A matar o morir, la gran disyuntiva del Gobierno: No llegan a Cristina, Massa habla de ajuste y La Rioja no sabe si adelantar

La mesa chica del Gobierno entró en un callejón, que pronto se sabrá si es con o sin salida. Lo cierto no sabe si avanzar con su idea silenciosa de despegarse de la Casa Rosada, con el fin de garantizarse el poder por cuatro años más.

Primero Ricardo Quintela no estaba convencido y hasta lo dijo que La Rioja irá junto a las elecciones presidenciales de 2023, pero con el correr de los días ya poco se escucha ese parecer.

La imagen negativa de Cristina Fernández es alta en La Rioja y el desgobierno de Alberto Fernández impacta en el bolsillo de los votantes del peronismo gobernante.

El gobernador puede pegar el portazo y llamar a elecciones para finales de mayo e incluir la designación de convencionales constituyentes para modificar la Constitución provincial. El problema es cómo presentarlo en este marco y sin paragua nacional, ya que la inflación es galopante y cerrará casi en el 100% anual para este año.

Quintela busca por todos lados hablar con la vicepresidenta Cristina Fernández, esa misma de la 125 que la hermana del actual gobernador le hizo caer. Y también sentarse con Sergio Massa con el propósito de asegurarse $35 mil millones que serían los recursos extras para el año que viene. Sin embargo, nadie -hasta hoy- contesta los llamados.

Ir solo a finales de mayo puede entenderse mal en el Congreso y en el Ministerio de Economía de la Nación, ya que Quintela no tiene vuelo propio y depende de los fondos nacionales. Todos juntos a octubre de 2023 es lo que se escucha en los pasillos de los despachos albertistas y cristinistas debido que «aquí nadie se salva solo».

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En ese marco, el ministro de Economía ya siente la presión que comenzaron a ejercer sectores del Frente de Todos para que el presupuesto 2023, que se anticipa de ajuste, no los afecte en un año electoral. Sergio Massa conoce bien cómo funciona esta dinámica de demandas sectoriales. Mientras se desempeñó como presidente de la Cámara de Diputados ofició de catalizador de los reclamos de los gobernadores peronistas ante la renuencia del exministro de Economía Martín Guzmán de abrir el grifo del gasto en el presupuesto. Paradojas de la política, ahora le toca a Massa ubicarse al otro lado del mostrador y cumplir el papel de censor.

Massa presentará el proyecto de ley de presupuesto el próximo jueves en la Cámara de Diputados. El mensaje inquieta a gobernadores, intendentes y legisladores peronistas que en 2023 deben renovar votos para continuar en el poder y no parecen dispuestos a inmolarse en la hoguera del ajuste. Los mandatarios provinciales exhiben mejores números macroeconómicos que la Nación -casi todas las provincias tienen superávit primario- y, con ese argumento, advierten que ya hicieron su parte y que rechazarán cualquier intento del Gobierno de utilizar las transferencias que les gira la Nación como variable de ajuste del gasto público, según La Nación.

Los mandatarios del Norte Grande pusieron en números sus demandas: reclamarán que en el presupuesto 2023 se incluya un artículo en el que se garantice que durante 15 años se asigne una inversión no menos del 40% del presupuesto a obras públicas en la región contabilizando las fuentes nacionales e internacionales. El jefe de Gabinete, Juan Manzur, presente en el encuentro con los gobernadores, prometió que se tomará nota del reclamo.

No fue la única petición: le reclamarán a Massa la puesta en marcha de un plan de subsidios de carácter diferencial para el Norte, ya que la región, por su condición de electrodependiente, ostenta el mayor consumo promedio de energía respecto del resto del país.

La propuesta, que los mandatarios delegarán en sus legisladores en el Congreso, consiste en la asignación de techos de consumo diferenciales: 750 kW para toda la región en verano (de noviembre a marzo); 550 kW para el NEA en invierno, el mismo volumen para todos los consumidores del NOA que no tienen acceso a la red de gas y 400 kW (el fijado, hasta ahora, para todo el país) para quienes cuentan con gas natural. También piden tener en cuenta la diferenciación de tarifas urbana y rural, residencial y no residencial.

Otra cuestión que hermana a los distintos gobernadores, más allá de sus diferencias políticas y partidarias, es la inequidad en los subsidios del transporte que reparte la Nación entre la zona metropolitana y las provincias. La asimetría marca que el AMBA se lleva alrededor del 75% del total, mientras que el interior solo recibió el 15%.