Mientras el gobierno de Ricardo Quintela avanza con una ley que da rango universitario a los institutos provinciales y deja abierta la puerta a una universidad propia, la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) ya existente enfrenta el ajuste presupuestario de Nación y una interna por la reelección de su conducción. Un sector del quintelismo mira a la rectora, Natalia Albarez Gómez, como una posible carta de renovación para 2027
LA RIOJA.- La Legislatura de La Rioja sancionó por unanimidad la nueva Ley de Educación Superior durante la décima sesión ordinaria del 141° Período Legislativo, presidida por la vicegobernadora Teresita Madera, junto con otras tres normas: la Ley de Seguridad Pública y de Convivencia Ciudadana (aprobada por mayoría), la Ley de Bioconstrucción y el aporte extraordinario de 29 empresas para financiar los comedores escolares entre septiembre y diciembre. La sanción se dio en el mismo tramo del año en que la única universidad nacional radicada en la provincia denuncia un fuerte ajuste presupuestario y atraviesa, además, una interna por la reforma de su Estatuto. El resultado es un tablero educativo con varias capas políticas superpuestas: la agenda provincial que impulsa el gobernador Ricardo Quintela, el ajuste que golpea a la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) y una pulseada interna, dentro del propio oficialismo, por la conducción de esa universidad.
La secretaria de Gestión Educativa, Zoraida Rodríguez, y el diputado provincial Luis Rojo, presidente de la Comisión de Educación, explicaron los alcances de la nueva norma provincial. En paralelo, la rectora de la UNLaR, Natalia Albarez Gómez, expuso el ajuste presupuestario que atraviesa la universidad nacional, en un momento en que su propia gestión también quedó en el centro de una discusión política sobre la reelección.
La apuesta provincial: institutos con rango universitario
La nueva ley, impulsada por el Gobierno provincial, otorga carácter universitario a los institutos de formación docente y técnica de La Rioja. “Primero, el reconocimiento estratégico que se da al nivel superior. Este salto cualitativo que va a hacer la provincia teniendo estos institutos también con carácter universitario”, sostuvo Rodríguez, quien señaló que la norma responde a un pedido expreso del gobernador Ricardo Quintela e incluyó la modificación de 13 diseños curriculares para la formación docente y técnica.
La funcionaria explicó que uno de los ejes centrales es la implementación de carreras cortas vinculadas al perfil socioproductivo de cada departamento, como la tecnicatura en Guardaparque de Vinchina, pensada para el Parque Nacional Talampaya, o la futura tecnicatura en Energía Solar en Aimogasta. También destacó que la ley crea un Consejo Jurisdiccional con representatividad de cada región y anticipó que está próxima la firma de un convenio con la propia UNLaR para que los cuatro años cursados en los institutos cuenten hacia una licenciatura universitaria. “Siempre decimos que es un salto cualitativo tener esta ley de educación provincial, como también la tiene Córdoba”, sostuvo.
Sin arancelamiento, pero con la puerta abierta a una universidad provincial propia
Rojo, quien presidió el trabajo en comisión, afirmó que la norma crea, por primera vez, un marco regulatorio propio para el nivel superior que no existía en la provincia, tras un proceso de tres años con equipos técnicos del Ministerio de Educación y todos los institutos. “Esto es crear un marco normativo, algo que el nivel superior dentro de nuestra provincia no lo tenía”, sostuvo, y descartó que la ley habilite el cobro de aranceles: “No está contemplado dentro de esta ley el arancelamiento”, aseguró.
El dato político más fuerte que dejó el diputado es que la ley no se agota en darle rango universitario a los institutos existentes: también deja el marco normativo para crear, en el futuro, una universidad provincial propia. “En un futuro, cuando nosotros hablamos en un futuro, también permite la creación de una universidad provincial dentro de esta ley”, afirmó Rojo, quien aclaró que hoy no están dadas las condiciones presupuestarias para sostenerla, pero remarcó el punto central: a diferencia de la UNLaR, esa universidad tendría “financiamiento propio, por fuera de la órbita del presupuesto nacional”, como ya ocurre en Santa Fe o Córdoba.
El otro frente: el ajuste nacional golpea a la UNLaR
Ese último punto -un financiamiento propio, no atado al presupuesto nacional- cobra otro sentido a la luz del escenario que describió la rectora de la UNLaR. Natalia Albarez Gómez calificó como un golpe duro la reducción del presupuesto universitario nacional para 2027 y sostuvo que la discusión de fondo no es presupuestaria: “La discusión no es una discusión de números, no es una discusión de más o menos presupuesto, es una discusión de futuro. Esa es la discusión que debemos dar: qué país, qué provincias, qué municipios queremos”, afirmó.
