, destacando que la inflación descendió del 211% al 31% en el transcurso de dos años.

Asimismo, el jefe de Gabinete desestimó las acusaciones sobre su patrimonio y la participación de su esposa en viajes oficiales, calificándolas de «tendenciosas y falsas» y asegurando que la Justicia ya determinó la inexistencia de irregularidades.

El juez sanjuanino Daniel Castro fundamentó la cautelar otorgada a Vicuña Argentina S.A. invocando la jurisdicción exclusiva del Ministerio de Minería sanjuanino sobre el proyecto, vedó expresamente cualquier intervención de «jurisdicciones ajenas» y eximió a la empresa de presentar contracautela. La medida es provisoria mientras el Gobierno provincial sanjuanino envía la documentación que sustentará la sentencia definitiva, prevista en aproximadamente cinco días hábiles. La administración Quintela enfrenta un cuadro institucional crecientemente adverso.

La cautelar dictada por el juez sanjuanino Daniel Castro a favor de Vicuña Argentina S.A. —la sociedad que reúne a BHP y Lundin Mining para desarrollar el complejo cuprífero del Distrito Vicuña— configura una arquitectura jurídica más sofisticada que la sola garantía operativa que la empresa difundió en su comunicado original. El acceso al texto completo del fallo, conocido a través de un informe periodístico del Diario de Cuyo de San Juan, permite ahora desglosar con precisión técnica el alcance institucional de la decisión y proyectar las consecuencias específicas que tiene sobre la pulseada que sostiene la administración riojana de Ricardo Quintela.

El núcleo doctrinario del fallo descansa sobre una afirmación de jurisdicción exclusiva. El magistrado del Juzgado Multifuero de Primera Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial sanjuanina sostuvo que el proyecto Vicuña se encuentra autorizado por el Ministerio de Minería de San Juan en su carácter de autoridad de aplicación, y que es ese organismo —y ningún otro— el que tiene facultades para regular, controlar o eventualmente disponer medidas sobre la actividad. La fórmula opera como construcción jurídica que excluye institucionalmente a cualquier autoridad provincial vecina del control sobre la operación, fundamentando la prohibición sobre cualquier intento de obstrucción por parte de «terceros, públicos o privados».

El componente más severo del fallo desde el ángulo riojano es la advertencia explícita que el propio Castro formuló sobre las «interferencias externas». El juez sostuvo que existe «la posible injerencia de alguna medida o acción de jurisdicción ajena a la provincia», lo que justifica —según su criterio— la necesidad de «dar seguridad jurídica» a una empresa que opera bajo normas locales. La fórmula es jurídicamente significativa porque reconoce explícitamente la existencia de la cautelar que dictó la jueza riojana María Greta Decker contra el corredor logístico de Guandacol y construye sobre ese reconocimiento la legitimación de la cautelar sanjuanina como respuesta institucional defensiva.

La temporalidad operativa del fallo merece atención específica. La medida es provisoria y opera en el corto plazo, hasta que el Gobierno provincial sanjuanino envíe la documentación técnica que sustentará la sentencia definitiva del proceso. El propio juez Castro precisó al Diario de Cuyo que el plazo estimado para la recepción de la documentación de las autoridades de aplicación del Ejecutivo sanjuanino es de aproximadamente cinco días hábiles. El reloj judicial avanza, en consecuencia, con un calendario específico que el quintelismo deberá administrar con precisión técnica si pretende construir una defensa institucional efectiva.

La definición textual que el magistrado articuló sobre el sentido de la decisión sintetiza el cuadro completo. «La acción apunta a sacar dudas sobre la vigencia de las normas que rigen el emprendimiento. Es una acción para cesar la incertidumbre. Se tuvo en vista la inminencia», explicó Castro al medio sanjuanino. La fórmula confirma que el dispositivo judicial fue construido específicamente como respuesta a la cautelar riojana de Decker y que la urgencia procesal de la decisión se justificó en la inminencia del perjuicio económico que la operadora minera enfrentaría si los bloqueos cordilleranos se mantenían.

Un componente técnico-procesal del fallo merece destacarse por su relevancia: el juez sanjuanino eximió a la empresa de presentar contracautela. La definición es jurídicamente significativa porque la contracautela —garantía habitual que las medidas cautelares exigen para amparar al demandado en caso de que la decisión final del proceso le otorgue la razón— constituye uno de los componentes estructurales del régimen cautelar argentino. Su eximición fue justificada en la solvencia patrimonial de Vicuña Argentina S.A., dada por la condición de la empresa como sociedad participada por dos multinacionales mineras de magnitud global. La decisión facilita la aplicación inmediata de la cautelar sin requerir movilización adicional de recursos por parte de la operadora.

La construcción jurídica del fallo articula un argumento adicional que el quintelismo deberá considerar específicamente en su estrategia de respuesta. Castro fundamentó la cautelar invocando «la verosimilitud del derecho invocado y la necesidad de evitar perjuicios mientras se sustancia el proceso principal». La fórmula es la fórmula clásica del régimen cautelar argentino y se encuentra reconocida en la doctrina y la jurisprudencia tanto provincial como nacional. La verosimilitud del derecho —no la certeza del derecho— habilita la cautelar en el corto plazo, sin que ello implique resolución definitiva del conflicto de fondo. Sin embargo, en términos operativos cotidianos, la distinción entre «verosimilitud» y «certeza» se diluye: durante los plazos del proceso, la operación continúa amparada por la decisión judicial.

