Advierten que alerta la acción desplegada por los poderes públicos que ordenaron la promoción de acciones penales y detención de los ciudadanos luego de una protesta colectiva, lo que evidencia la clara intención de enviar un mensaje amedrentador a la población riojana
El Directorio del Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Provincia de La Rioja, manifiestó su profunda preocupación ante las detenciones al unísono de ciudadanos sobre la base presunta de la comisión de los delitos de instigación a cometer delitos (art. 209 CP) e instigación a la violencia colectiva (art. 212 CP), llevadas a cabo luego de una protesta masiva de trabajadores riojanos que reclamaban mejoras en sus condiciones laborales.
En primer lugar, nos alarma la premura con la que el Poder Judicial riojano actúa cuando se trata de cuestiones que afectan la agenda del Poder Político, sobre todo durante la feria judicial.
Sin embargo, en el caso que nos preocupa, se debe resaltar la cantidad de recursos que el Poder Judicial movilizó para detener a ciudadanos comunes, sin antecedentes penales, incluida una persona que presta servicios como enfermera y que durante su jornada laboral el día domingo fue detenida arbitrariamente. Esta situación, además de ilegítima y violenta, expone una triste realidad: en La Rioja, no somos todos iguales ante la Ley.
En segundo lugar, nos alerta la acción desplegada por los poderes públicos que ordenaron la promoción de acciones penales y detención de los ciudadanos luego de una protesta colectiva, lo que evidencia la clara intención de enviar un mensaje amedrentador a la población riojana, que empieza a organizarse en defensa de sus derechos, como asimismo, la actitud servil y funcional adoptada por la función judicial que, lamentablemente, no sorprende pero aflige, por cuanto ella es el último bastión al que los ciudadanos comunes podemos recurrir para frenar los embates y la prepotencia del Poder político.
Más allá de que desaprobamos las propuestas de violencia supuestamente vertidas en grupo de whatsapp; y más allá de los juicios que estos dichos puedan merecer desde otras perspectivas; en vinculación directa con la injerencia que el ejecutivo provincial ha tenido en manifestaciones netamente privadas de los ciudadanos (comunicaciones por WhatsApp), cabe recordar que el derecho a la intimidad también goza de raigambre constitucional y que esta emana del artículo 19 de la CN.
Observamos, entonces, con preocupación que las mencionadas detenciones se enmarcan dentro de un esquema de persecución política institucional que pretende anular legítimos reclamos de los involucrados, con el agravante de que, como ya se ha manifestado, esos reclamos no habían siquiera tomado estado público.
Tan es así que, los acusados de los mencionados ilícitos, no han sido citados previamente, ni tan siquiera, han tenido la posibilidad de ejercer la legítima defensa de sus derechos.
En ese orden de ideas, la Constitución Nacional en su artículo 14, 19 y 75, inciso 22° protege la libertad individual frente a cualquier ataque, ya sea que provenga de un particular como de un agente estatal y penaliza más severamente el último caso, en tanto en ella se detecta una diáfana situación de abuso funcional. En el mismo sentido se orientan los tratados internacionales de idéntico rango, particularmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 7.
A mayor abundamiento y en absoluta consonancia con los hechos antes descriptos, días atrás también ha llegado a nuestro conocimiento que se notificó a la Policía de la provincia de La Rioja, que en virtud de las órdenes impartidas por el Sr. Jefe de la Policía, “no se tolerará más publicaciones y/o manifestaciones que se hagan en contra del gobierno de la provincia por cualquier medio que sea (dícese Estados de WhatsApp, publicaciones en facebook, Instagram, Twitter o red social cualquiera) Ante la detección de publicaciones de este tipo serán informados a la superioridad para la iniciación de las actuaciones administrativas que correspondan. Tomen nota Sres y Sras y se los da por notificados.”
Como corolario, queremos poner de manifiesto que el accionar de las autoridades instituidas, constituye en lo sustancial, una violación de la libertad de expresión que pretende cercenar la facultad de los ciudadanos de la provincia, de expresar libremente sus ideas, y que no nos es dable ignorar que la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, se proyectan especialmente en el sistema político. De tal modo, si estas libertades no son reconocidas, peligra la subsistencia de todas las demás, es decir, se pone en vilo el estado de derecho.
Desde el Consejo de Abogados de La Rioja renovamos nuestro acompañamiento a quienes luchan por una Justicia independiente al servicio del pueblo y nuestro apoyo a quienes son víctimas de un Poder Judicial que resulta en una Justicia sumisa, servil y obediente.
