La Liga de Gobernadores presentó a Manzur un pliego de condiciones para el Presupuesto 2023

La Liga de Gobernadores solicitó al Jefe de Gabinete, Juan Manzur, que «se tenga en cuenta un tratamiento equitativo de las provincias» en la confección del presupuesto anual para 2023, puntualmente en cuanto a los subsidios al transporte público, obras públicas, tarifas energéticas y la transformación de planes sociales en empleo.

Así lo manifestó a través de un comunicado la Liga de Gobernadores, luego de reunirse este miércoles en Buenos Aires, en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El bloque de mandatarios expresó “la necesidad de contar con el consenso necesario a los efectos de propiciar la sanción de la ley del presupuesto 2023, herramienta fundamental para la planificación financiera del sector público”.

“Es preciso lograr una participación activa de todos los legisladores nacionales en un modelo de consenso para lograr definitivamente que el presupuesto 2023 no sea fruto de disputas parciales sino de un consenso institucional en donde las diferencias particulares no impidan al Poder Ejecutivo contar con una herramienta indispensable para el ejercicio de la responsabilidad de gobernar para todos los argentinos y argentinas”, enfatizaron.

De manera presencial participaron, los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), y Ricardo Quintela (La Rioja); el vicegobernador de Santa Cruz, Eugenio Quiroga; el ministro de Economía de Formosa, Jorge Ibañez (en representación del gobernador Gildo Insfrán) y el legislador de Tierra del Fuego, Federico Greve.

Por videoconferencia se sumaron al encuentro el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y su vicegobernador, Carlos Silva Neder; y el gobernador Raul Jalil (Catamarca).

El bloque planteó a Manzur la necesidad de “respetar las autonomías provinciales en el marco de nuestro sistema representativo, republicano y federal respecto a las decisiones de carácter institucional en cada una de nuestras jurisdicciones evitando injerencias externas que pretenden condicionar el desenvolvimiento de las instituciones”.

Específicamente, los líderes provinciales solicitaron «el tratamiento equitativo de los subsidios en el transporte público de pasajeros; y el sostenimiento del plan de obras públicas y de financiamiento del plan de viviendas con el objeto de garantizar el crecimiento de la economía argentina».

Además, pidieron “garantizar un tratamiento diferencial del subsidio energético teniendo en cuenta la segmentación por el consumo de energía/mes en base a la temperatura promedio de las provincias.

Plantearon también la necesidad de “redistribuir los recursos no imprescindibles -financiamiento de gastos electorales- a los efectos de promover más transferencias directas para el desarrollo productivo y social” y de “generar las condiciones necesarias para reducir la inflación, recuperar el poder adquisitivo del salario y movilizar los factores productivos con el objeto de generar mayor velocidad en la creación de empleos”.

Otro de los requerimientos fue el de la promoción de un fondo específico “para transformar los planes sociales en empleos dignos a los efectos de estimular la base productiva de nuestras provincias mediante capacitación permanente y subsidios directos para facilitar empleos de buena calidad”.

Los gobernadores también propusieron el desarrollo de una estrategia “para que las zonas francas, los sistemas de transferencias de cargas junto a la consolidación de puertos secos, parques industriales y una logística integrada de base competitiva nos permitan incentivar las inversiones y las exportaciones de nuestras provincias”.

Asimismo, en el documento, expresaron la necesidad de “generar las condiciones necesarias y suficientes para asegurar una expansión de las inversiones productivas como base indispensable para el progreso de nuestras comunidades”.

Por otra parte, insistieron en el establecimiento de un sistema de «financiamiento explícito» para las cajas o sistemas previsionales no transferidos por las provincias a la Nación determinando una garantía anual en el presupuesto.

Finalmente, plantearon la urgencia de “estimular el desarrollo de la economía del conocimiento como así también el cumplimiento de la meta fijada del 1,02 % del PIB en forma progresiva para el presupuesto de ciencia, tecnología e innovación productiva”.