Para la administración Quintela, el cuadro técnico que abre el fallo Castro requiere respuesta institucional precisa. Las opciones procesales disponibles son varias y deberán articularse en paralelo. La primera es la apelación del fallo sanjuanino, que requeriría la intervención de un tribunal de alzada provincial sanjuanino —jurisdicción donde la administración riojana opera con desventaja institucional natural por tratarse de territorio jurídico ajeno—. La segunda es la presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene competencia originaria sobre los conflictos entre provincias según el artículo 117 de la Constitución Nacional y podría dirimir definitivamente la pulseada interjurisdiccional. La tercera es la articulación de nuevos planteos administrativos y judiciales en jurisdicción riojana que reafirmen las pretensiones provinciales sobre la afectación ambiental del corredor logístico.

La dimensión federal del conflicto adquiere ahora visibilidad ampliada. La pulseada entre dos cautelares provinciales que se contradicen entre sí —una riojana que ordena suspender el tránsito y la operación, una sanjuanina que prohíbe cualquier interferencia sobre la operación— configura un cuadro institucional que difícilmente pueda resolverse sin intervención del máximo tribunal nacional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispondrá, eventualmente, de la última palabra sobre la articulación entre el dominio originario provincial sobre los recursos naturales —establecido en el artículo 124 de la Constitución— y las competencias provinciales en materia ambiental y de policía interna sobre territorio propio.

El cuadro político específico en que se inscribe la pulseada agrega capas adicionales de complejidad. La administración Quintela atraviesa simultáneamente la confrontación con la Casa Rosada por las transferencias coparticipables, la demora en la efectivización del adelanto del Decreto 219/2026, el lanzamiento presidencial de cara a 2027 con el operativo del 1° de Mayo en Parque Norte, y la pelea sucesoria interna que el secretario general Ricardo Herrera intenta contener. La adición de un nuevo frente de conflicto institucional —la pulseada judicial sanjuanina por el Distrito Vicuña— exhibe que el oficialismo provincial deberá administrar tensiones múltiples sin disponer de los recursos políticos y financieros que un cuadro provincial más estable garantizaría.

La estrategia política sanjuanina merece análisis específico. La administración del gobernador Marcelo Orrego —del PRO, alineado con La Libertad Avanza— logró articular un dispositivo institucional que le permite simultáneamente proteger el principal vector de inversión extractiva proyectado para su provincia y construir un argumento federalista específico. La defensa del proyecto Vicuña se inscribe en la doctrina del «dominio originario» provincial sobre los recursos naturales, lo que permite a Orrego aparecer como defensor de las prerrogativas provinciales sin alinearse con el modelo de empresas públicas riojano que el oficialismo libertario nacional cuestiona. La operación es políticamente sofisticada y construye al cuadro de la pulseada con La Rioja como expresión legítima del federalismo argentino.

Para Vicuña Argentina S.A. y para BHP y Lundin Mining como accionistas controlantes, el fallo configura un respiro estratégico significativo. La operación del proyecto puede continuar mientras el conflicto judicial se sustancia, lo que protege el cronograma de inversiones de aproximadamente 18.000 millones de dólares que la operadora tiene previstos para los próximos años. La eximición de la contracautela facilita el despliegue inmediato del amparo judicial, y la fundamentación técnica del fallo construye un precedente que la empresa podrá invocar en eventuales procesos posteriores ante otras jurisdicciones provinciales.

La pregunta que queda planteada para el próximo ciclo procesal es cómo evolucionará la pulseada en los próximos cinco días hábiles, plazo durante el cual el Ejecutivo sanjuanino deberá enviar la documentación técnica que sustentará la sentencia definitiva. Si la documentación llega prolijamente y el juez Castro confirma la cautelar mediante sentencia de fondo, la posición de Vicuña se consolidará durante el período inmediato y la administración Quintela deberá considerar definitivamente la presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación como vía de resolución institucional. Si, en cambio, surgen dificultades en la presentación de la documentación o el proceso se demora por motivos administrativos sanjuaninos, el quintelismo dispondrá de tiempo adicional para articular su propia estrategia procesal y eventualmente acumular argumentos jurídicos adicionales en defensa de las pretensiones riojanas. Mientras tanto, el Distrito Vicuña continúa operando institucionalmente bajo dos jurisdicciones que se contradicen explícitamente entre sí, configurando uno de los conflictos federales más significativos de la coyuntura argentina actual.

La compañía oficializó mediante edictos publicados en el Boletín Oficial provincial las solicitudes formales de descubrimiento de litio y potasio en seis cateos identificados como Belle 1, Belle 2, Belle 7, Belle 8, Belle 12, Belle 14 y Belle 21. Las áreas de protección suman aproximadamente 30.000 hectáreas distribuidas en tres departamentos del oeste y sur provincial. La operación se inscribe en el avance del litio como vector económico estratégico de La Rioja, en paralelo al megaproyecto cuprífero del Distrito Vicuña.

