Luego de tres semanas intensas de debate, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados dio por concluida este jueves la discusión en torno al proyecto de Presupuesto 2023 con la firma del dictamen, que espera sea debatido en sesión el próximo martes.
Pese a las numerosas modificaciones que se incorporaron, solicitadas tanto por el oficialismo como por la oposición, los legisladores de Juntos por el Cambio no firmaron el dictamen. Por su parte, el diputado de Córdoba Federal Ignacio García Aresca suscribió con disidencias.
El Frente de Todos sí contó con el apoyo del misionero Diego Sartori, quien acompañó luego del compromiso de que se contemplará un artículo referido a zonas francas, algo que había sido vetado por el Ejecutivo en el Presupuesto 2021.
Algunas de las siguientes modificaciones:
- Bosques nativos. Subirá de $8000 a $9000 millones los fondos destinados a la ley de Bosques, mientras que se incrementará de $500 a 1000 millones los recursos al Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos.
- La Rioja. Se actualizarán los fondos que le corresponden a la provincia en concepto del punto de coparticipación que le corresponde. La cifra será de $46.000 millones a ser transferidos en 12 cuotas iguales. Más tarde, Heller informó que sumaban 1.000 millones más.
- Deudas de las provincias con Cammesa. La redacción original planteaba la posibilidad de que las deudas que las provincias tienen con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico sea saldada con fondos de la coparticipación. Ante el rechazo de oficialistas y opositores, el oficialismo accedió a modificar el artículo y acordó que la Secretaría de Energía establezca una “unidad de medida de valor homogénea vinculada a transacciones por consumo que asegure el valor del crédito”. Además, se instrumentará un plan de regularización de deuda de hasta 96 cuotas mensuales. “Vencido dicho plazo la Jefatura de Gabinete, a través del Ministerio de Economía, podrá retener de los fondos comprometidos en los convenios de transferencias presupuestarias suscriptos entre cada jurisdicción provincial y cualquier entidad del sector público” la suma que se adeude, pero con la aclaración de que “en ningún caso la retención podrá afectar la coparticipación federal de recursos fiscales”, aclaró Heller.
- Condonación de deudas. Se crea un régimen de regularización tributaria para las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios, incluidos organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, para la condonación de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el 31 de octubre de 2022, cualquiera sea el estado en que se encuentren.
- Partidas sociales. Heller anunció incrementos en políticas alimentarias por $101.890 millones; prestaciones sociales y asignaciones familiares por $90.830 millones; becas de educación por $59.542; al Fondo Nacional de Incentivo Docente por $31.175 millones; al Fondo de Integración Socio-Urbana por $19.700 millones; a los comedores escolares por $12.969 millones; a la infraestructura y el equipamiento en educación por $4.149 millones; y a los programas que garantizan derechos de niños y niñas por $400 millones de pesos; resultando un total de 320.655 millones de pesos en aumentos para estas partidas.
- Educación. A propuesta de Evolución Radical, el oficialismo aceptó que se puedan deducir de Ganancias hasta el 40% de los gastos educativos de una familia.
Durante la reunión, la diputada oficialista Susana Landriscini anticipó el eventual aumento que se iba a contemplar para las becas Progresar, a las que consideró fundamental para “no solo mejorar las oportunidades en las familias argentinas, sino también crear expectativas positivas respecto al futuro de los jóvenes”.
En tanto, otra oficialista, la formoseña Graciela Parola, había reclamado por “aumentos en las partidas destinadas a políticas alimentarias” y a la SENAF. Ambas solicitudes tuvieron éxito en el final de la reunión, con los incrementos anunciados por el presidente de la comisión, Carlos Heller.
También desde el Frente de Todos, el entrerriano Marcelo Casaretto planteó con énfasis su pedido para que los jueces paguen Ganancias, ya que “hoy algunos jueces pagan, pero solamente por una parte de sus remuneraciones”.
“En esta instancia, después de tantas décadas de discusión, con tantas necesidades que tiene la Argentina, tenemos que ver quiénes son los que tienen capacidad contributiva; y si hay quienes ganan un millón de pesos, un millón y medio de pesos, dos millones de pesos y no pagan el impuesto a las Ganancias tienen que empezar a pagar”, sostuvo.
