La provincia de La Rioja amplió los perfiles profesionales habilitados para dirigir tres áreas de la Inspección General de Justicia (IGJ). A partir de la Ley 10.897, esos cargos podrán ser ocupados por personas con títulos habilitantes de Ciencias Jurídicas o Ciencias Económicas.
La modificación alcanza a la Dirección de Personas Jurídicas, la Dirección de Registro Público y la Dirección de Registro de Contratos de Fideicomiso. La redacción original de la Ley 10.521 exigía, en los tres casos, poseer título de abogado.
La nueva norma fue sancionada por la Cámara de Diputados el 13 de agosto de 2026, promulgada por el gobernador Ricardo Quintela mediante el Decreto 1.329 del 24 de agosto y publicada en el Boletín Oficial. El proyecto fue presentado por el diputado Gonzalo Becerra.
Qué requisitos cambian
La Ley 10.897 sustituyó los artículos 11, 22 y 35 de la Ley 10.521. En todos ellos reemplazó la exigencia específica de “título de abogado” por la fórmula “títulos habilitantes de las carreras de Ciencias Jurídicas y/o Económicas”.
Además, incorporó de manera expresa el requisito de acreditar idoneidad en la materia. Se mantienen las restantes condiciones: tener al menos 25 años, ser ciudadano argentino, cumplir los requisitos de ingreso a la Administración Pública Provincial y ser designado por la Función Ejecutiva.
El cambio amplía el universo de aspirantes al permitir que profesionales de Ciencias Económicas puedan ser considerados para las tres direcciones. La ley no establece un concurso público ni modifica el mecanismo de selección: los nombramientos continuarán dependiendo de una decisión del Ejecutivo provincial.
Tres áreas con funciones diferentes
La Dirección de Personas Jurídicas interviene en la fiscalización y el control de sociedades, asociaciones civiles y fundaciones. El Registro Público tiene a su cargo inscripciones societarias y comerciales, mientras que el Registro de Contratos de Fideicomiso administra las registraciones correspondientes a esos instrumentos.
Las tres dependencias integran la estructura de la Inspección General de Justicia de La Rioja, creada en 2022 mediante la Ley 10.521 en reemplazo de la anterior Dirección General de Personas Jurídicas.
La reforma no altera las atribuciones, los procedimientos ni la organización de esas áreas. Su alcance se concentra en los requisitos profesionales exigidos para ocupar las respectivas direcciones.
La aplicación práctica de la nueva ley se producirá cuando la Función Ejecutiva deba realizar futuras designaciones o cubrir vacantes en esos organismos. En cada caso, deberá comprobarse que el título presentado resulte habilitante y que la persona propuesta reúna la idoneidad requerida.
Foto: Facebook de Teresita Madera. Uso autorizado para EduardoGerman.com.