La empresa Litios del Oeste S.A. avanzó esta semana con la oficialización pública de seis manifestaciones de descubrimiento de litio y potasio en territorio riojano mediante la publicación de los edictos correspondientes en el Boletín Oficial de la Provincia. Los expedientes —tramitados ante la Dirección General de Minería provincial bajo la conducción de la directora Florencia Olivera Butel— configuran un avance institucional significativo del proyecto litífero de la compañía, que opera con cateos previamente registrados y ahora pasa a la fase de manifestación de descubrimiento, paso clave dentro del proceso minero argentino.

La nómina de proyectos involucrados en la operación abarca seis denominaciones específicas. Las manifestaciones identificadas como «Belle 1» (Expediente 110-L-2025), «Belle 2» (Expediente 108-L-2025), «Belle 7» (Expediente 118-L-2025), «Belle 8» (Expediente 119-L-2025), «Belle 12» (Expediente 124-L-2025), «Belle 14» (Expediente 126-L-2025) y «Belle 21» (Expediente 133-L-2025) constituyen el conjunto de áreas que la compañía solicita registrar formalmente en el Padrón Minero provincial. Cada una corresponde a cateos previos del año 2023 que ahora avanzan a la siguiente etapa procesal.

La distribución geográfica de las manifestaciones exhibe un despliegue territorial específico dentro de la provincia. El proyecto Belle 1 se ubica en el departamento Vinchina —en el extremo noroeste cordillerano de La Rioja—, las manifestaciones Belle 7, Belle 8, Belle 12, Belle 14 y Belle 21 se concentran en el departamento Rosario Vera Peñaloza —en el sur provincial—, mientras Belle 2 se localiza en el departamento General Lamadrid, también del oeste cordillerano. La diversificación territorial sugiere una estrategia exploratoria que busca identificar diferentes cuencas con potencial de mineralización litífera dentro del territorio provincial.

La superficie acumulada bajo área de protección minera alcanza una magnitud relevante. Cada manifestación de Rosario Vera Peñaloza cuenta con aproximadamente 5.000 hectáreas de área protegida según las coordenadas Gauss Krügger Posgar 94 establecidas en los edictos, y Belle 1 en Vinchina tiene una superficie libre de 807 hectáreas adicionales tras la superposición parcial con la mina Aguamarina I. La sumatoria total del área comprometida supera las 30.000 hectáreas, configurando un universo significativo de tierras provinciales bajo expectativa de desarrollo litífero.

El cuadro técnico-jurídico que enmarca la operación requiere precisión específica. Las manifestaciones de descubrimiento constituyen el segundo paso del proceso minero argentino tras los cateos exploratorios iniciales. El cateo —regulado por el Código de Minería de la Nación— habilita la exploración del subsuelo durante un período determinado; cuando la compañía detecta mineralización potencialmente económica, presenta la manifestación de descubrimiento que registra el hallazgo y abre el plazo para constituir la mina propiamente dicha. Tras la manifestación, la empresa dispone de cien días para ejecutar la Labor Legal —según el artículo 68° del Código de Minería— y posteriormente treinta días adicionales para solicitar la pertenencia correspondiente.

La sustancia involucrada en el conjunto de manifestaciones es uniforme: litio y potasio, ambas clasificadas como sustancias de primera categoría en el Código de Minería argentino. El litio constituye en este momento uno de los recursos minerales de mayor demanda mundial vinculado al desarrollo de la electromovilidad, las baterías recargables y la transición energética global. La Argentina integra junto a Bolivia y Chile el llamado «Triángulo del Litio» sudamericano, que concentra una proporción significativa de las reservas mundiales del mineral.

La inserción de La Rioja en la cartografía nacional del litio merece atención específica. Si bien la provincia no ha sido históricamente protagonista del desarrollo litífero argentino —concentrado tradicionalmente en Salta, Jujuy y Catamarca—, los cateos del oeste cordillerano riojano vienen recibiendo atención exploratoria creciente como fronteras potencialmente productivas. El último relevamiento de proyectos RIGI del economista Ramiro Castiñeira ubicó a Pozuelos Pastos Grandes con 4.200 millones de dólares y al proyecto Rincón con 2.700 millones como los principales emprendimientos litíferos del país, todos en el norte argentino. Las manifestaciones de Litios del Oeste S.A. en La Rioja exhiben que la frontera exploratoria avanza también hacia el centro-oeste de la cordillera.

La temporalización del avance institucional del proyecto coincide con un cuadro político específico. La administración Quintela viene articulando un modelo minero que combina la presencia activa del Estado provincial mediante Kallpa SAPEM —empresa minera estatal—, la Ley provincial de Glaciares que protege zonas cordilleranas sensibles, y el rechazo a adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que impulsa la administración Milei. En ese cuadro, las manifestaciones de Litios del Oeste avanzan dentro del marco normativo provincial regular, sin los beneficios fiscales del RIGI nacional pero con el cumplimiento de las disposiciones del Código de Minería argentino.

