El destino de los fondos nacionales para rutas abrió una disputa política, judicial y laboral en La Rioja. El Gobierno provincial pidió intervenir como querellante en la causa que investiga el manejo del Sistema Vial Integrado (SISVIAL), Vialidad Nacional aseguró que utiliza esos recursos para sostener tareas y pagar certificados, y el sindicato del sector advirtió que trabaja con insumos mínimos y reclama viáticos demorados.
La presentación riojana se incorporó a una investigación iniciada a partir de una denuncia de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. Según la documentación citada en ese expediente, entre enero de 2024 y mayo de 2026 el SISVIAL recibió alrededor de $1,503 billones, de los cuales $394.406 millones habrían sido aplicados a su finalidad específica. Al 31 de mayo, cerca de $1,001 billones figuraban en inversiones financieras y otros $37.761 millones permanecían en cuentas bancarias.
Esos números forman parte de la acusación y todavía deben ser evaluados por la Justicia. La causa deberá determinar si las colocaciones en plazos fijos y títulos públicos vulneraron la afectación legal de los recursos o si constituyeron una administración transitoria permitida dentro del fideicomiso.
La normativa del SISVIAL dispone que los recursos procedentes del esquema impositivo sobre los combustibles deben aplicarse a inversiones en la red vial y otras obligaciones expresamente contempladas. No establece, sin embargo, una transferencia automática y directa equivalente a una coparticipación común para cada provincia: la asignación depende del régimen del fideicomiso, sus prioridades y criterios de inversión.
La estimación para La Rioja
El asesor general de Gobierno, Pedro Goyochea, calculó que la falta de inversión en rutas nacionales dentro de la provincia representa unos USD 30 millones. La cifra fue presentada como una estimación del perjuicio y no como una deuda líquida reconocida por Nación ni determinada judicialmente.
Con el patrocinio de Jorge Yoma, la Provincia vinculó ese presunto perjuicio con obras paralizadas, entre ellas el corredor que conecta la Capital, Chilecito y el paso de Pircas Negras. La presentación apunta contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios por posibles delitos contra la administración pública. La admisión de La Rioja como querellante y las responsabilidades denunciadas deberán ser resueltas dentro del expediente.
La respuesta de Vialidad Nacional
Alexis Wol, jefe del Distrito 8 de Vialidad Nacional, rechazó la acusación y aseguró que los certificados de obra enviados a la sede central se pagan con recursos del SISVIAL. Informó además que la delegación destina entre $2 millones y $2,5 millones diarios a sus tareas y unos $60 millones mensuales solamente a combustibles.
Los datos describen gastos operativos del distrito, pero no permiten por sí mismos establecer qué proporción de los fondos nacionales asignados al SISVIAL llegó a La Rioja ni explicar el saldo cuestionado en la causa. Tampoco fueron acompañados por una ejecución presupuestaria desagregada que permita comparar certificados, mantenimiento, combustibles y obras durante el período investigado.
Wol atribuyó el deterioro vial a problemas acumulados durante distintas gestiones y recordó demoras históricas en los caminos a Chile y Chilecito y en el tramo de Las Padercitas. Su posición es que las obras ya estaban atrasadas antes del cambio de Gobierno nacional en diciembre de 2023.
Versiones opuestas sobre los viáticos
La controversia se extiende al funcionamiento cotidiano de la repartición. Esteban Carrizo, secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines en La Rioja, afirmó que existen dos meses de demora en el pago de viáticos y que en otros períodos el atraso llegó hasta cinco meses.
Wol lo negó. Explicó que firmó la liquidación correspondiente a julio y que el pago se concretaría durante la semana siguiente. Según el funcionario, no existe deuda sino un procedimiento administrativo habitual que demanda entre 30 y 45 días.
Carrizo sostuvo también que los trabajadores realizan principalmente reparaciones básicas de la cinta asfáltica, perfilado de banquinas, señalización y corte de malezas. Estimó que la provincia tiene unos 2.000 kilómetros de rutas nacionales y señaló como sectores más deteriorados algunos tramos de las rutas 38 y 79, sometidos a mayor circulación y transporte de cargas.
La causa judicial deberá definir si hubo una administración irregular de los fondos afectados. En paralelo, para conocer la situación específica de La Rioja será necesario contar con documentos comparables: recursos asignados, transferencias recibidas, certificados pagados, inversión por ruta y ejecución efectiva. Sin esa apertura, los USD 30 millones reclamados por la Provincia y los $2,5 millones diarios informados por Vialidad seguirán siendo cifras de partes enfrentadas que miden aspectos diferentes del conflicto.