La imputación por lesiones tras una pelea escolar activó por primera vez la reforma nacional en la provincia. El defensor general Gastón Mercado Luna advirtió que conductas cotidianas o bromas ahora abren prontuarios de por vida y pidió reformas urgentes en las aulas.

La puesta en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil a nivel nacional ya tiene sus primeras consecuencias procesales en los tribunales del interior. En La Rioja se abrió el primer expediente formal contra un adolescente de 14 años, imputado por el delito de lesiones leves tras una disputa escolar, un hecho que hasta semanas atrás se resolvía mediante mediación directiva y la intervención de los tutores familiares.

El caso expone en el territorio la letra chica de la reforma penal que bajó la edad de punibilidad: la apertura indiscriminada de causas por más de 220 figuras delictivas contempladas en el Código Penal. Al activarse el proceso, el menor no es encarcelado —dado que la figura es excarcelable—, pero debe designar patrocinio letrado, someterse a la supervisión del Ministerio Público de la Defensa y queda fichado con registros judiciales.

Antecedentes prematuros y desinformación juvenil

El defensor general de la provincia, Gastón Mercado Luna, analizó el trasfondo institucional del caso: «El debate público nacional se construyó pensando únicamente en el menor que empuña un arma en el conurbano bonaerense, pero en la práctica abarca más de 220 conductas. Una pelea escolar o la difusión no consentida de fotos privadas por celular hoy disparan un proceso penal que deja un antecedente que perjudicará su inserción laboral de adulto».

El magistrado remarcó que las provincias carecen de la estructura y la capacitación comunitaria que exige la norma federal: «A los chicos no se les explica qué es un delito; le temen más a que les retiren el teléfono que a la sanción judicial. No podemos limitarnos a esperar que caigan detenidos para defenderlos en juicio».

Urgencia educativa y vacío institucional

Mercado Luna reclamó incorporar formación cívica y legal obligatoria en los últimos cursos de la primaria, adaptando la comunicación a los canales digitales que consumen los adolescentes.

La controversia en La Rioja vuelve a poner en discusión la asimetría federal: la normativa penal nacional avanza sin contemplar planes de prevención escolar ni financiamiento territorial para contener la vulnerabilidad social antes de judicializar la infancia.