Tras la presentación del fiscal Carlos Stornelli, ministros y legisladores alineados con el gobernador de La Rioja salieron a blindar su figura. Acusan al oficialismo nacional de «escandalizarse» por el relato histórico mientras ignoran la crisis social.
La política argentina se encamina a un nuevo conflicto de poderes con epicentro en el federalismo. La denuncia penal presentada por el fiscal federal Carlos Stornelli contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela , por presunta incitación a la violencia colectiva y amenaza de sedición, generó una reacción en cadena en el Noroeste Argentino. Lo que en Comodoro Py se lee como un posible delito de acción pública, en la capital riojana es calificado como el inicio de una ofensiva judicial para disciplinar a las voces opositoras.
La ofensiva judicial: el factor Stornelli
El escrito del fiscal federal es taxativo. Se basa en las declaraciones de Quintela del pasado 23 de febrero en el programa Mañana Sylvestre, donde el mandatario provincial advirtió que el actual gobierno «no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027» y evocó la crisis de 2001 señalando que «hay sacrificios que valen la pena».
Para Stornelli, estas expresiones no son inocuas:
- Gravedad institucional: El fiscal sostiene que los dichos adquieren mayor relevancia por tratarse de un funcionario público en ejercicio.
- Posibles delitos: La denuncia encuadra los hechos en figuras como la apología del crimen e intimidación pública.
- Pedido de indagatoria: Stornelli solicitó formalmente que el juez interviniente reciba declaración indagatoria a Quintela.
El gabinete provincial sale al cruce
La respuesta más técnica y política desde el Ejecutivo riojano llegó de la mano de Miguel Ángel Zárate, ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de la provincia. El funcionario no dudó en encuadrar el movimiento judicial como una maniobra de censura.
«Cuando se judicializa la posición de un gobernador en contra del poder centralista, claramente hablamos de persecución política en su máxima expresión», sentenció Zárate.
El ministro arremetió contra los sectores oficialistas, a quienes acusó de tener «miedo de que el pueblo recupere la fuerza para defenderse», y trazó una cruda radiografía de la gestión nacional, mencionando a los «300.000 trabajadores en la calle» y el cierre de miles de empresas.
Blindaje legislativo y territorial
Al coro de defensa se sumaron piezas clave del armado quintelista. La diputada nacional Hilda «Beba» Aguirre de Soria calificó la denuncia como un «ataque a la voz de la oposición», mientras que el intendente de la capital riojana, Armando Molina, optó por un tono más beligerante.
Molina no solo defendió la «memoria» histórica de la provincia, sino que cruzó directamente a la dirigencia libertaria:
- Hegemonía y silencio: Sostuvo que pretenden «hegemonizar el poder acallando a quienes piensan distinto».
- Dureza dialéctica: Tildó de «gorila» al oficialismo nacional tras las críticas recibidas por la postura de Quintela.
Lo que viene: ¿Libertad de expresión o sedición?
El caso plantea un debate jurídico de fondo sobre los límites de la crítica política en contextos de crisis. Mientras Stornelli busca preservar los registros audiovisuales de la entrevista como prueba de una posible instigación, el peronismo riojano se abroquela bajo la consigna de que «la democracia es nuestra bandera y no lograrán callarnos».
La Justicia deberá determinar ahora si las palabras del gobernador fueron una advertencia política sobre el clima social o si, como sostiene el fiscal, constituyen una amenaza real al orden constitucional.