El régimen del canon minero contempla una particularidad fiscal relevante para las nuevas manifestaciones. Según el artículo 224° del Código de Minería, las manifestaciones de descubrimiento gozan de exención del pago del canon minero por un período de tres años desde su registro, lo que opera como incentivo administrativo para que las empresas avancen con la formalización de los hallazgos. Las manifestaciones Belle de Litios del Oeste S.A. integran formalmente esa franquicia, lo que reduce el costo regulatorio inicial del proyecto durante la fase de Labor Legal.

Otro componente significativo del expediente Belle 2 en General Lamadrid merece destacarse. El edicto correspondiente informa que dentro del área solicitada «atraviesa la Servidumbre de Camino, Potro I, Expte. N° 87-R-2025 a nombre de Rioex S.A.». La existencia de la servidumbre vincula al proyecto con otra operación minera en la misma zona, configurando una geografía donde múltiples actores privados coexisten con derechos legítimos sobre territorio cordillerano. La articulación entre las distintas servidumbres y los nuevos derechos mineros configurará uno de los aspectos técnicos a resolver en los próximos meses.

Para los habitantes de los departamentos involucrados —Vinchina, Rosario Vera Peñaloza y General Lamadrid—, los edictos abren la posibilidad de presentar oposiciones formales dentro de los plazos legales establecidos. El artículo 66° del Código de Minería habilita un período de 60 días para que cualquier persona que se considere con derecho legítimo pueda deducir oposiciones a las manifestaciones registradas. Las comunidades originarias, los propietarios de tierras superficiales y otros titulares de derechos sobre el territorio involucrado disponen de ese plazo para canalizar institucionalmente cualquier reclamación.

La pregunta que queda planteada es cómo se integrará Litios del Oeste S.A. en el modelo minero riojano que la administración Quintela viene construyendo. Los puntos de articulación posibles son varios: la asociación operativa con Kallpa SAPEM como empresa minera provincial, el cumplimiento de los requisitos ambientales que exige la Ley provincial de Glaciares para zonas cordilleranas sensibles, la generación de empleo local en los departamentos involucrados y la integración con el sistema productivo regional. La maduración de los proyectos Belle —que actualmente se encuentran en fase de manifestación de descubrimiento— deberá transitar varios años de exploración avanzada, factibilidad técnica, evaluación ambiental y eventual construcción antes de configurar producción comercial. Mientras tanto, las publicaciones edictales que se acaban de oficializar configuran el primer paso institucional formal hacia la consolidación de un nuevo polo litífero en territorio riojano.

Fuente:

La empresa minera —sociedad entre BHP y Lundin Mining— consiguió este martes una resolución del Juzgado de Primera Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial sanjuanina que impide a «cualquier tercero, público o privado», obstruir o suspender las operaciones del megaproyecto. La medida exceptúa explícitamente a las autoridades sanjuaninas. La decisión judicializa institucionalmente la pulseada interjurisdiccional con la administración Quintela.

La empresa Vicuña Argentina S.A. —sociedad que reúne a las multinacionales BHP y Lundin Mining para desarrollar el complejo cuprífero del Distrito Vicuña en la cordillera sanjuanina— obtuvo este martes 28 de abril una resolución cautelar de los tribunales provinciales de San Juan que garantiza la continuidad operativa del proyecto minero y desafía institucionalmente el bloqueo judicial que la justicia riojana había dictado sobre el corredor logístico hacia el yacimiento Josemaría. La decisión, comunicada por la propia compañía mediante un comunicado oficial difundido este mismo día, configura el primer movimiento judicial defensivo del proyecto frente a la ofensiva de la administración riojana de Ricardo Quintela.

El núcleo técnico-jurídico del fallo sanjuanino exhibe una arquitectura específica. Según el comunicado emitido por Vicuña, la cautelar fue dictada por un juzgado de primera instancia con competencia multifuero de Primera Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial sanjuanina, y «se hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la compañía, que garantiza la continuidad de las operaciones en el proyecto minero Vicuña». La fórmula utilizada por la justicia sanjuanina es directa y operativamente potente: «Esta medida precautoria impide que cualquier tercero, público o privado, con excepción de las autoridades de la provincia de San Juan, pueda obstruir o suspender la continuidad operativa del proyecto, dado que se encuentra habilitado por la autoridad de aplicación correspondiente, esto es, el Ministerio de Minería de la Provincia de San Juan».

La definición incluye un componente jurídico técnicamente significativo. La cautelar sanjuanina invoca la condición de «habilitación» del proyecto por parte del Ministerio de Minería provincial sanjuanino como fundamento legal para garantizar la continuidad operativa. La fórmula configura una cláusula de protección administrativa basada en la autoridad jurisdiccional del ámbito donde se localiza el yacimiento —San Juan— frente a interferencias de jurisdicciones vecinas que pretenderían condicionar la operación. La excepción explícita a las «autoridades de la provincia de San Juan» mantiene la potestad regulatoria provincial sobre el proyecto sin abdicar de las competencias administrativas locales.

