El secretario general de la Gobernación denunció que Balcarce 50 busca marginar a la Provincia del corte de cintas en Chilecito tras haber financiado el 97% de la traza. Confirmó que Martín Yoma pica en punta para suceder a Miguel Zárate en la cartera de Seguridad, admitió requerimientos del Banco Central para liquidar los Chachos y cuestionó las maniobras militares en Anillaco.

El secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, dejó definiciones de alto voltaje político e institucional sobre los frentes abiertos que mantiene la administración de Ricardo Quintela con la Casa Rosada. En declaraciones radiales, el funcionario expuso la trastienda de las negociaciones por la culminación del gasoducto productivo a Chilecito, confirmó los cambios en el gabinete provincial tras la designación de Miguel Zárate como fiscal general y reveló que las exigencias del Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleraron el final definitivo de los Chachos.

El tramo más áspero de su balance apuntó a la obra estratégica de 310 kilómetros que unirá la red troncal con el oeste provincial, un tendido que demandó una inversión acumulada de USD 140 millones solventada en su casi totalidad por las arcas riojanas. Herrera denunció que el Gobierno nacional pretende adueñarse del crédito político de la obra a cambio de saldar la última redeterminación de precios.

La pulseada con Balcarce 50 y la charla con Martín Menem

Para concluir el 3% restante del gasoducto, la empresa contratista debe percibir un certificado pendiente que, tras las actualizaciones por inflación, supera los $10.000 millones a cargo del tesoro nacional. Por su parte, la Legislatura riojana ya aprobó una ley que faculta al Ejecutivo a desembolsar $3.000 millones mediante empresas estatales para financiar el tramo final. Sin embargo, la negociación se trabó por una exigencia política de los funcionarios de Javier Milei.

«El Gobierno nacional nos pidió que nos corramos de la obra. No nos podemos correr de un proyecto que ejecutamos en un 97% con el esfuerzo de todos los riojanos para que ellos vengan a inaugurarlo solos», disparó Herrera. El secretario general reveló que abordó este conflicto en conversaciones directas con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, a quien le reclamó una mirada institucional por encima de las mezquindades partidarias.

Herrera comparó la situación con el nudo vial de El Chacho en la Capital, donde la Nación financió tramos finales pero la obra quedó para el beneficio colectivo. Bajo esa misma lógica, advirtió que la Provincia no cederá su protagonismo en el gasoducto y reclamó que Balcarce 50 reactive además los 16 kilómetros pendientes en el paso internacional de Pircas Negras y las obras viales de alta montaña entre Chilecito y la Capital.

Martín Yoma al frente de Seguridad tras la salida de Zárate

En el plano del reordenamiento interno, Herrera confirmó que la vacante producida en el Ministerio de Seguridad ya tiene un candidato casi definido. Con la designación formal de Miguel Zárate como nuevo fiscal general de la provincia aprobada por la Cámara de Diputados y a la espera de la jura ante el Tribunal Superior de Justicia, el gobernador Ricardo Quintela formalizará la sucesión en los próximos días.

«El nombre que suena con mayor fuerza para asumir en el gabinete es el del doctor Martín Yoma», confirmó el funcionario provincial, anticipando que los anuncios oficiales se concretarán la semana próxima. El recambio busca darle continuidad operativa al área de prevención y coordinación policial en medio de las fricciones crecientes por la seguridad ciudadana y los operativos en el interior.

La llegada de Yoma apunta a sostener el control político sobre las fuerzas de seguridad en una etapa donde la conflictividad social demanda un manejo articulado entre los mandos policiales y las directivas de la Casa de las Tejas.

Tropas en Anillaco: zozobra vecinal y reproche al Ejército

Herrera también se refirió al revuelo generado en el departamento Castro Barros por la presencia de tropas del Ejército Argentino realizando ejercicios tácticos con detonaciones en pleno casco urbano de Anillaco. El despliegue de los efectivos pertenecientes a los regimientos de La Rioja y Catamarca despertó alarma entre los pobladores y motivó la intervención de la diputada nacional Gabriela Pedrali ante el Ministerio de Defensa de la Nación.

Si bien el funcionario reconoció que las fuerzas armadas habían notificado maniobras generales de adiestramiento en territorio provincial, remarcó que jamás estuvo contemplado ni autorizado que los simulacros se ejecutaran dentro de los barrios residenciales. «Hubo un exceso que generó zozobra en los vecinos; instruimos al jefe de Policía y al Ministerio de Seguridad para dialogar con las autoridades militares y evitar que se repitan situaciones no previstas», enfatizó.

El secretario general buscó bajar el tono al incidente para evitar una escalada con la guarnición militar local, pero subrayó que el Estado provincial tiene la responsabilidad indelegable de velar por la tranquilidad pública e insistió en que cualquier acción futura deberá contar con el aviso previo a los municipios y a la comunidad.

Intimación del Banco Central y el corte definitivo de los Chachos

Por último, Herrera ratificó que el cronograma de rescate de los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE) no tendrá vuelta atrás. Noviembre marcará la última emisión en los recibos de sueldo estatales y en diciembre se ejecutará el rescate del 100% de los papeles circulantes. Detrás de la decisión oficial no sólo pesó el límite temporal de la ley provincial, sino una advertencia directa del Banco Central.

El secretario de la Gobernación admitió que el organismo monetario que conduce Santiago Bausili remitió requerimientos formales exigiendo el cumplimiento estricto del plazo de vencimiento. La prórroga del instrumento hacia 2027 hubiera colocado al bono bajo la tipificación legal de cuasimoneda, exponiendo a la administración provincial a sanciones y conflictos regulatorios de gravedad.

«Cumplimos con las respuestas al Banco Central y vamos a ser responsables: el Chacho fue una herramienta de corto plazo para defender el comercio barrial, pero el 31 de diciembre concluye su ciclo para no chocar con las normativas federales», concluyó Herrera, cerrando cualquier especulación sobre la continuidad del papel riojano.