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Redoblantes frente al Tribunal Superior: la madre de Trini Duarte encabezó una protesta contra el fallo que dejó libre al médico Federico Luna

Acompañada por familiares de otras víctimas viales, Vanesa ocupó las escalinatas de la máxima corte provincial para exigir que Casación revierta los tres años en suspenso y dicte prisión efectiva. El reclamo callejero golpea directo al corazón del Poder Judicial en pleno debut del nuevo ministro Martín Yoma y con 47 muertes en el asfalto en lo que va del año.

3–4 minutos
Fachada del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja

Acompañada por familiares de otras víctimas viales, Vanesa ocupó las escalinatas de la máxima corte provincial para exigir que Casación revierta los tres años en suspenso y dicte prisión efectiva. El reclamo callejero golpea directo al corazón del Poder Judicial en pleno debut del nuevo ministro Martín Yoma y con 47 muertes en el asfalto en lo que va del año.

La indignación social que detonó la condena sin cárcel para el médico Federico Luna dejó las redes sociales y se plantó este lunes por la mañana en la puerta misma del máximo órgano judicial de la provincia. Con redoblantes, pancartas y un pasacalle extendido de punta a punta sobre las escalinatas de ingreso al edificio central de Tribunales, familiares y allegados de Trinidad «Trini» Duarte se concentraron frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para exigir que los vocales de la corte riojana revisen la sentencia de la Cámara Tercera y ordenen el cumplimiento efectivo de la pena tras las rejas.

Al frente de la manifestación pacífica pero ruidosa, Vanesa —la madre de la joven atropellada y muerta en junio de 2023— apuntó sin escalas hacia los despachos del piso superior, aun antes de que el expediente formalice su ingreso por la vía recursiva. «Venimos acá a pedir que se revierta la condena que le dieron a Luna, porque no es justa; mi hija no merecía tres años, merecía una sentencia que fuera un ejemplo», expresó en diálogo con Fénix en medio del batir de los bombos, justificando la elección del blanco institucional con una certeza política y procesal: «Ellos son los que van a tomar la última decisión».

De causa testigo a reclamo transversal en las escalinatas

Lo que empezó como una convocatoria puntual del entorno de Trini mutó en pocos minutos en una postal incómoda para toda la estructura penal riojana. A las escaleras del Palacio de Justicia se sumaron familiares de otras víctimas fatales del tránsito que arrastran causas abiertas o fallos cuestionados en la provincia —entre ellos allegados a Lucas Luna y a la familia de Hilda—, unificando en una misma protesta el hartazgo por la lentitud de los juzgados de instrucción y la benignidad de las cámaras del crimen.

La presión en la vereda se adelanta a la batalla técnica que prepara la querella encabezada por el abogado Sergio Gómez. Mientras la Cámara Tercera todavía demora la entrega de los fundamentos escritos que explican por qué absolvió a Federico Luna del delito de atentado a la autoridad —la poda aritmética que clavó la pena en el tope exacto de tres años condicionales mientras habilitaba al condenado un permiso de viaje a San Juan—, la familia busca evitar que el futuro recurso de Casación duerma entre uno y dos años en los cajones del TSJ, el plazo habitual que suelen insumir las revisiones en la máxima instancia local.

El costo político de la calle y el contraste con el discurso oficial

El ruido de los redoblantes frente a los tribunales retumbó con la misma intensidad a pocas cuadras de allí, en los pasillos del Ejecutivo provincial. La postal de madres pidiendo cárcel efectiva en las escalinatas coincidió exactamente con la mañana elegida por el flamante ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Martín Yoma, para encabezar su primera cumbre operativa con la plana mayor de la Policía bajo la consigna gubernamental de frenar los siniestros y garantizar respuestas judiciales rápidas a las víctimas.

Con la estadística oficial ya trepada a 47 muertos por choques viales en lo que va de 2026 —tres más que el año pasado a esta altura— y el Estado provincial apelando a inspectores con megáfonos en las esquinas tras archivar el viejo Decreto 840, la fractura entre el discurso preventivo y los fallos de tribunales amenaza con espiralizar el malestar ciudadano. En una provincia donde los vocales del Tribunal Superior mantienen un histórico cordón umbilical con el poder político de la Casa de las Tejas, la pelota acaba de quedar picando en el último mostrador de la Justicia riojana: convalidar en silencio una condena en suspenso que enfurece a la calle o absorber el costo corporativo de corregir a sus propios jueces inferiores.

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