El comunicado de la empresa también reconoce con precisión los antecedentes que motivaron la solicitud cautelar. «Vicuña fue notificada de parte de una resolución judicial emitida en la provincia de La Rioja referida a restricciones de tránsito por una ruta provincial y a la suspensión de las actividades que realiza el proyecto minero Vicuña», precisa el texto, en referencia explícita a la cautelar dictada en su momento por la jueza riojana María Greta Decker que paralizó el corredor logístico que vincula Guandacol con el yacimiento Josemaría a través de territorio provincial. La compañía agregó que «el equipo legal de la empresa está actualmente analizando el alcance y las implicaciones de esa decisión».

La temporalización del fallo sanjuanino merece ser leída en perspectiva política. La resolución se conoce a 24 horas del lanzamiento presidencial de Ricardo Quintela en Parque Norte, en un momento en que la pulseada entre La Rioja y San Juan por el Distrito Vicuña se había transformado en una de las marcas distintivas del armado nacional del gobernador riojano. La definición judicial sanjuanina opera como contraataque institucional que despliega la administración Marcelo Orrego y, simultáneamente, como mensaje político: la confrontación interjurisdiccional ya no se procesa solo en el plano discursivo entre gobernadores sino que avanza hacia una verdadera guerra de cautelares cruzadas entre las dos jurisdicciones.

El cuadro institucional que se configura tiene componentes técnicamente complejos. Por un lado, la cautelar riojana —dictada por la jueza Decker— ordena la suspensión del tránsito a través de territorio provincial y la paralización de actividades del proyecto en zonas que la administración riojana considera bajo su jurisdicción ambiental. Por el otro, la cautelar sanjuanina —ahora obtenida por Vicuña— impide que cualquier tercero obstruya la continuidad operativa del proyecto en función de la habilitación administrativa otorgada por las autoridades sanjuaninas. La superposición de mandatos judiciales contradictorios genera un escenario de incertidumbre jurídica que probablemente requerirá intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para resolverse definitivamente.

La definición operativa de Vicuña en el comunicado completa el cuadro estratégico. «Vicuña continúa operando en pleno cumplimiento del marco legal aplicable, priorizando la seguridad y la continuidad operativa, al tiempo que impulsa las acciones legales e institucionales correspondientes para normalizar plenamente el acceso a las operaciones», precisa el texto. La fórmula transmite tres mensajes simultáneos: la operación continúa pese al bloqueo riojano, la empresa cumple los marcos legales aplicables, y se mantienen abiertas las gestiones judiciales para desactivar las restricciones impuestas por la justicia riojana.

El fundamento jurídico del fallo sanjuanino reposa en una doctrina constitucional de larga tradición argentina. El artículo 124 de la Constitución Nacional reserva a las provincias el dominio originario sobre los recursos naturales en su territorio, lo que respalda la potestad sanjuanina sobre los yacimientos del Distrito Vicuña localizados en su jurisdicción. La oposición riojana —fundada en la afectación ambiental que el corredor logístico produciría sobre territorio provincial— se inscribe en una doctrina diferente sobre la jurisdicción ambiental compartida. La tensión entre ambas doctrinas configura el componente jurídico de fondo del conflicto.

Para San Juan, la decisión judicial tiene importancia estratégica específica vinculada al desarrollo del modelo extractivista provincial. El gobernador Marcelo Orrego ha venido apostando políticamente al Distrito Vicuña como vector central de la matriz productiva sanjuanina hacia 2030, con inversiones proyectadas de 18.000 millones de dólares por parte de BHP y Lundin Mining, generación de aproximadamente 6.000 empleos en el pico de obra y 800 puestos operativos permanentes, y un horizonte de 70 años de explotación con flujo asociado de regalías mineras. Cualquier paralización efectiva del proyecto por interferencia jurisdiccional ajena pondría en riesgo el conjunto del modelo provincial.

Para La Rioja, la respuesta judicial sanjuanina constituye un contratiempo táctico específico. La administración Quintela había logrado convertir el bloqueo del corredor logístico en una pieza central de su estrategia política: presión sobre la operadora minera para forzar Declaración de Impacto Ambiental ante autoridades riojanas, exigencia de «silla en la mesa» de la renta del proyecto, articulación con la creación de Kallpa SAPEM como herramienta provincial, y construcción de un relato federalista que el gobernador despliega en su campaña presidencial. La cautelar sanjuanina contraataca cada uno de esos componentes mediante un dispositivo institucional que la administración riojana deberá ahora desactivar judicialmente o ver erosionar su efectividad operativa.

La pregunta que queda planteada es cómo se resolverá el conflicto de cautelares cruzadas en el corto plazo. Las opciones técnicas son múltiples: la administración riojana puede solicitar la apelación de la cautelar sanjuanina por incompetencia jurisdiccional, la empresa puede plantear la cuestión ante la Corte Suprema mediante una acción declarativa que dirima el conflicto entre jurisdicciones provinciales, o ambas administraciones pueden eventualmente articular una salida negociada que reconozca las competencias respectivas y establezca un esquema de coordinación operativa. Mientras tanto, el Distrito Vicuña continúa siendo el campo de batalla concreto donde se dirime el modelo de federalismo minero argentino y, simultáneamente, una pieza simbólica relevante en la pulseada política entre la administración Quintela y el oficialismo libertario nacional que aspira a sostener el flujo de inversiones extractivas como uno de los pilares de la promesa exportadora del gobierno de Javier Milei.

