El fiscal federal presentó una denuncia formal contra el gobernador de La Rioja luego de que este afirmara que «hay sacrificios que valen la pena» y pusiera en duda la continuidad del Gobierno hasta 2027.
La política argentina sumó un nuevo capítulo de alta tensión judicial y dialéctica. El fiscal federal Carlos Stornelli presentó este miércoles una denuncia penal contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, tras las polémicas declaraciones que el mandatario provincial realizó en una entrevista radial. En el escrito, al que tuvo acceso este medio, se acusa al riojano de delitos que van desde la incitación a la violencia colectiva hasta la amenaza de sedición.
El disparador fue una entrevista concedida por Quintela el pasado 23 de febrero al programa Mañana Sylvestre (Radio 10). Allí, el gobernador no solo cuestionó el rumbo económico del país, sino que trazó un paralelismo directo con la crisis de diciembre de 2001, sugiriendo que la salida anticipada del actual Gobierno podría ser un «sacrificio» necesario.
Un paralelismo peligroso
Para la fiscalía, las palabras de Quintela no fueron un simple exabrupto en el calor de la charla, sino una manifestación que adquiere «gravedad institucional» por venir de quien ostenta la máxima autoridad de una provincia.
«Este gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027, si llegamos así llegamos con un país totalmente destruido».
Esa frase, sumada a la mención de los 39 muertos durante la caída de la Alianza y su posterior remate —«hay sacrificios que valen la pena» —, fue interpretada por Stornelli como una posible instigación a cometer delitos y una afectación directa al orden constitucional.
El encuadre legal
La denuncia es ambiciosa en su tipificación. Stornelli solicita que se investigue si Quintela incurrió en las figuras de:
- Instigación a cometer delitos (Art. 209 del Código Penal).
- Intimidación pública e incitación a la violencia colectiva (Arts. 211 y 212).
- Apología del crimen (Art. 213).
- Amenaza de sedición (Art. 226 bis).
En los pasillos de Comodoro Py, el movimiento de Stornelli se lee como un freno de mano judicial ante una retórica que, según el fiscal, busca «contextualizar la eventual adopción de medidas de significativa entidad» mediante la evocación de antecedentes históricos de conflictividad social.
Las medidas solicitadas
Como primer paso, la fiscalía pidió al juez interviniente que se incorpore como prueba el registro audiovisual de la entrevista y un recorte de la red social X (ex Twitter) que se volvió viral en las últimas horas. Además, Stornelli fue un paso más allá y solicitó que, una vez preservada la prueba, se cite a Quintela a declaración indagatoria.
«Planteé esto a mis colegas gobernadores y a los tres que conducen la CGT… tenemos que tomar decisiones, fuertes decisiones».
Esta revelación de Quintela sobre supuestas charlas con otros mandatarios y la cúpula sindical añade una capa de sospecha sobre una estrategia concertada, algo que la Justicia ahora deberá desmenuzar para determinar si se trata de «libertad de expresión» o de un plan sistemático para desestabilizar al Ejecutivo Nacional.
La denuncia
