Bronca por el fallo del caso Trini Duarte: la querella denunció que la Cámara Tercera «podó» un delito contra un policía para dejar libre al médico Federico Luna
El abogado de la familia, Sergio Gómez, cuestionó los tres años de prisión condicional que evitan la cárcel y reveló que aún no le entregan los fundamentos mientras el tribunal ya autorizó al condenado a viajar a San Juan. La doble vara frente a otras penas efectivas, la alcoholemia posterior del imputado y un recurso ante el TSJ que puede tardar dos años.

El abogado de la familia, Sergio Gómez, cuestionó los tres años de prisión condicional que evitan la cárcel y reveló que aún no le entregan los fundamentos mientras el tribunal ya autorizó al condenado a viajar a San Juan. La doble vara frente a otras penas efectivas, la alcoholemia posterior del imputado y un recurso ante el TSJ que puede tardar dos años.
La condena a tres años de prisión en suspenso contra el médico Federico Luna por atropellar y matar a Trinidad «Trini» Duarte en la madrugada del 18 de junio de 2023 terminó de abrir una fractura expuesta entre los tribunales riojanos y el humor social de la calle. Lejos de cerrar una herida de más de tres años, la sentencia dictada por la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional dejó al imputado sin pisar un solo minuto el Servicio Penitenciario Provincial —a cambio de ocho horas semanales de cursos de educación vial en Tránsito municipal— y desató una embestida técnica y política de la querella contra el criterio de los magistrados.
En diálogo con el programa Alta Data, el abogado representante ad honorem de la familia Duarte, Sergio Gómez, puso el dedo en la ingeniería aritmética que permitió evitar la cárcel efectiva. Según explicó el letrado, en el juicio oral llegaron acreditados tres hechos: el homicidio de Trini, las lesiones a su amiga y el delito autónomo de atentado a la autoridad contra el efectivo policial que intervino en el lugar. Si el tribunal mantenía ambas figuras penales, el piso mínimo legal saltaba a tres años y seis meses, obligando por ley al cumplimiento tras las rejas; al absolverlo por la agresión al uniformado, la cuenta clavó exactamente el tope de tres años que habilita la libertad condicional.
Fuga, auto sin batería y una cédula exprés para viajar a San Juan
El repaso de la prueba ventilada en las audiencias expuso los puntos que más indignación provocaron en los pasillos judiciales y en la propia fuerza de seguridad. De acuerdo con una veintena de testigos presenciales y el testimonio de los efectivos actuantes, tras embestir a las jóvenes a la salida masiva de un boliche —en un tramo donde la Ley de Tránsito fija una máxima precautoria de 20 kilómetros por hora—, Luna forcejeó con el agente que ya había modulado su identificación, se subió al auto con el parabrisas destrozado, arrastró un par de metros al policía que intentaba frenarlo desde la ventanilla, le pisó el pie con la rueda y escapó perseguido en contramano por una camioneta policial, para entregar recién horas más tarde el rodado escondido y sin batería, impidiendo a los peritos calcular la velocidad exacta del impacto.
Tampoco pesó para los jueces la conducta procesal posterior del médico al momento de otorgarle un beneficio reservado para acusados sin antecedentes y con apego a las normas. Cuatro meses después de obtener la excarcelación tras pasar apenas una semana detenido y un mes internado en un hospital, Luna fue interceptado en un control callejero con alcoholemia positiva; y en septiembre pasado faltó a una audiencia en pleno debate oral porque había salido de la provincia hacia San Juan sin pedir autorización judicial.
El destrato burocrático sumó otro capítulo horas después de la lectura del veredicto, en medio de denuncias de la hermana de la víctima por burlas de Luna y su defensor —su hermano Iván Luna— al retirarse de la sala y fotos del condenado descansando en una pileta. Mientras Gómez todavía reclama sin éxito que la Cámara Tercera le envíe por correo electrónico los fundamentos del fallo —achicándole los plazos legales para apelar—, a las ocho de la noche de esa misma jornada recibió una cédula oficial notificándole que el tribunal acababa de autorizar a Luna un nuevo viaje a territorio sanjuanino.
Doble vara en las sentencias y el embudo del Tribunal Superior
La comparación con otros expedientes recientes resueltos en el mismo edificio judicial alimentó la sensación de desigualdad ante la ley que denunció la querella. Tres semanas atrás, los mismos magistrados enviaron cuatro años a la cárcel común a un trabajador que transportaba hierros sobresalientes en una camioneta y protagonizó un siniestro fatal por imprudencia, marcando un contraste directo frente al trato dispensado al profesional médico, cuya defensa intentó instalar durante el proceso un supuesto estado de ebriedad de las víctimas y llegó a pedir tres veces la exhumación del cuerpo pese a la historia clínica concluyente por traumatismo de cráneo.
Ese malestar golpea justo en el flanco institucional que la Casa de las Tejas dice querer blindar. En los mismos días en que el flamante ministro de Seguridad y Justicia, Martín Yoma, debuta ante la cúpula policial prometiendo respuestas rápidas a las víctimas de una siniestralidad vial desbordada —y mientras diputadas recién asumidas advierten por la parálisis de los juzgados locales—, el expediente de Trini Duarte ingresa ahora al laberinto de Casación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Sin plazos perentorios para expedirse, esa revisión demora en La Rioja entre uno y dos años, estirando la impunidad percibida en una provincia donde el peso de los apellidos y las defensas corporativas vuelve a poner bajo sospecha la balanza de los jueces.
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