La diputada provincial Lourdes Ortiz lanzó una durísima contraofensiva frente a la presentación judicial del fiscal federal; acusó una maniobra de la “casta judicial” coordinada con “operaciones mediáticas”.
La denuncia del fiscal federal Carlos Stornelli contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, por presunta incitación a la violencia, desató una tempestad política en la provincia. La respuesta del riojanismo no se hizo esperar y llegó con una virulencia dialéctica que apunta directamente a la legitimidad del representante del Ministerio Público Fiscal.
La encargada de encabezar el contraataque fue la diputada provincial Lourdes Ortiz, una de las espadas legislativas más cercanas al mandatario. Sin eufemismos, la legisladora calificó al fiscal de «delincuente» y enmarcó su actuación en un plan sistemático de hostigamiento contra los gobernadores opositores al presidente Javier Milei.
“Un delincuente imputado por extorsión y asociación ilícita, salvado por la misma casta judicial, actúa de oficio en defensa del orden constitucional”.
La teoría de la «operación coordinada»
Para el oficialismo riojano, la celeridad con la que actuó Stornelli tras las declaraciones de Quintela sobre la «asfixia económica» de las provincias no es casual. Ortiz denunció la existencia de un mecanismo que combina expedientes judiciales con lo que denominó «operaciones mediáticas de los ensobrados».
Según la visión de la diputada, el fiscal —a quien vinculó con causas de coimas y armado de expedientes— carece de autoridad moral para intervenir en defensa de la institucionalidad. En el entorno del gobernador sostienen que estas denuncias son el «manual» de un sector de la justicia que busca disciplinar políticamente a través de los tribunales de Comodoro Py.
«La casta judicial» y el conflicto federal
El cruce se produce en un contexto de máxima fragilidad en la relación entre La Rioja y la Casa Rosada, marcada por el recorte de fondos y la judicialización de los recursos coparticipables. Ortiz fue tajante al definir al sector del Poder Judicial que interviene en estas causas como una pieza clave del deterioro institucional del país.
- El blanco del ataque: El oficialismo provincial reflota los procesamientos previos de Stornelli para invalidar su denuncia actual.
- El trasfondo: Ven una maniobra de «extorsión» para silenciar las críticas de Quintela al ajuste nacional.
- El calificativo: La dirigencia riojana cerró filas bajo una definición lapidaria sobre el sistema judicial federal.
“Son de manual. Son la podredumbre de la Argentina”.
Un cierre de filas total
La reacción de Ortiz no es un hecho aislado. Se suma a las expresiones de la vicegobernadora Teresita Madera y de la senadora Florencia López, configurando un blindaje político total sobre la figura de Quintela. La estrategia del riojanismo es clara: desconocer la validez de la denuncia de Stornelli y trasladar la discusión al terreno de la «persecución política» para evitar que el gobernador deba dar explicaciones ante la justicia federal por sus dichos.
La batalla por la narrativa de la «gobernabilidad» sumó así un nuevo e incendiario capítulo, donde las instituciones parecen ser el campo de batalla de una guerra de trincheras que no conoce de protocolos.
