La Comisión de Acuerdos convocó a audiencia pública para el 18 de noviembre a la abogada María Julieta Ibáñez Arrieta, propuesta por el Ejecutivo Nacional. La designación cubrirá una vacante institucional clave en el fuero federal de la provincia para patrocinar de forma gratuita a damnificados por delitos complejos, narcotráfico y trata de personas.
El Senado de la Nación reactivó el circuito de designaciones judiciales para los tribunales del interior. A través de la Secretaría Parlamentaria conducida por Agustín Giustinian, la Cámara alta formalizó la convocatoria a audiencia pública para el próximo miércoles 18 de noviembre, con el objetivo de tratar el pliego de la abogada María Julieta Ibáñez Arrieta, postulada por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Mensaje N° 266/26 (Expediente PE-292/26) para asumir como Defensora Pública de Víctima con asiento en la provincia de La Rioja.
La audiencia se celebrará a partir de las 10:00 en el Salón Azul del Palacio del Congreso. En los términos del reglamento de la Cámara de Senadores, se habilitó un período de observaciones ciudadanas e impugnaciones entre el 3 y el 9 de noviembre, donde entidades profesionales, organismos civiles y particulares podrán evaluar los antecedentes éticos y funcionales de la aspirante antes del dictamen vinculante en la Comisión de Acuerdos.
Audiencia pública en el Salón Azul y período de observaciones
El trámite parlamentario representa el último paso institucional antes del tratamiento en el recinto. La Comisión de Acuerdos evaluará el examen técnico, los antecedentes en el Ministerio Público de la Defensa y las respuestas de Ibáñez Arrieta ante las preguntas de los senadores de las distintas bancadas políticas.
Los interesados en formular observaciones o adhesiones podrán hacerlo de manera digital a través del sitio oficial del Senado o de forma presencial en las oficinas de la comisión en Buenos Aires. Concluido ese plazo, el cuerpo legislativo quedará habilitado para emitir dictamen y girar la propuesta a la sesión ordinaria para su convalidación por mayoría absoluta.
La cobertura del cargo adquiere relevancia en una jurisdicción donde las vacantes de magistrados y funcionarios de ley en los estrados federales de la calle Joaquín V. González arrastran años de demoras administrativas.
El rol institucional: patrocinio a víctimas de delitos federales
La Defensoría Pública de Víctima fue creada a partir de la sanción de la Ley 27.372 (Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos), orientada a garantizar representación jurídica gratuita y asistencia integral a quienes sufren ilícitos de competencia federal.
En la práctica tribunalicia de La Rioja, el nuevo despacho tendrá a su cargo el patrocinio activo y la contención psicológica y legal en causas complejas de trata de personas, explotación laboral, narcotráfico, secuestros extorsivos, contrabando y violaciones a los derechos humanos, interviniendo tanto en la etapa de instrucción del Juzgado Federal como en los juicios orales ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF).
Hasta el momento, los damnificados en causas federales riojanas debían litigar mediante defensores oficiales coadyuvantes o requerir asistencias especiales de dependencias regionales, por lo que la radicación efectiva de una titular con acuerdo senatorial completará el organigrama del Ministerio Público de la Defensa conducido por Stella Maris Martínez.
El tablero del Senado y la rosca judicial riojana
La tramitación del pliego de Ibáñez Arrieta se cruza con las disputas abiertas por el control y fiscalización del Poder Judicial de la Nación. En el Senado, la representación riojana se encuentra dividida entre el libertario Juan Carlos Pagotto —una de las espadas jurídicas del oficialismo de Javier Milei en la Cámara alta— y los justicialistas Florencia López y Fernando Rejal, este último recientemente incorporado a la bancada peronista que comanda José Mayans.
El debate por los acuerdos judiciales cobra especial notoriedad en La Rioja, donde el fuero federal quedó bajo la lupa pública tras las repercusiones del caso del camarista Jorge Chamía y el juez electoral Daniel Herrera Piedrabuena.
Con la fecha fijada para el 18 de noviembre, la dirigencia política provincial seguirá de cerca el examen en la Comisión de Acuerdos, en un escenario donde cada nombramiento en los tribunales federales incide de manera directa en el equilibrio de fuerzas institucionales de la provincia.
