En política, el momento de una decisión puede ser tan importante como la decisión misma.
La posibilidad de que el Gobierno avance antes de terminar 2026 con la cobertura de las dos vacantes del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja debe analizarse bajo esa lógica.
El argumento para acelerar los tiempos resulta comprensible: evitar que las designaciones se produzcan en pleno año electoral. Pero precisamente por eso los nombres elegidos y el procedimiento utilizado tendrán una enorme relevancia política.
La aparición de Juan Luna Corzo entre las alternativas agrega otra dimensión. No se trata de un funcionario secundario sino del jefe de Gabinete y de uno de los hombres que ocuparon posiciones centrales en la administración de Quintela.
Si finalmente fuera propuesto, su salida produciría además una reorganización dentro del Ejecutivo cuando comienza a definirse la sucesión provincial.
El oficialismo dispone de fortaleza legislativa suficiente para aprobar los pliegos. Esa mayoría, sin embargo, debería funcionar como una responsabilidad adicional y no como un simple mecanismo para acelerar nombramientos.
Un Tribunal Superior no se integra para resolver las necesidades políticas del próximo año. Sus miembros permanecerán cuando las actuales autoridades hayan dejado sus cargos y deberán intervenir sobre conflictos que probablemente involucren a futuros gobiernos.
Allí está el verdadero debate.
Quintela puede completar el TSJ antes de 2027. Constitucionalmente corresponde que las instituciones funcionen con todos sus integrantes.
Pero cuanto mayor sea la cercanía política de los candidatos con el Ejecutivo, mayor tendrá que ser la transparencia de la discusión pública sobre sus antecedentes, independencia y condiciones profesionales.
Porque los gobiernos terminan; los jueces quedan.
Y las dos designaciones que ahora analiza la Casa de las Tejas pueden influir sobre el equilibrio institucional riojano durante muchos años.
