El Gobierno de La Rioja rechazó la propuesta de incorporar antenas de Starlink en escuelas rurales, una iniciativa promovida por el Gobierno de Javier Milei a través de los diputados nacionales Gino Visconti y Martín Menem.
La posición fue comunicada por la secretaria de Gestión Educativa, Zoraida Rodríguez, quien defendió la infraestructura desarrollada mediante ARSAT e Internet para Todos y sostuvo que la conectividad educativa debe permanecer bajo control público.
Desde la cartera educativa señalaron que La Rioja incorporó el acceso a la conectividad como un derecho de cuarta generación en su Constitución. Según la información oficial, actualmente el 80% de las escuelas rurales posee conexión mediante la articulación entre organismos nacionales y provinciales.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el costo del servicio. La Secretaría afirmó que Starlink establece un límite de consumo de cinco terabytes por establecimiento y que, finalizado el primer año, la tarifa ascendería aproximadamente a 160 dólares mensuales por escuela. Para la Provincia, esa obligación podría convertirse en una carga presupuestaria difícil de sostener.
El comunicado también plantea reparos sobre el tratamiento de los datos. La gestión riojana advirtió que el tráfico y los metadatos podrían ser procesados en jurisdicciones extranjeras, lo que obliga a evaluar las garantías aplicables a la información de estudiantes y docentes.
Rodríguez alertó además que la dependencia de una corporación extranjera podría exponer a los establecimientos a interrupciones originadas en decisiones comerciales o geopolíticas, sin capacidad de respuesta inmediata por parte del Estado provincial.
La funcionaria cuestionó que recursos del Fondo del Servicio Universal sean utilizados para expandir una plataforma privada mientras, según indicó, el Estado nacional mantiene obligaciones pendientes con ARSAT.
“Sustituir una infraestructura sólida y pública por un modelo dependiente de una corporación extranjera pone en riesgo la continuidad pedagógica, la estabilidad presupuestaria y la protección de los datos de nuestros niños, niñas y jóvenes”, sostuvo Rodríguez.
El rechazo de La Rioja abre una discusión de alcance nacional sobre la política de conectividad de Milei, el lugar de las empresas públicas y el control de la información generada dentro del sistema educativo.