Datos del consultor Ramiro Castiñeira sobre la Secretaría de Hacienda (MECON) y el Banco Central revelan que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones llegó a 99,3 mil millones de dólares en proyectos a abril de 2026, con 27,3 mil millones ya aprobados. San Juan lidera con 30,3 mil millones, Neuquén suma 24 mil millones y Río Negro 19 mil millones. La Rioja —cuyo gobernador Ricardo Quintela rechazó adherir al régimen— no figura en el listado.

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el gobierno de Javier Milei como uno de los pilares de su modelo macroeconómico, llegó a los 99,3 mil millones de dólares en proyectos de inversión a abril de 2026, según un relevamiento del economista Ramiro Castiñeira difundido en redes sociales sobre datos del Ministerio de Economía de la Nación y del Banco Central de la República Argentina. La cifra incluye 27,3 mil millones ya formalmente aprobados con beneficios fiscales en marcha y otros 72 mil millones en evaluación administrativa.

El dato más relevante para el periodismo riojano es por elimación: La Rioja no figura en ninguna de las dos categorías. La provincia gobernada por Ricardo Quintela mantuvo durante todo el período una posición de no adhesión al régimen, lo que la excluye automáticamente del beneficio. El contraste con sus vecinas resulta contundente: Catamarca registra 9,8 mil millones de dólares en proyectos RIGI, Salta acumula 8,4 mil millones y San Juan encabeza el ranking nacional con 30,3 mil millones.

La distribución provincial del régimen exhibe una concentración significativa en pocas jurisdicciones. San Juan, Neuquén y Río Negro suman entre las tres unos 73 mil millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 73% del total nacional. La conjunción es lógica desde el ángulo geológico: San Juan concentra los megaproyectos de cobre del Distrito Vicuña, Neuquén capitaliza el desarrollo de Vaca Muerta, y Río Negro suma proyectos vinculados al gas de esquisto y a la minería metalífera. La especialización extractivista del RIGI queda en evidencia.

El segundo bloque de provincias —Catamarca, Salta y Buenos Aires— concentra inversiones por unos 21,6 mil millones combinados, también con anclaje extractivista pero con perfil más diversificado. El relevamiento específico de proyectos de litio que difundió Castiñeira completa el cuadro: Pozuelos Pastos Grandes encabeza la nómina con 4,2 mil millones de dólares, Rincón suma 2,7 mil millones, Cauchari Olaroz y Jama Solaroz registran 1,2 mil millones cada uno. El total del litio bajo RIGI alcanza 9,6 mil millones en evaluación y otros 3,5 mil millones aprobados, configurando una matriz de inversión que se concentra geográficamente en el triángulo Catamarca-Salta-Jujuy.

La ausencia de La Rioja en el mapa del RIGI tiene una explicación política precisa. La adhesión al régimen fue una de las cuatro condiciones que la Casa Rosada exigió al gobernador Quintela como contrapartida de un adelanto coparticipable de 85 mil millones de pesos solicitado por la administración provincial. El paquete incluyó también la sanción de la Boleta Única, la incorporación de representantes de La Libertad Avanza al Tribunal de Cuentas provincial y nombramientos del espacio libertario en la Justicia riojana. Quintela rechazó las condiciones, y la asistencia financiera quedó congelada.

La decisión política tiene, sin embargo, un costo económico mensurable que el relevamiento de Castiñeira pone en perspectiva. Mientras Catamarca —vecina riojana con la que comparte estructura geológica cordillerana similar— captura 9,8 mil millones de dólares en proyectos, La Rioja queda excluida de la captación de inversiones que la propia geografía provincial podría sostener. Los yacimientos riojanos del oeste cordillerano, particularmente en el sistema del Famatina y en zonas limítrofes con San Juan, ofrecen potencial geológico comparable al de provincias que sí están capitalizando el régimen.

Conviene precisar el funcionamiento técnico del RIGI para entender lo que La Rioja se está perdiendo. El régimen, aprobado por la Ley 27.742 de Bases en julio de 2024, ofrece a proyectos de inversión superiores a 200 millones de dólares un paquete de beneficios que incluye estabilidad fiscal y aduanera por 30 años, alícuotas reducidas de Impuesto a las Ganancias, exenciones a las retenciones a las exportaciones después del tercer o cuarto año, y libre disponibilidad de divisas en porcentajes crecientes según el tiempo transcurrido. La estructura fue diseñada específicamente para atraer megaproyectos extractivistas, energéticos e industriales a gran escala.

