El fiscal federal pidió la indagatoria del gobernador por «incitación a la violencia» tras sus dichos sobre la crisis de 2001. El gabinete riojano respondió con dureza: denunció una «persecución centralista» y lanzó ataques personales contra el entorno de los Menem.
La política argentina sumó un nuevo capítulo de alta tensión judicial y dialéctica. El fiscal federal Carlos Stornelli presentó este miércoles una denuncia penal contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, tras las polémicas declaraciones que el mandatario provincial realizó en una entrevista radial. En el escrito, la fiscalía acusa al riojano de delitos que van desde la incitación a la violencia colectiva hasta la amenaza de sedición.
Un paralelismo peligroso
El disparador fue una entrevista concedida por Quintela el pasado 23 de febrero al programa Mañana Sylvestre (Radio 10). Allí, el gobernador trazó un paralelismo directo con la crisis de diciembre de 2001 y sugirió que la salida anticipada del actual Gobierno podría ser un «sacrificio» necesario.
«Tuvimos 39 compañeros muertos, es cierto… pero hay sacrificios que valen la pena, porque si no vamos a tener un genocidio social enorme».
Para Stornelli, estas palabras adquieren una «gravedad institucional» extrema por venir de quien ostenta la máxima autoridad de una provincia. En su denuncia, el fiscal sostiene que los dichos podrían encuadrar en los delitos de instigación a cometer delitos (Art. 209), intimidación pública (Art. 211), apología del crimen (Art. 213) y amenaza de sedición (Art. 226 bis).
El gabinete riojano en «modo resistencia»
La respuesta del entorno de Quintela no se hizo esperar y apuntó contra lo que consideran una maniobra de disciplinamiento del «poder centralista». El secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, fue tajante: calificó la presentación como una «judicialización de la política disfrazada de defensa de la democracia».
Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Miguel Ángel Zárate, denunció una «persecución política en su máxima expresión» y acusó al oficialismo nacional de «escandalizarse» por el relato histórico mientras ignora la crisis social. En la misma línea, la diputada nacional Hilda «Beba» Aguirre de Soria advirtió que el avance judicial pone «en peligro la democracia» al intentar acallar a la oposición.
Guerra de linajes y ataques personales
El debate subió de tono cuando el ministro de Vivienda, Ariel Puy Soria, atacó el linaje de los referentes de La Libertad Avanza, vinculando a los padres y abuelos de Martín Menem y Gino Visconti con funciones durante la dictadura de Onganía.
- La acusación de Puy Soria: Afirmó que «traen en su sangre aquella época oscura» y los acusó de avalar un «genocidio social».
- La réplica libertaria: El exconcejal Javier Horacio Ruiz abandonó cualquier formalidad institucional y cruzó al ministro con acusaciones de índole privada, cuestionando sus viajes y su integridad personal.
Lo que viene
Stornelli ya solicitó formalmente que el juez reciba la declaración indagatoria de Quintela. Mientras el riojanismo se abroquela bajo la consigna de que «no lograrán callarnos», la Justicia deberá determinar si las palabras del gobernador fueron una advertencia política o una amenaza real al orden constitucional.
