El Boletín Oficial publicó la Ley 10.914 que ratifica el convenio entre la estatal ELARGAS y la constructora Hugo del Carmen Ojeda para gasificar el oeste riojano en ocho meses. La Provincia desembolsará seis cuotas de $500 millones, prendó en garantía la demanda judicial contra la Nación y aceptó una cláusula en UVA si Balcarce 50 no liquida los certificados adeudados.
La trastienda técnica y legal del gasoducto productivo quedó formalmente transparentada en los registros oficiales. En la edición del Boletín Oficial provincial de este martes, el Gobierno riojano promulgó la Ley N° 10.914, sancionada por la Cámara de Diputados, que ratifica el Decreto F.E.P. N° 1.556/26. La norma aprueba el acuerdo de reactivación celebrado entre la empresa estatal ELARGAS S.A.P.E.M. y la contratista mendocina Hugo del Carmen Ojeda S.A. (HCO) para concluir la segunda etapa del tendido Patquía-Chilecito, que cuenta con más del 93% de avance físico y se encontraba paralizada por el corte total de transferencias de la Casa Rosada.
El documento revela un rescate financiero de magnitud para evitar el deterioro de los 310 kilómetros de cañería de alta presión. Ante la negativa de la Secretaría de Energía nacional de pagar los desembolsos pendientes pactados en 2023, la administración de Ricardo Quintela resolvió intervenir directamente como garante y financiadora de la etapa final, comprometiendo fondos propios y asumiendo una abultada deuda consolidada para que el fluido llegue a Chilecito, Nonogasta y Vichigasta en un plazo de ocho meses.
El acuerdo con Ojeda y los $3.000 millones para reactivar las máquinas
Para destrabar la movilización de cuadrillas y equipos, la Provincia acordó un aporte directo a ELARGAS por un total de $3.000 millones, pagaderos en seis cuotas mensuales y consecutivas de $500 millones cada una. La primera cuota funcionará como anticipo financiero exigible para el reinicio formal de las tareas, mientras que las cinco restantes se liquidarán a cuenta del avance físico del 9,41% de obra pendiente hasta la planta reguladora de Chilecito.
El convenio establece que la empresa constructora sólo estará obligada a retomar los trabajos una vez que se verifique la acreditación del primer desembolso y la entrega formal de los materiales que ya estaban acopiados por ELARGAS.
Asimismo, la contratista se reservó el derecho de suspender las tareas de pleno derecho si se registra una demora superior a diez días en el pago de cualquiera de las cuotas, prorrogando automáticamente los plazos contractuales.
La Provincia como codeudora solidaria de $15.695 millones
La contrapartida más pesada del acuerdo para las cuentas públicas provinciales radica en el reconocimiento de la deuda histórica generada por la inflación y los retrasos en las certificaciones. A través de la ley ratificada, ELARGAS reconoció a favor de HCO una acreencia de $15.695.185.110,18 calculada a noviembre de 2025, correspondiente a los Certificados de Readecuaciones Finales N° 3 a 18 no liquidados.
La cláusula central del entendimiento estipula que la Provincia de La Rioja, en su condición de accionista mayoritaria de la empresa estatal con el 99,99% del capital, se constituye formalmente como codeudora solidaria de esos $15.695 millones.
La emisión de certificados y facturas se realizará a medida que la constructora perciba los fondos, manteniendo el esquema de redeterminación de precios original hasta la cancelación definitiva del pasivo.
La prenda judicial contra Nación y la cláusula en UVA a cinco años
Para garantizar el cobro de la deuda reconocida, la administración riojana constituyó a favor de la empresa contratista una prenda de créditos y una cesión en garantía de derechos litigiosos sobre la acción de amparo iniciada contra el Estado Nacional (Expediente FCB 18386/2024), en reclamo de los desembolsos N° 2 y N° 3 que el Ministerio de Economía de la Nación retuvo desde fines de 2023 por $3.750 millones históricos más actualización.
El acuerdo autoriza a los letrados de la empresa privada a intervenir como litisconsortes de la Provincia y a litigar contra Balcarce 50 con poder especial por diez años, afectando de manera irrevocable todo lo que se recupere en tribunales al pago de la deuda con HCO.
En caso de que la vía judicial no prospere en un plazo de cinco años, la Provincia quedó obligada a pactar una modalidad alternativa de cancelación en dinero o mediante la entrega de activos públicos valuados en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) más un interés del 4% anual, lo que al 1 de noviembre de 2025 representaba una base de 9.610.846 UVA.
La pulseada política con Balcarce 50 por el corte de cintas
La publicación de la Ley 10.914 le otorga respaldo documental a las denuncias que el secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, realizó horas antes sobre las presiones de la Casa Rosada. Desde el entorno quintelista sostienen que los funcionarios libertarios pretendían que la Provincia se apartara del proyecto para que la Nación completara el último tramo y capitalizara políticamente la inauguración.
Con el andamiaje legal completado por la Legislatura que comanda Teresita Madera y la firma de los ministros Fabián Blanco, Adolfo Scaglioni y Juan José Luna, la Casa de las Tejas decidió redoblar la apuesta: absorberá el financiamiento puente para prender la llama en Chilecito antes de mediados de 2027.
La jugada provincial busca asegurar la culminación de la obra más emblemática del valle productivo y exhibir gestión propia frente al repliegue federal, aun a costa de comprometer garantías fiscales millonarias para sortear el bloqueo de partidas de Balcarce 50.
El boletín
