El subsecretario de Derechos Humanos confirmó el hallazgo de víctimas de la dictadura que no figuraban en los registros oficiales y fustigó el negacionismo de la Casa Rosada. Alertó sobre el retorno de la Doctrina de la Seguridad Nacional y reprochó a los sectores del peronismo convertidos en «estructuras del establishment».

La política de memoria, verdad y justicia sumó un hecho de fuerte impacto histórico y político en la provincia. El subsecretario de Derechos Humanos de La Rioja, Délfor «Pocho» Brizuela, confirmó que los equipos de investigación de su área lograron identificar formalmente a tres nuevos riojanos detenidos-desaparecidos durante el terrorismo de Estado que no estaban incorporados en las nóminas oficiales históricas, desarticulando los discursos que buscan relativizar el alcance de la represión militar.

«Nosotros trabajamos desde hace tiempo en el registro de desaparecidos y desaparecidas riojanas. En estos dos últimos años pudimos encontrar a tres nuevos comprovincianos que no estaban registrados en ningún lado y que aparecieron a través de sus documentos de identidad, logrando conectarnos con sus familias», reveló el funcionario del área de Derechos Humanos provincial.

Negacionismo oficial y el retorno de la Seguridad Nacional

Brizuela vinculó este hallazgo con la disputa discursiva que sostiene frente a los posicionamientos del gobierno nacional. «Más que negacionismo, lo que vemos en las nuevas derechas que gobiernan el país es una reivindicación abierta de la dictadura. Con la discusión de los números buscan que la sociedad olvide y justifique un terrorismo estatal que tuvo como fin frenar los procesos de emancipación popular», advirtió.

En su diagnóstico, el exreligioso alertó sobre la reactivación de prácticas represivas amparadas en la Doctrina de la Seguridad Nacional. Cuestionó la tendencia de la Casa Rosada a tipificar penalmente como terroristas a los pueblos originarios que defienden sus territorios ancestrales, a las corrientes migratorias o a los ciudadanos que se movilizan frente a la pérdida de empleos: «Se busca criminalizar la protesta social y encontrar cualquier argumento legal para descalificar a quienes defienden la justicia social».

«Un cipayo que deshonra a Malvinas»: duras críticas a Milei

En uno de los tramos más severos de su alocución, el funcionario apuntó contra la política exterior del presidente Javier Milei y sus elogios explícitos a líderes británicos. «Es una barbaridad tener que tolerar que un presidente elogie a Margaret Thatcher, quien fue la verduga de nuestro pueblo y la responsable del crimen de guerra en el hundimiento del crucero General Belgrano», disparó.

Brizuela definió al jefe de Estado como un gobernante «apátrida que deshonra la memoria de los soldados de 18 años que pusieron el cuerpo en las islas». Asimismo, extendió sus cuestionamientos a la cúpula del Poder Judicial de la Nación, acusando a los magistrados de reproducir históricamente los intereses hegemónicos de los sectores concentrados desde las épocas en que el mitrismo perseguía a los caudillos federales del interior.

Autocrítica hacia el peronismo y el respaldo a Palestina

El subsecretario no eludió la mirada interna sobre el justicialismo y advirtió sobre la pérdida de mística transformadora en ciertos sectores de la dirigencia partidaria. «Lo que históricamente fue un movimiento revolucionario muchas veces se transforma en una estructura del establishment, en una élite que mira para otro lado», reflexionó, señalando la tibieza de algunos dirigentes locales ante causas humanitarias complejas.

En ese sentido, Brizuela recordó que la inauguración de la Plaza Palestina por la Paz en la Capital contó con el respaldo explícito del gobernador Ricardo Quintela, mientras otros referentes del espacio evitaron pronunciarse: «No podemos levantar la voz para reivindicar a los 30.000 compañeros y a las Madres de Plaza de Mayo y callarnos frente al genocidio en Medio Oriente». El funcionario ratificó que la entrega anual de los premios Enrique Angelelli en Buenos Aires continuará funcionando como una tribuna para enlazar la memoria provincial con la defensa irrenunciable de los derechos humanos.