La esperanza del desarrollo de Salta a través de la minería tiene como paisaje de fondo una de las áreas protegidas más grandes del país: la reserva natural de usos múltiples Los Andes. Ese crecimiento económico y laboral que se espera para la provincia con sus recursos minerales tiene como desafío la conservación y sustentabilidad de la riqueza natural y cultural de una zona que abarca una superficie de cerca de un millón y medio de hectáreas.
Los objetivos de la reserva no son contrarios a la actividad minera y el marco para compatibilizarlos se da mediante el Plan Provincial para el Desarrollo Minero Sustentable 2021-2030, que está en pleno proceso de elaboración. Aunque, en los hechos, las concesiones y habilitaciones que se otorgan para la explotación de minerales en la Puna ya tienen en cuenta los preceptos que regulan el área protegida de Los Andes.
Esas regulaciones están especificadas en el Plan Integral de Manejo y Desarrollo de la Reserva Natural de Uso Múltiples Los Andes, que fue elaborado en 2016 con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Para conocer detalles del programa, la comisión de minería del Consejo Económico y Social de la Provincia convocó la semana pasada a especialistas de la Secretaría de Medio Ambiente, quienes brindaron detalles en algunos casos desconocidos sobre el lugar en conservación.
El Consejo Económico y Social tiene la misión de revisar el plan de desarrollo minero, que incluye la propuesta de elaboración de un ordenamiento territorial integral de la Puna salteña, con el fin de garantizar la sustentabilidad en las actividades.
“La reserva de Los Andes se creó en 1980. Es uno de los sistemas de áreas protegidas más ricos y diversos del país”, señaló a El Tribuno el biólogo Sebastián Musalem, jefe de Programa de Áreas Protegidas de la Secretaría de Ambiente, quien fue uno de los expositores ante el Consejo.
Explicó que cuando se elaboró el plan de manejo también se incorporó el catastro minero de la provincia. En la zonificación que se hizo no solamente se incluyó zonas de importancia vital de biodiversidad sino también la zona de factibilidades de uso mineros.
El marco jurídico del plan de manejo de la reserva de Los Andes es la ley con la que se creó el Sistema Provincial de Áreas Protegidas (ley 7.107, promulgada en el 2000), por lo que su cumplimiento es obligatorio.
“Institucionalmente ya venimos trabajando con la Secretaría de Minería y el Juzgado de Minas, desde donde siempre nos mandan los expedientes de descubrimientos de minas o de los avances en los yacimientos para ver si es que se adecuan al plan de manejo”, describió el especialista.
“Al plan lo construimos durante un año con la participación de 15 instituciones públicas y privadas, incluidos los municipios (en este caso San Antonio de los Cobres y Tolar Grande). Hubo consultas a las comunidades de la Puna, a la Secretaría de Minería, a la Cámara de Minería, al Inta, a la Secretaría de Turismo y a universidades entre otros. Esto hizo un trabajo intersectorial y multidisciplinario en el que se escucharon y se consensuaron todas las voces”, recordó Musalem.
Único
La reserva fue creada por el decreto provincial 308, que estableció la protección de 1.444.000 hectáreas, de las cuales 866.400 corresponden a la ecorregión de la Puna y 577.600 a la ecorregión Altoandina. Comprende a los municipios de San Antonio de los Cobres y Tolar Grande.
