La diputada provincial Lourdes Ortiz sostuvo que un futuro gobierno peronista deberá revisar las decisiones adoptadas durante la gestión de Javier Milei e investigar a los funcionarios que, según consideró, hayan perjudicado al Estado y a la población.
La legisladora formuló esas declaraciones en una entrevista con Radio Memoria. La conversación comenzó con la ley riojana que suspendió durante 180 días las ejecuciones prendarias, pero luego avanzó sobre el programa que, a su juicio, debería ofrecer el peronismo hacia las elecciones de 2027.
Ortiz respaldó el planteo del gobernador Ricardo Quintela de revisar privatizaciones, contratos y otras medidas del Gobierno nacional. “Si eso implica tomar decisiones fuertes para recuperar lo que tengamos que recuperar y lo que le pertenezca a la Argentina y a los argentinos, todo eso se constituye desde la decisión política”, afirmó.
También reclamó que los dirigentes “dejen de titubear” y mencionó al ministro de Economía, Luis Caputo; al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La diputada habló de “perseguir” responsabilidades, aunque no presentó pruebas sobre delitos concretos ni precisó qué acciones judiciales deberían promoverse.
En otro tramo, Ortiz puso en duda que Milei esté en condiciones de responder judicialmente por sus actos. Se trató de una opinión política de la legisladora, no respaldada en la entrevista por información médica ni por una resolución judicial.
El endeudamiento de las familias
La diputada vinculó su planteo nacional con el deterioro de los ingresos y el crecimiento de las deudas familiares. Señaló que numerosas personas utilizan tarjetas de crédito y billeteras virtuales para comprar alimentos y otros bienes básicos, en un contexto de tasas desreguladas y pérdida de poder adquisitivo.
En ese marco, defendió la suspensión provincial de las ejecuciones prendarias, la intervención de Defensa del Consumidor y la creación de un registro de prestamistas. La norma no elimina ni modifica las deudas: detiene temporalmente las ejecuciones y abre un plazo para buscar acuerdos entre las partes.
Ortiz sostuvo además que el próximo proyecto peronista deberá proteger la salud y la educación públicas y reconstruir una expectativa electoral a partir de las condiciones materiales de vida. También cuestionó a los gobernadores justicialistas cuyos legisladores acompañan iniciativas del oficialismo nacional.
El planteo se suma a las declaraciones de Quintela sobre una eventual revisión de privatizaciones y decisiones económicas si el peronismo vuelve al poder. Por ahora, las expresiones abren una discusión política, pero no incluyen una propuesta jurídica detallada sobre el alcance de esa revisión.