Y exclamó: “Y que no me vengan con que esto no tiene que ir en el Presupuesto, sí tiene que ir en el Presupuesto como muchos otros temas que no son estrictamente de la administración tributaria. Y que no me vengan con la independencia del Poder Judicial, porque la Constitución habla de la remuneración del presidente, los ministros, los legisladores, y todos los demás que pagan, pero los jueces no pagan, porque ellos interpretan que no tienen que pagar. Eso, a esta altura del partido, es completamente inaceptable”.
Sobre el tema, el diputado radical Fernando Carbajal recordó que él pagó el impuesto a las Ganancias porque ingresó después de 2017 y lo hizo “con gusto”. “Creo que corresponde, coincido, así debe ser”, afirmó, pero expresó que “hubo tibiezas y complicidad por parte de los poderes ejecutivos” en estos años.
En esa línea, el opositor denunció: “Está la Acordada de la Corte Suprema, pero cada Superior Tribunal de Justicia de cada una de las provincias sacaron resoluciones administrativas y se autoconcedieron el beneficio. Y durante años la AFIP no dijo absolutamente nada y los poderes ejecutivos nacionales tampoco, en un acuerdo espurio que durante muchos años hubo con sectores de la Justicia”.
Desde Juntos por el Cambio, el macrista Luciano Laspina pidió como “condiciones para poder acompañar el dictamen y evitar discrecionalidad”, la denominada “cláusula gatillo” para que “cuando los recursos totales de la administración pública nacional alcancen los recursos previstos en el artículo 2 de la presente ley, el Poder Ejecutivo Nacional deberá remitir en un plazo máximo de 30 días una ley complementaria de ampliación del Presupuesto a fin de establecer una nueva estimación de recursos y autorización del gasto”.
“Nosotros como Congreso nos comprometemos a tratarlo en 30 días” para “no trabar la gestión del Gobierno” pero “en ese plazo el Ejecutivo no podrá usar los DNU” para ampliar gastos, explicó. Finalmente, la redacción de este artículo se acordó y se incorporó en el final.
El santafesino también reclamó por una garantía de que “las retenciones no van a subir” y planteó retrotraerlas a diciembre de 2019, pero esto no tuvo aceptación.
Como tercer pedido, Laspina reclamó por “el congelamiento de la planta de personal” porque “el empleo público ha subido mucho en estos dos años y pico”, y aunque se estableció por DNU que no habría más contrataciones, “una parte se ha incumplido, otra parte ignorado, y otra parte ha quedado incompleto”.
El legislador de JxC valoró que el proyecto tuvo “una discusión sana”, y “es un Presupuesto bien orientado, pero dada la inestabilidad macroeconómica, la transición electoral y la proyección de inflación que es dudosa creemos necesario estas cuestiones”, argumentó.
En referencia al planteo de Casaretto, el oficialista Itaí Hagman consideró que “en un contexto de restricciones fiscales como tenemos es importante que podamos discutir, por lo menos, algunas de estas exenciones que tienen que ver con privilegios que no corresponden”.
“Es un tema en el cual deberíamos estar casi todos de acuerdo”, manifestó y afirmó que “no tiene sentido que en Argentina haya un poder del Estado con el privilegio de no pagar impuestos; un privilegio que hoy le cuesta al Estado un 0,16% del PBI”.
En su intervención, el oficialista pidió financiamiento para el Fondo de Integración Socio-Urbana, contemplado en la Ley de ReNaBaP votada días atrás, una solicitud que finalmente tuvo viabilidad con un aumento de los recursos anunciados por Heller en el final.
En el cierre del debate, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, destacó la “enorme predisposición desde el minuto uno para poder hacerse presente en la comisión” por parte del Poder Ejecutivo, con “32 horas reloj de trabajo con funcionarios” y un “debate muy sincero”.
El diputado aseguró que el dictamen “es mejor que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo” y “claramente superador”. “Es un dictamen que tiene las condiciones para ser firmado por todos, incluso con disidencias”, aclaró en el último intento de convencer a sus pares de JxC.
La página de Eduardo German 