El secretario de Derechos Humanos reveló que los ejercicios con disparos en pleno casco urbano estuvieron a cargo de la IV Brigada Aerotransportada de Córdoba sin consulta previa a la provincia. Advirtió sobre la vulneración de las leyes de Defensa y Seguridad Interior, al tiempo que confirmó el hallazgo de los restos de Juan Carlos Zulier Guillero en los enterramientos clandestinos de La Perla.

La incursión militar en el departamento Castro Barros sumó una grave denuncia de orden institucional y humanitario. El secretario de Derechos Humanos de La Rioja, Délfor «Pocho» Brizuela, repudió el despliegue de tropas del Ejército Argentino en las calles de Anillaco y zonas de Arauco, calificando las maniobras con armamento y detonaciones como «prácticas de amedrentamiento» que alteraron la paz social y violentaron el marco normativo vigente desde la recuperación democrática.

Brizuela reveló un dato clave sobre la autoría del operativo: los efectivos que simularon combates urbanos no pertenecían únicamente a las unidades locales, sino que respondían a la IV Brigada Aerotransportada con asiento en la provincia de Córdoba. El funcionario cuestionó que se hayan elegido pueblos tranquilos de la Costa riojana para ejecutar simulacros de guerra al mediodía, coincidiendo con la salida de los niños de los colegios y la actividad comercial cotidiana.

Tropas cordobesas en Anillaco y disparos en horario escolar

El titular del área provincial relató que el Gobierno riojano tomó conocimiento de las maniobras a través de los videos y alertas que los propios vecinos viralizaron en redes sociales. Detalló que las familias de Anillaco vivieron momentos de zozobra al escuchar detonaciones, gritos de combate y desplazamientos tácticos de soldados pertrechados con armas pesadas en las puertas de sus viviendas.

«Fue un atropello absoluto a una comunidad del interior. Mientras la gente almorzaba en sus casas, se sintieron disparos y voces de mando en plena calle; no hubo una difusión efectiva ni un aviso previo que informara a los pobladores sobre semejante despliegue», denunció Brizuela.

El funcionario remarcó que un mero aviso administrativo emitido a último momento por la policía regional de Arauco y Castro Barros no convalida la ocupación de los espacios públicos para maniobras bélicas, subrayando que la autonomía provincial y municipal fue ignorada por los mandos militares.

La violación a las leyes de Defensa y el avance del protocolo antiterrorista

Para la Secretaría de Derechos Humanos, el episodio no constituye un hecho aislado sino un síntoma de un cambio de doctrina castrense impulsado por la gestión de Javier Milei. Brizuela advirtió que estos ejercicios avanzan al margen de los límites establecidos por la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa Nacional, que prohíben taxativamente la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de orden y control sobre la población civil.

En ese sentido, vinculó las maniobras costeñas con las modificaciones introducidas por el Decreto 70/2023, la implementación de protocolos antiterroristas por parte del Ministerio de Seguridad nacional y el debate parlamentario de la denominada «Ley de Soberanía», que habilita al Poder Ejecutivo a crear consejos de seguridad con facultades de espionaje y control interno sin intervención del Congreso.

«Tememos que se trate de un manual de acción similar al que se aplica en otros países de la región para mostrar poderío y disciplinar a las comunidades locales; son ensayos que vulneran consensos democráticos fundamentales», alertó el dirigente.

Desmantelamiento nacional y falta de interlocución oficial

Brizuela explicó las dificultades que enfrentan los estados provinciales para pedir explicaciones o canalizar quejas ante los mandos castrenses. Denunció que el Gobierno nacional desarticuló las direcciones de derechos humanos que históricamente funcionaban dentro del Ministerio de Defensa y en las Fuerzas Armadas, suprimiendo los canales de diálogo político con las provincias.

«Las unidades del Ejército no se subordinan a las autoridades provinciales y hoy no existe ningún área nacional con la cual interlocutar para exigir explicaciones. Este vaciamiento institucional deja a las comunidades desprotegidas ante la discrecionalidad militar», señaló.

El secretario de Estado remarcó que cualquier instrucción futura deberá contar con el consentimiento expreso de las autoridades locales y el conocimiento previo de los vecinos, advirtiendo que la Secretaría elevará los antecedentes a los organismos correspondientes para frenar nuevos simulacros urbanos.

La Perla: identificaron los restos del riojano Juan Carlos Zulier Guillero

En el tramo final del reportaje, Brizuela confirmó una noticia de trascendencia histórica en materia de memoria, verdad y justicia: la identificación genética de los restos óseos de Juan Carlos Zulier Guillero, uno de los 51 ciudadanos riojanos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.

El hallazgo se produjo en el marco de la causa judicial que investiga los enterramientos clandestinos en la fosa común conocida como «Loma del Torito», dentro del predio del ex centro clandestino de detención La Perla, bajo la instrucción del juez federal Hugo Vaca Narvaja y con la labor científica del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Su hermano Luis, en tanto, continúa en condición de desaparecido.

Brizuela remarcó que el hallazgo forma parte de un lote de ocho perfiles genéticos recuperados gracias al financiamiento del gobierno y municipios de la provincia de Córdoba, ante el retiro de fondos dispuesto por la administración nacional. «Esto abre una enorme esperanza para las familias de los desaparecidos del Tercer Cuerpo de Ejército; instamos a los parientes en La Rioja y la región a donar muestras de sangre para avanzar en la identificación de los restos que aún esperan justicia», concluyó.