La Cámara de Diputados sancionó la normativa que reestructura el funcionamiento de la Policía y el Servicio Penitenciario. El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Miguel Zárate, afirmó que se deja atrás un modelo “policializado” y que por primera vez la conducción del sistema queda bajo responsabilidad del gobernador y del ministro
LA RIOJA.- La Cámara de Diputados de La Rioja aprobó la nueva Ley de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana de la Provincia, una normativa que busca reestructurar el funcionamiento de la Policía y del Servicio Penitenciario y modificar el esquema de conducción del sistema de seguridad.
El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Miguel Zárate, defendió la iniciativa y sostuvo que la norma implica un quiebre histórico con el modelo vigente.
“Esta ley establece un verdadero cambio de paradigma. Estamos desenchufando un sistema de seguridad que lleva más de 400 años en la provincia. Estamos dejando atrás ese esquema, escribiendo nuevos paradigmas”, afirmó Zárate.
Según explicó, la ley deja atrás lo que definió como un modelo “policializado” con más de cuatro siglos de vigencia y crea un sistema integral con una conducción política clara y fuerzas operativas encargadas de ejecutar las políticas públicas.
“Esta ley crea un sistema integral que ordena la seguridad, moderniza las fuerzas e intenta fortalecer el vínculo con la comunidad a través de distintos institutos que crea esta misma ley, con una finalidad única, que es proteger los derechos y la convivencia de la población”, sostuvo el ministro.
Uno de los puntos que destacó como central es el cambio de sujeto en el sistema de seguridad.
“Colocando como sujetos de derecho por primera vez a los ciudadanos en torno al sistema de seguridad, con una conducción clara y una finalidad común”, indicó.
Zárate subrayó que, por primera vez, una ley establece de manera explícita quién conduce la seguridad en la provincia.
“Claramente establece por primera vez una ley que la conducción, que es lo que define este nuevo paradigma, está bajo una responsabilidad clara y que es la del gobernador y la del ministro de Seguridad, que son quienes conducen el sistema con una mirada, una visión más integral de la prevención y control del delito, mientras las fuerzas de seguridad se constituyen en ley como la fuerza operativa, la que ejecuta las políticas públicas en materia de seguridad que diseña una gestión de gobierno”, afirmó.
La nueva Ley de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana fue sancionada en la última sesión de la Legislatura, en la que también se aprobó el aporte extraordinario a grandes contribuyentes para comedores escolares, la imposición de nombres a colegios de la Capital y una serie de reconocimientos a personalidades de Chilecito.
De acuerdo con lo expuesto por el Ejecutivo, la normativa crea distintos institutos destinados a fortalecer el vínculo con la comunidad y a ordenar la prevención y el control del delito bajo una conducción política unificada, mientras que la Policía y el Servicio Penitenciario quedan definidos como fuerzas operativas del sistema.