La primera aplicación de la normativa en La Rioja involucró a un menor por lesiones tras una pelea escolar. La Defensoría General denunció que se criminalizan conductas cotidianas con antecedentes de por vida, sin infraestructura de alojamiento ni recursos federales.

El debate legislativo y doctrinario en torno a la baja de la edad de imputabilidad sumó su primer caso testigo en el Noroeste Argentino. La Justicia riojana formalizó la imputación de un adolescente de 14 años en el marco del nuevo régimen penal juvenil tras una agresión con lesiones ocurrida en el ámbito escolar, encendiendo las alarmas institucionales sobre las consecuencias prácticas de la reforma en el interior del país.

El proceso marca un quiebre en el abordaje de la conflictividad adolescente: lo que antes se resolvía mediante mediación escolar o entrega a los progenitores, ahora exige intervención policial, designación de abogado defensor y apertura formal de un legajo penal que deja antecedentes de por vida.

Criminalización y antecedentes laborales a futuro

El defensor general de la provincia, Gastón Mercado Luna, advirtió sobre la asimetría entre el espíritu declamado de la norma y su aplicación real: «La ley se vendió a nivel nacional bajo la excusa del crimen organizado y el sicariato, pero en nuestras provincias termina castigando a chicos comunes por un empujón o una pelea estudiantil. Hoy un pibe de 14 años ya no llama a los padres: tiene que pedir un abogado porque cometió un delito contemplado en el Código Penal».

Mercado Luna remarcó el costo social a largo plazo: «Aunque se apliquen penas restaurativas y no de encierro efectivo, la condena genera antecedentes penales. A los 30 o 40 años, cuando ese joven intente acceder a un empleo, figurará como procesado o condenado por un hecho cometido en su infancia».

Déficit de infraestructura y cuestionamiento judicial

El caso expuso de inmediato el vacío logístico de los distritos del interior: la provincia no cuenta con centros de detención juvenil diferenciados para evitar el contacto de menores con presos comunes, obligando a alojarlos en guardias o móviles policiales mientras interviene el juez de instrucción.

Frente a este escenario, la Defensoría General abrió rondas de diálogo con magistrados y fiscales para fijar criterios homogéneos de actuación y evalúa cuestionamientos de constitucionalidad, en sintonía con fallos recientes de la Ciudad de Buenos Aires que frenaron artículos de la normativa por violentar pactos internacionales de niñez.