El análisis político del fenómeno expone una decisión estratégica deliberada por parte del gobierno provincial riojano. Quintela ha sostenido públicamente que el modelo extractivista puro no genera empleo significativo y que el desarrollo minero debe combinar exploración, extracción y agregación de valor en origen. «El problema de la minería está en la política extractivista, que no genera mucho trabajo. Pero si le agregamos valor al metal, seguramente va a haber mucho más empleo», planteó el gobernador en una entrevista reciente con Víctor Hugo Morales en AM 750.

La construcción de Kallpa SAPEM —la empresa estatal minera provincial— y la Ley provincial de Glaciares aprobada por la Legislatura riojana operan en la misma dirección estratégica: privilegiar la presencia del Estado provincial en la cadena minera, restringir actividades en zonas ambientalmente sensibles y forzar a las inversiones privadas a negociar condiciones que excedan las que ofrece el RIGI nacional. Es un modelo conceptualmente distinto al que aplican las provincias mineras alineadas con la Casa Rosada.

Para Castiñeira, el dato global es leído como evidencia del éxito del modelo macroeconómico Milei. «El RIGI ya es la mayor ola de inversión desde la década de los 90, pero con el objetivo de armar una plataforma exportadora que llenará de dólares Argentina», planteó el economista. La proyección oficial, según el mismo análisis, ubica al 2026 como «el año de USD 100 mil x 3»: 100 mil millones de exportaciones, 100 mil millones de inversiones RIGI y 100 mil millones de ahorro fiscal acumulado en tres años de equilibrio.

La pregunta que queda planteada para La Rioja es si la apuesta de Quintela por un modelo alternativo encontrará tracción concreta en los próximos años. El gobernador acaba de lanzar su candidatura presidencial en Parque Norte el 1° de Mayo, con una agenda que opone «valor agregado» a «primarización», «federalismo» a «centralismo» y «Estado fuerte» a «Estado mínimo». Si esa narrativa logra capturar electorado nacional rumbo a 2027, el costo económico de la ausencia del RIGI se transformará en activo político. Si no, La Rioja deberá explicar a sus ciudadanos por qué quedó fuera del mapa de los 100 mil millones de dólares mientras provincias vecinas capitalizan el régimen para construir las plataformas productivas de la próxima década.

El Distrito Vicuña —complejo de cobre, oro y plata que en La Rioja califican como «Vaca Muerta del cobre», con una inversión proyectada de 18.000 millones de dólares por BHP y Lundin Mining— se transformó en el epicentro de un choque entre los gobernadores Ricardo Quintela y Marcelo Orrego. Una medida cautelar firmada por la jueza riojana María Greta Decker bloqueó la vía logística por territorio provincial, mientras Quintela exige Declaración de Impacto Ambiental propia y una «silla en la mesa» de la renta minera. San Juan denuncia «aduanas internas encubiertas» y los inversores internacionales miran con preocupación.

La Rioja convirtió esta semana al megaproyecto Vicuña en el principal frente de pulseada con San Juan y, por elevación, con la administración nacional de Javier Milei. El gobernador Ricardo Quintela endureció su postura sobre el complejo de cobre, oro y plata que las multinacionales BHP y Lundin Mining proyectan desarrollar en la cordillera sanjuanina con una inversión de 18.000 millones de dólares, mientras una medida cautelar firmada por la jueza riojana María Greta Decker paralizó el tránsito logístico hacia el yacimiento Josemaría a través de territorio provincial.

La premisa con la que el mandatario riojano construye su reclamo desafía la interpretación tradicional de la propiedad de los recursos naturales en el federalismo argentino. Para Quintela, la existencia de una frontera política no puede eximir a las empresas mineras de su responsabilidad con las comunidades que prestan infraestructura crítica para que el negocio resulte viable. El gobernador ha planteado que su provincia no aceptará el rol pasivo de simple zona de tránsito para una riqueza que se exportará por miles de millones de dólares mientras deja a su paso únicamente desgaste vial y presión sobre los recursos hídricos superficiales.

La definición tiene anclaje territorial concreto. La zona de Guandacol —en el oeste riojano, departamento Felipe Varela— constituye actualmente la vía principal para el tránsito logístico hacia el complejo Vicuña, hasta tanto la compañía culmine la traza definitiva por San Juan. El flujo cotidiano de maquinaria pesada, camiones de gran porte y movimiento de personal altera la dinámica social y ambiental de una región riojana que históricamente ha sido escenario de tensiones entre desarrollo productivo, escasez hídrica y reclamos comunitarios. La situación coloca a la provincia en el papel paradójico de soportar el costo logístico de un proyecto cuya renta principal capturará San Juan.

Las exigencias concretas del gobierno riojano configuran un esquema de «coparticipación minera de hecho». Quintela reclama que la operadora BHP-Lundin Mining presente una Declaración de Impacto Ambiental propia ante las autoridades riojanas —ignorando los permisos ya otorgados por San Juan en el yacimiento—, que se establezcan convenios con proveedores locales y que la provincia disponga de una silla en la mesa de decisiones y, fundamentalmente, en la distribución de la renta del proyecto. La creación de la empresa estatal Kallpa SAPEM y la articulación con cámaras empresariales locales operan como herramientas complementarias del dispositivo.

