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El Régimen Penal Juvenil en La Rioja: subieron los expedientes por delitos leves y la Provincia carece de un centro propio de detención desde la pandemia

La jueza de Familia Alicia Valdez admitió un aumento de causas contra chicos desde los 14 años, pero por peleas y lesiones menores en lugar de crímenes graves. Sin el ex instituto Nueva Vida y sin fondos nacionales para infraestructura, la Justicia y el Ejecutivo arman un protocolo de contingencia caso por caso.

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La jueza Alicia Valdez en su despacho

La jueza de Familia Alicia Valdez admitió un aumento de causas contra chicos desde los 14 años, pero por peleas y lesiones menores en lugar de crímenes graves. Sin el ex instituto Nueva Vida y sin fondos nacionales para infraestructura, la Justicia y el Ejecutivo arman un protocolo de contingencia caso por caso.

A dos meses de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil impulsado por la Casa Rosada, los tribunales riojanos ya registran el primer impacto concreto de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, aunque muy lejos de los eslóganes de campaña sobre bandas criminales que dominaron el debate en Buenos Aires. La jueza de Familia, Niños, Niñas y Adolescentes, Alicia Valdez —quien interviene como subrogante junto a la titular del Juzgado de Familia N° 4 y responsable de la Secretaría Penal Juvenil, Ivana Alarcón—, confirmó que en la Primera Circunscripción Judicial creció de forma inmediata el caudal de expedientes en trámite, pero advirtió que la totalidad de los ingresos responde a lesiones leves y conflictos menores que la legislación anterior ni siquiera procesaba.

El diagnóstico judicial puso en cifras y hechos reales una advertencia que días atrás también había planteado el flamante ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Martín Yoma, al asumir en el Salón Blanco. Mientras la reforma promovida por el gobierno de Javier Milei se diseñó mirando el mapa de homicidios y robos agravados de Rosario o el conurbano bonaerense, en la realidad social riojana no se registran delitos graves en esa franja etaria y hoy no hay ningún menor privado de su libertad, aunque el nuevo código obliga a mover toda la maquinaria policial y penal por peleas callejeras o incidentes adolescentes sin distinción de gravedad.

El bache del ex «Nueva Vida» y un Estado sin edificio ni partidas

Detrás de la sobrecarga de papeles en los juzgados, las declaraciones de Valdez dejaron al descubierto el flanco más delicado para la administración de Ricardo Quintela: La Rioja hoy no tiene dónde alojar a un menor de entre 14 y 17 años si un hecho grave obliga a dictar una prisión preventiva o una condena efectiva. El histórico dispositivo residencial «Nueva Vida», que funcionaba como centro especializado de contención penal juvenil en la órbita provincial, dejó de operar durante la pandemia y nunca fue reemplazado por una estructura equivalente.

Para atajar esa urgencia antes de que estalle el primer caso crítico, una mesa interinstitucional que reúne a los jueces de instrucción, Fiscalía, Defensoría, la Policía de la Provincia y las autoridades de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social trabaja contrarreloj en una red de contingencia «caso por caso». El problema de fondo vuelve a chocar con la sábana corta del presupuesto: Nación sancionó una ley punitiva que exige institutos exclusivos, equipos interdisciplinarios y custodia diferenciada, pero mantiene a La Rioja con cero pesos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) durante todo 2026 y sin envíos específicos para levantar las obras que demanda la propia norma federal.

Choque doctrinario y el largo camino de los reclamos civiles

En sintonía con los fallos de magistrados de Buenos Aires y Santa Fe que frenaron la aplicación del régimen por falta de condiciones edilicias, Valdez no ahorró críticas técnicas y políticas al corazón de la reforma libertaria. Cuestionó el eslogan oficial de «delito de adulto, pena de adulto», alertó que la ley avanza sobre principios constitucionales sin contemplar el grado de madurez neurológica de un chico de 14 años y advirtió que el Estado terminó legalizando la persecución penal de conductas propias de la adolescencia.

La magistrada también enfrió las expectativas sobre otro de los puntos más promocionados por el oficialismo nacional: la obligación inmediata de los padres o tutores de pagar con su patrimonio o sus bienes los daños provocados por sus hijos. Según explicó, dado que las primeras actuaciones policiales e instrucciones en el Juzgado N° 4 recién arrancaron en septiembre, ninguna familia tuvo que responder económicamente hasta ahora, ya que cualquier reclamo de reparación civil recién podrá activarse el día en que la Cámara Tercera dicte una condena firme. Entre leyes votadas para el impacto mediático en el AMBA y una provincia con los salarios en el piso del ranking nacional y sin infraestructura penitenciaria juvenil, los tribunales locales caminan por una cornisa donde el primer hecho grave pondrá a prueba un sistema atado con alambre.

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