Los números respaldan la advertencia. Según un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre el proyecto de Presupuesto 2027 que el Gobierno nacional envió al Congreso, el financiamiento universitario acumula una reducción real del 25,2% respecto de 2023 y queda prácticamente congelado frente a 2026, con una variación real de apenas 0,3%. El informe señala además que si se aplicara la Ley de Financiamiento Universitario -aprobada por el Congreso, pero cuya implementación fue suspendida por el Poder Ejecutivo-, el presupuesto universitario debería ser un 29,8% más alto, del orden de los $9,74 billones a valores de 2027.
“Esto no es un calificativo, es descriptivo: la ciencia y la educación pública están siendo desfinanciadas, y esta situación nos pone en un problema que es muy importante que lo resolvamos toda la sociedad”, sostuvo la rectora. Sobre las paritarias con el Ministerio de Capital Humano, describió un diálogo unilateral frente a una oferta del 6% contra un reclamo gremial del 30%: “No estamos en un diálogo donde se nos den muchas explicaciones (…) Creo que hay una posición tomada y que la sociedad debe trabajar para que esa posición no afecte este derecho al futuro”. Ese reclamo se da en medio de un plan de lucha de 23 días con paros rotativos que culminará el 15 de octubre con una nueva marcha federal universitaria.
La carta de renovación 2027
El perfil de Albarez Gómez, sin embargo, no se agota en la gestión universitaria. Un sector del quintelismo empezó a mirarla como una posible pieza de recambio para 2027. Tras un balance de gestión en el que anunció que los más de $89 millones recaudados en inscripciones se invirtieron íntegramente en infraestructura, distintos análisis dentro del oficialismo provincial la ubicaron como una figura de “orden y transparencia” capaz de renovar la oferta electoral frente al desgaste de la dirigencia tradicional, que domina la escena riojana desde hace más de 15 años. Su condición de gestora ajena al riñón partidario clásico la vuelve, para ese sector, una carta de consenso frente a una interna que podría volverse “encarnizada e irreconciliable” de cara a la sucesión de Quintela.
La interna por la reelección en la UNLaR
Esa proyección política convive con una fuerte discusión interna sobre las reglas de juego de la propia universidad. En junio, el secretario de Relaciones con la Comunidad de la provincia, Miguel Galeano, cuestionó con dureza el sistema electoral vigente en la UNLaR y pidió eliminar el voto ponderado -el mecanismo que da un peso diferencial a docentes, no docentes, graduados y estudiantes en la Asamblea Universitaria- para avanzar hacia el voto directo. Además, se mostró partidario de un mandato único de seis años sin reelección: “Cuando hacés cuatro y cuatro, ganás los primeros cuatro y los otros cuatro se la pasan especulando para ver si son reelectos”, graficó.
La reforma que finalmente aprobó la Asamblea Universitaria el 24 de junio, con 122 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones sobre 140 asistentes, fue en un sentido distinto al que planteaba Galeano: estiró los mandatos de rector y decanos de tres a cuatro años y limitó la reelección a un solo período consecutivo, cuando antes no había tope. También incorporó nuevos requisitos de residencia provincial para los candidatos y bajó del 15% al 10% el margen exigido para ganar en primera vuelta, con un piso del 40% de los votos. La rectora Albarez Gómez celebró la reforma como una de “las páginas más trascendentes” de la historia de la universidad y remarcó la necesidad de una institución “ordenada y moderna”.
La principal voz crítica no vino de la política provincial, sino de la propia comunidad universitaria: Mercedes Cáceres, psicóloga, docente y vocera del movimiento GESTO dentro de la UNLaR, cuestionó que la reforma se tratara “con escasa difusión y pocos espacios de participación”, en contraste con el proceso de 18 meses de consultas que había tenido el estatuto anterior. Cáceres también se preguntó por qué se priorizaron cambios electorales en un momento de graves problemas presupuestarios y salariales, y advirtió que la cláusula que reinicia el cómputo de los mandatos podría permitir a las actuales autoridades sumar entre 11 y 14 años adicionales en sus cargos. En la misma línea, el consiliario opositor Carlos Tejeda había advertido, antes de la votación, que el esquema “podría habilitar hasta 14 años de gestión para algunas autoridades” y pidió que la Secretaría de Políticas Universitarias de Nación revisara la reforma antes de convalidarla.
Dos agendas, un mismo tablero
El resultado es un mismo tablero educativo con varias agendas que corren en paralelo. Mientras el oficialismo provincial construye, con la nueva Ley de Educación Superior, un sistema propio de educación superior -institutos con rango universitario y la posibilidad, a futuro, de una universidad provincial con financiamiento por fuera del presupuesto nacional-, la única universidad nacional que ya funciona en La Rioja reclama al Gobierno nacional que no la desfinancie, al mismo tiempo que resuelve, hacia adentro, quién y por cuánto tiempo la va a conducir. La ley recién sancionada puede leerse también como una respuesta provincial ante la incertidumbre que hoy pesa sobre el financiamiento universitario nacional, en un momento en que la propia conducción de la UNLaR consolida su poder institucional de cara a 2027.