La cifra clave que dimensiona el conflicto es la inversión total proyectada: 18.000 millones de dólares. El proyecto demandará alrededor de 4.000 trabajadores durante la fase de construcción —con un pico de 6.000 en el momento de mayor obra—, otros 800 puestos para la operación corriente, y una rueda de proveedores que multiplica los empleos indirectos. La vida útil estimada del yacimiento ronda los 70 años, lo que convierte el flujo de regalías en un horizonte de varias décadas. Para provincias estructuralmente dependientes de la coparticipación federal —como ambas— el cobre del Distrito Vicuña representa el equivalente al «agua bendita» en términos económicos.

La respuesta sanjuanina ha sido frontal. El gobernador Marcelo Orrego calificó la situación como «ataque directo a la seguridad jurídica y la Constitución Nacional» y denunció que el reclamo riojano configura una «maniobra de presión política» que utiliza el bloqueo logístico como herramienta de extorsión. La administración sanjuanina sostiene que la propiedad de los recursos del subsuelo pertenece exclusivamente a la jurisdicción donde se encuentran emplazados —en este caso, los yacimientos Josemaría y Filo del Sol están dentro del territorio sanjuanino—, y argumenta que ceder ante las pretensiones riojanas sentaría un precedente peligroso para el federalismo argentino, habilitando «aduanas internas encubiertas» bajo argumentación ambiental.

La medida cautelar dictada por la jueza María Greta Decker constituye el dispositivo institucional con el que La Rioja convirtió el reclamo político en obstáculo operativo. La paralización del tránsito logístico hacia Josemaría por territorio provincial obliga a la operadora a depender exclusivamente de las vías sanjuaninas, en un momento en que esas trazas todavía no están plenamente operativas. El cuadro técnico se complicó la semana pasada cuando San Juan rescindió el contrato con la empresa que había ganado la licitación para construir la traza definitiva, tras varios traspiés en la ejecución, lo que demora aún más la solución alternativa al corredor riojano.

El componente jurídico-constitucional del conflicto resulta especialmente complejo. La Constitución Nacional reconoce a las provincias el dominio originario sobre los recursos naturales en su territorio (artículo 124), lo que respalda la posición sanjuanina sobre los yacimientos. Pero también garantiza la libre circulación de mercancías por el territorio nacional (artículo 9 a 12), prohibiendo expresamente las aduanas interiores. La controversia se ubica en el cruce entre ambas disposiciones: hasta qué punto una provincia puede invocar la protección ambiental de su territorio para condicionar el tránsito logístico de un proyecto cuya explotación se realiza en jurisdicción vecina.

El conflicto encendió las alarmas en el sector financiero internacional en un momento particularmente sensible. El cobre dejó de ser un simple metal industrial para convertirse en recurso estratégico global, vinculado a la transición energética, la electrificación del transporte y la expansión de redes eléctricas. El Distrito Vicuña constituye una de las pocas fronteras mineras del planeta capaces de aportar el volumen necesario para abastecer esa demanda creciente. La inestabilidad generada por el choque interprovincial dispara el «riesgo país minero» precisamente cuando la Argentina aspira a posicionarse en el tablero internacional del cobre, junto a Chile, Perú y otros polos productores.

Las herramientas con las que Orrego respondió incluyen la movilización de sus equipos legales hacia las máximas instancias judiciales, denunciando que La Rioja está intentando legislar y juzgar sobre actividades que ocurren fuera de su territorio. El planteo sanjuanino busca llevar el caso eventualmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde podría dirimirse el componente constitucional del conflicto. La instancia federal sumaría otra causa al expediente abierto entre ambas provincias y la Casa Rosada, en un momento en que La Rioja ya litiga ante el máximo tribunal por las transferencias coparticipables retenidas por la administración Milei.

Para Quintela, el conflicto se inscribe en una estrategia más amplia. El gobernador acaba de blanquear su candidatura presidencial para 2027 y prepara su lanzamiento formal el 1° de Mayo en Parque Norte. La disputa con San Juan opera, en ese marco, como caso testigo del modelo económico que el quintelismo pretende instalar nacionalmente: redistribución de la renta extractivista, valor agregado en origen, federalismo efectivo y rol activo del Estado provincial frente a las multinacionales. La frase del propio gobernador en una entrevista reciente —»el problema de la minería está en la política extractivista, que no genera mucho trabajo. Pero si le agregamos valor al metal, seguramente va a haber mucho más empleo»— sintetiza el marco conceptual del reclamo.

La pregunta de fondo es si el conflicto encontrará una salida negociada antes de que erosione gravemente la posición argentina como destino de inversión minera. La administración Milei tiene incentivos políticos contradictorios: por un lado, necesita que el Distrito Vicuña avance para sostener el flujo de divisas que demanda el modelo macroeconómico; por el otro, no dispone de margen político para favorecer abiertamente a Quintela —su principal opositor peronista— en un litigio interprovincial. El desenlace dependerá de la capacidad de los gobernadores para encontrar un esquema de coordinación que reconozca los intereses de ambas provincias sin paralizar el proyecto, o de la intervención de la Justicia federal con un fallo que fije reglas estables para futuras disputas similares en el desarrollo minero argentino.